La Legislatura santafesina transita una semana de súper rosca que tendrá su momento cúlmine el jueves próximo, a las 13, cuando el timbre llame a los legisladores y legisladoras a la Asamblea en la que decidirán si aprueban o no los pliegos que envió el gobernador Omar Perotti para renovar las autoridades superiores en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal. La agenda es súper apretada y promete ser una demostración de unidad del naciente frente de frentes opositor. Se inició este martes cuando dieron su informe anual final Jorge Baclini y Jaquelina Balangione, jefe y jefa del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública provincial respectivamente. Tras seis años de conducción, sus mandatos vencen el 20 de abril.
Miércoles a la mañana se realizarán las entrevistas a los candidatos a sucederlos y a los fiscales y defensores regionales en la comisión bicameral de Acuerdos. Por la tarde, a las 14, se activará la comisión de Seguridad de Diputados, que intentará pulir un dictamen de Ley de Emergencia para el área con profundas modificaciones sobre la media sanción que llegó del del Senado.
El trabajo de ambas comisiones se cruza en varios puntos y uno es clave: la letra del proyecto de emergencia aprobado en la Cámara alta no renueva la Emergencia para el MPA, que también demanda fondos e inversión para atender mejor la crisis de seguridad que vive la provincia, y en especial Rosario. De máxima, la primera comisión espera terminar con todas las entrevistas antes del mediodía, y la segunda tener listo el dictamen para que pueda ser discutido en la sesión extraordinaria del jueves, tras la Asamblea. Y en ambos casos, salir con una votación unificada del frente de frentes que tiene holgada mayoría en la Cámara baja.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada Socialista Lionella Cattalini, dará inicio este miércoles a las 9, en la Cámara baja y a puertas cerradas para el público, a las entrevistas a los titulares de los pliegos que envió el gobernador Omar Perotti. Las preguntas solo las harán los integrantes de la comisión de Acuerdos aunque el resto de los legisladores puede participar. Los 15 minutos de audiencia que tendrá cada postulante serán decisivos para despejar, de primera mano dudas y cuestionamientos sobre trayectorias y perfiles. El cronograma arranca con María Cecilia Vranicich, candidata a Fiscal General; siguen para la Fiscalía Regional de Santa Fe, Jorge Nessier; para la Fiscalía Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren; para la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, el Matías Merlo; para la Fiscalía Regional de Reconquista, Rubén Martínez; para la Fiscalía Regional de Rafaela, Orlando Toniolo y por último, a las 10.45, le tocará a Leandro Mai, propuesto para el cargo de auditor del MPA. Para la Defensoría Provincial, a las 11 está convocada Estrella Moreno Robinson; para la regional Santa Fe, Jorge Miró; para Rosario, Gonzalo Armas; para Reconquista, María Lapissonde; y para Rafaela, Carlos María Flores Zanella, que cerrará la jornada a las 12.
Todos llegan a las entrevistas con una última ficha a su favor: ayer al mediodía vencieron los plazos para las impugnaciones y no se presentó ninguna. Desde el día en que se conocieron los nombres propuestos por el gobernador se supo que había consensos mayoritarios, con excepción de dos nombres sobre los que se generaron algunos ruidos: el propuesto como defensor general de Rosario, Gustavo Armas, y el candidato para ocupar la Fiscalía Regional de Rafaela, Orlando Toniolo.
En el caso de Armas, como contó Letra P las dudas se sustentan en sus vínculos con el equipo que condujo el exministro de Seguridad Marcelo Sain y una presunta militancia política en el peronismo, pero además, los legisladores y las legisladoras quieren asegurarse de que tenga una conducción que acompañe las medidas y decisiones de persecución penal que tome el Estado en sus distintos estamentos, en materia de Seguridad: “Su trabajo es garantizar los derechos de los acusados, no pueden obstruir el trabajo del Estado en el combate del crimen y la inseguridad. Si tomamos decisiones y luego cuando llegan a la audiencia te las tumba el defensor, nada de lo que hagamos va a tener sentido”, dice un integrante de la comisión. En el caso de Toniolo, el foco está puesto en el recorrido que tuvo. Primero fue policía, luego defensor en Reconquista y ahora, si se aprueba su pliego, sería fiscal regional. “Hay un salto de un escritorio a otro que llama mucho la atención”, resumieron desde la comisión.
A las 14 del miércoles será el turno de la Comisión de Seguridad, presidida por el radical pullarista Juan Cruz Cándido, de pasar el lápiz rojo al dictamen de minoría que llegó desde el Senado sobre la Ley de Emergencia en Seguridad. Quienes siguen las negociaciones en detalle adelantan que no viene con contratiempos y que los equipos técnicos de la UCR y el PS están trabajando en conjunto sobre el contenido. Hay cuatro cuestiones prioritarias: la primera es respecto de los plazos de la Emergencia, el proyecto enviado por el gobernador establece que dure hasta el 31 de diciembre 2023, y los senadores peronistas le agregaron una prórroga posible de ocho meses. En la Cámara baja quieren extenderlo al menos hasta 2025. También piden incorporar al MPA en la renovación de la ley para asegurarle recursos. En este sentido, cuestionan al Ejecutivo porque el Organismo de Investigaciones (el equivalente a una policía judicial y que depende del MPA) fue la única área que hizo en tiempo y forma una rendición sobre cómo utilizó los recursos de emergencia de 2022 y sin embargo no fue incluido en el nuevo proyecto. Los otros dos puntos importantes que quiere asegurarse la oposición son: garantizar el control legislativo de los recursos de la emergencia y el control de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad. Lo que no quedan dudas es que el dictamen que llegó del Senado sufrirá modificaciones, así que volverá a la Cámara alta.
