Con el libertario en rebeldía, la oposición discute en soledad la letra chica de la ley de leyes. El pedido de Bessent. ¿Puede haber un shutdown a lo yanqui?.
José Luis Espert y Javier Milei.
Javier Milei volvió contento de los Estados Unidos, desde donde detuvo una corrida cambiaria que amenazó con llevárselo puesto, con una promesa de fondos de Donald Trump y un truco para anticipar la liquidación de cereales. Pero en el frente interno, el Presidente tiene un desafío igual de preocupante que el de controlar las pizarras del dólar: manejar la gestión del Presupuesto.
En una de sus notas de festejo por haber engrosado las arcas del Banco Central cuando más lo necesitaba, Toto Caputo confesó que en las charlas en New York, el secretario de Estado Scott Bessent, nuevo padrino de la administración libertaria, le advirtió que, si el Congreso y los gobernadores siguen dándole la espalda a Milei, no hay plan financiero que perdure. Es sentido común, que por estas zonas a veces no se encuentra.
También es una cuestión de números: pase lo que pase en la elección de octubre, a partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá minoría en ambos recintos. Tampoco el electorado exhibirá un apoyo nacional cercano a los 45 puntos, la cifra mágica para una eventual reelección presidencial. Si el Presidente sigue definiendo gastos e ingresos sin preguntar al Parlamento, sus decisiones serán revertidas con leyes y fallos judiciales. La credibilidad de una gestión que no puede negociar su Presupuesto, es nula.
Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Martín Menem lo saben y sueñan con revertir la historia. Con charlas cotidianas, el trío trabaja en equipo y promete que para enero podrán recuperar la agenda legislativa, con reformas laborales y tributarias que en la Casa Rosada preparan desde hace meses.
Pero antes de esa fecha, LLA debe mostrar si es capaz de acordar con la oposición un presupuesto nacional o vuelve a patear el tablero para cantar victoria en las redes sociales. Catalán promete un premio a los gobernadores si ayudan, pero ya pocos le creen. El clima es otro: Si Milei no puede definir las partidas en el Congreso, la distribución de la recaudación empezará a discutirse cada semana en los recintos y en Tribunales. No hay gobierno que camine sobre ruedas con esa dinámica.
Tal vez influidos por las buenas noticias financieras de esta semana, los gobernadores pusieron un rebaje a la masacre parlamentaria. Este viernes, en los chats entre autoridades de bloque no fue posible organizar una sesión en Diputados para rechazar definitivamente el veto a la ley de ATN y empujar la sanción de una nueva distribución en las provincias de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
En el Senado, Milei deberá sufrir un poco más: el jueves, los representantes de todas las bancadas planean eliminar definitivamente los vetos a las leyes de presupuesto en universidades y a la emergencia en pediatría. José Mayans, jefe de UP, está dispuesto a avanzar con una ley para impedir la venta de Nucleoeléctrica.
Karina Milei volverá a estar en el ojo de la tormenta en ambas cámaras. El martes, la secretaria general de la Presidencia faltará otra vez a la comisión investigadora del caso $LIBRA. Si la Justicia obliga a traer por la fuerza a otros funcionarios que dejaron su silla vacía (Alejandro Melik, de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, del Ministerio de Justicia), El Jefe podría correr la misma suerte.
En el Senado, el miércoles se debatirán en comisiones proyectos para interpelar a Karina por el escándalo de la ANDIS. Puede respirar tranquila: si todavía no se aprobaron en el recinto, es porque no hay dos tercios para avanzar, una mayoría que se requiere en esa cámara. Entre las filas de exdialoguistas –radicales y partidos provinciales- no quieren empujar a Milei al abismo antes de las elecciones. Creen que hacen un mal negocio.
Con el nuevo rechazo a vetos presidenciales, el Gabinete reeditará la implosión que hubo con la insistencia en la ley de emergencia en Discapacidad. Milei resolvió recién el último lunes una maniobra para no implementar la norma, pero abrió potenciales frentes de batalla en los juzgados federales de todo el país.
Desesperada, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, convenció al Presidente de no judicializar el rechazo a un veto. Lo hubiera dejado en ridículo ante algún juez con ganas de matar el aburrimiento.
La abogada cercana a Santiago Caputo tampoco pudo lograr que Milei aceptara cumplir la ley: en la misma resolución de la promulgación, la suspendió y la devolvió al Congreso. Invocó la ley de ejecución presupuestaria, que, según cualquier constitucionalista, nada tiene que ver con el proceso legal de formación de una norma, detallado en la carta magna.
“Es la única forma que hubo de que Javier entendiera que no puede judicializar una ley que no quiere cumplir. Que vayan a la justicia ellos. No nosotros”, era el consuelo de legisladores que pisan seguido la Casa Rosada.
La oposición reaccionó rápido a la creatividad de Ibarzábal Murphy para ignorar una ley: Oscar Carreño (Encuentro Federal) presentó una moción de censura contra Guillermo Francos, una herramienta incluida en la Constitución que permite echarlo si no logra fundamentar en el recinto porque no aplica la emergencia en Discapacidad.
Recién después, Unión por la Patria presentó en ambas cámaras iniciativas para desplazar al ministro coordinador, aunque tampoco aceleró el debate. El radicalismo –el oficial y el blue- metió un rebaje: sostiene que echar a Francos victimiza al Gobierno, pone al Congreso como golpista y ni siquiera garantiza cumplir la ley, una pelea que tiene como ring la Justicia.
La opción que más consenso tiene entre la oposición es la de una interpelación al jefe de Gabinete para que deje las huellas de un presunto delito, como es no cumplir una ley, que investiga el juez Sebastián Casanello, a partir de una denuncia del diputado Esteban Paulón.
Francos está jugado y lo sabe. Las organizaciones vinculadas a Discapacidad, que recorren el Congreso a diario, preparan amparos y denuncias penales en juzgados federales de todo el país. Los constitucionalistas libran una carrera por conseguir el primer fallo contra el Gobierno, confiados en que la resolución publicada en el Boletín Oficial no pasa un test legal de un estudiante de Derecho.
Entre los letrados hay información robusta para acorralar al jefe de Gabinete. Registraron que este año hizo más de 20 reasignaciones de partidas sin pedir autorización al Congreso. En sus incursiones mediáticas, Francos dijo no tener chances de revisar esas decisiones para girar plata a Discapacidad y al menos empezar a cumplir con la ley de emergencia.
El trío de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantzy y Ricardo Lorenzetti), enfrentado a Milei tras verlo como intentó sin éxito sumar jueces propios para acorralarlos, compró pochoclos. Por las pensiones en discapacidad, hay dos pedidos de intervención ante el máximo tribunal de gobernadores que son aliados en los papales: Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Podrían sumarse más.
La historia volverá a repetirse con las leyes de presupuesto universitario y emergencia en pediatría: si Milei no las cumple, los juzgados federales se inundarán de amparos. Los abogados que dan clases en casas de altos estudios ensayan redacciones. Están ansiosos por salir a la cancha.
El Presidente y su equipo económico ignoran esta avalancha judicial, que hace imposible discutir con seriedad el Presupuesto 2026. Los funcionarios de Trump le explican a Milei que, sin consenso legislativo, no hay chances de que baje el riesgo país.
El tratamiento de la ley de leyes en la cámara baja sigue el miércoles con la visita de Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y el único entrenado en Economía para enfrentar al Congreso, aunque Pablo Quirno (secretario de Finanzas) suele desenvolverse bien.
Caputo no quiere pisar el parlamento y esa decisión puede complicar el debate. Si es cierto que Besset le recomendó respetar la división de poderes, debería saber dónde está parado.
La mayoría opositora, este año, no permitirá que se vuelva a reconducir el Presupuesto 2023 para que Milei pueda reasignar partidas a su gusto, sin al menos un debate en el recinto. Como sea, tratarán el proyecto en Diputados antes del 20 de noviembre.
La gestión del Presupuesto se convirtió en el mayor problema para Milei, aunque tal vez se niega a verlo. Será lo que determine si el plan financiero se sostiene, con o sin martingalas.
Asesorado por Caputo (en este caso, Santiago), el Presidente se entusiasma con congelar el debate en el Senado si en diciembre no llama a extraordinarias con el Presupuesto en carpeta, como hizo el año pasado. Pero esta vez le saldrá caro ignorar al Congreso en la definición de gastos e ingresos, o tal vez ni siquiera pueda hacerlo, sin sufrir otra avalancha de leyes adversas y denuncias por incumplimientos de funcionario público.
La oposición se unió en esa resistencia. A las rabietas del kirchnerismo se le sumará un pedido de los gobernadores, que demostraron no estar dispuestos a ceder sus recursos ni a pagar el costo de ajustes a sectores sensibles.
A través de Nicolás Massot (Encuentro Federal), los mandatarios pidieron exponer en el debate en comisiones para pedir obra pública. Catalán promete alinear a los mandatarios con premios antes de la votación. El flamante ministro del Interior intentó frenar los vetos y le fue mal, porque los gobernadores hacen otras cuentas: ceder fondos ante un Presidente que no tiene garantizada la reelección no es el mejor negocio. Sólo prometen, de a ratos, regular los castigos. La cancha ya no es la de hace un año.
Los escenarios son complejos: si Milei quiere volver a reconducir el presupuesto viejo para mover a las partidas a su antojo, la oposición, aun con la mejor elección libertaria, podrá juntar una mayoría en marzo –cuando retornen las sesiones ordinarias- y votar nuevas asignaciones de partidas. Volvería el juego de los vetos, un desgaste para el Gobierno. ¿La suerte de la gestión se basa en tener un tercio en alguna cámara? Sería un hilo muy delgado. Demasiado.
En paralelo, si no hay presupuesto sancionado, Francos recibirá demandas judiciales cotidianas de personas damnificadas por no cumplir con leyes (Discapacidad, Universidades y emergencia en Pediatría). No le será fácil responderlas si gira plata a otras áreas, como Seguridad, favorecida con una nueva estructura de la policía federal. Bessent parece tener claro el panorama y por eso demoró la ayuda financiera para después de las elecciones. Milei debería saberlo: el secretario del Tesoro no sólo mirará los resultados de las urnas.
El relato libertario confunde a los propios: no hay leyes que pidan expresamente imprimir plata, sino que exigen cambiar partidas de lugar y –sobre todo- revisar reasignaciones inconsultas. Los textos de las leyes cuestionadas por Milei lo dicen con claridad. Los juristas que asesoran a la oposición entienden que si el propio Gobierno boicotea la sanción del Presupuesto, se quedará sin excusas para el desacato.
La decisión de la oposición de no permitirle a Milei manejar a gusto el Presupuesto es simultánea a la gran batalla libertaria en Diputados: el debate del proyecto que restringe el uso de decretos, aprobado en el Senado.
El martes deberá haber dictamen en Diputados y, si prospera el texto de la cámara alta, el Presidente no podrá legislar sin el Congreso, ni siquiera para reasignar partidas. Traducido: sin negociar con la oposición, Milei sufrirá un shutdown legislativo, como se conoce a la acción que aplica el capitolio de Estados Unidos para cerrar áreas del Poder Ejecutivo si no se aprueba el Presupuesto.
Hay proyectos para imitar esas acciones presentados por los diputados santafesinos Paulón y el peronista díscolo Roberto Mirabella. El sistema presidencialista se caería a pedazos. Aun con las regalas de juego actuales, el Congreso puede definir el destino de los recursos cuando quiera. Es lo que pasó con universidades, pediatría y discapacidad.
Si Milei pierde los decretos como arma, deberá sentarse a esperar decisiones del Congreso, también en la gestión de presupuesto. Quedaría atado de pies y manos. La desesperación del Presidente es total: los jefes de bloque en Diputados reciben súplicas de sus colegas libertarios para no limitar el uso de decretos. Les piden pensar que algún día pueden volver al poder y necesitar ignorar al Congreso. Milei ya paga un costo demasiado alto por hacerlo.