La sesión sería el jueves. Como ocurrió con Discapacidad, el Presidente no podrá evitar la promulgación de las normas y evalúa como esquivar las obligaciones.
José Mayans y Anabel Fernández Sagasti (UP) saludan a Bartolomé Abdala (LLA) durante la última sesión del Senado.
Como un déjà vu de la emergencia en Discapacidad, el próximo jueves el Senado ratificará por mayoría especial las leyes de presupuesto de universidades y de emergencia en pediatría. Javier Milei quedará obligado a promulgarlas durante los diez días hábiles siguientes. Una vez más, el Presidente se resiste a aplicar las normas y en su equipo evalúan maniobras para eludirlas.
El último lunes, Milei innovó en el Boletín Oficial con la promulgación de la emergencia en Discapacidad y su suspensión, en la misma resolución. La maniobra le costó al líder libertario una denuncia penal, que recayó también contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En el oficialismo no descartan nuevas notificaciones judiciales para estos funcionarios junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -que tiene a cargo Educación-, porque Milei por ahora no está dispuesto a cumplir con las leyes que impliquen cambiar partidas de lugar.
Los vetos de Milei al Presupuesto Universitario y Emergencia en pediatría y residencias médicas fueron rechazados en Diputados y en el Senado el destino será el mismo, porque hace un mes se sancionaron con mayorías superiores a los dos tercios, el número requerido para insistir con una ley. Nada indica que el oficialismo pueda cambiar la historia.
La sesión aún no fue convocada, pero el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, anunció este viernes que su idea es abrir el recinto el jueves, cuando además intentará tratar un proyecto que prohíbe la privatización de Nucleoeléctrica, anunciada por Milei.
Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron a Letra P que Milei aún no bajó línea sobre cómo actuar ante el inminente rechazo a los vetos, aunque no lo imaginan cediendo. La inédita suspensión de la emergencia en Discapacidad en el Boletín Oficial, se decidió tras un intento de Milei por ir él mismo a Tribunales a pedir que no se cumpla la ley.
Su equipo más cercano logró contenerlo. "Era una locura total: se iba a incinerar. Lo convencimos de que el camino judicial lo tenían que abrir los opositores", contó a Letra P un legislador con llegada a la Casa Rosada. Lo cierto es que no hay artículo en la Constitución que permita que, como parte de la formación de las leyes, un Presidente decida no aplicarla.
La oposición debate si además del camino judicial, reclama por este asunto mediante una interpelación a Francos y su eventual expulsión en el recinto, a través la moción de censura. El jefe de Gabinete justificó su decisión en el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria, que permite suspender una norma si no tiene fuente de financiamiento.
En la oposición sostienen que la norma no puede ser usada para el acto jurídico de la promulgación de la ley y, además, el artículo 19 de la emergencia en Discapacidad dice la fuente de financiamiento. De hecho, el peculiar decreto de Milei lo reconoce, cuestiona la redacción y se excusa en que ya no hay fondos para cumplir con la ley.
Las organizaciones del sector de Discapacidad -que marcharán el miércoles a Plaza de Mayo- preparan demandas para que el jefe de Gabinete explique por qué congeló las prestaciones por discapacidad sin autorización del Congreso -funciona con un presupuesto prorrogado- y se quedó sin plata. Anotaron más de 20 reasignaciones de partidas que realizó a otras áreas durante el año.
Las leyes que ratifica el Congreso llegaron también tras frustradas negociaciones de la oposición y referentes de los sectores con el Gobierno, que no dio el brazo a torcer. El refuerzo al presupuesto universitario tiene dos capítulos: una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades al 1 de enero de 2025, actualizado por el INDEC; y un aumento salarial, retroactivo a diciembre de 2023. no menor a la inflación.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó un costo fiscal de 0,14% del PBI. "La ley no tiene sentido: los gastos de funcionamiento están asegurados y no se puede legislar sobre paritarias", señalan en LLA. Por esta razón, hubo rumores sobre un veto parcial, acotado al capítulo de salarios, con posterior convocatoria a paritarias.
Pero una vez más Milei jugó a todo o nada, para quedarse sin nada. Con Discapacidad fue igual: el Congreso hubiera aceptado eliminar el capítulo de pensiones y sostener el de prestaciones, pero el Presidente no aceptó.
En cuanto a emergencia en pediatría, en el Ministerio de Salud aseguran que el costo fiscal es mínimo (la OPC lo fijó en 65.573 millones de pesos, que anualizado significa $133.433 millones). No hay fuentes de financiamiento previstas, aunque la ley destaca que el Gobierno debe cumplir con convenciones internacionales que protegen la niñez.
La norma impulsada por el diputado Pablo Yedlin (UP), declara la emergencia por un año y, durante ese tiempo, podrían realizarse compras discrecionales, un aspecto que fue cuestionado por algunos bloques opositores en el debate en comisión de la cámara baja.
Obliga a una recomposición salarial inmediata de "personal asistencial y no asistencial" que atiende a la población pediátrica, como también a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. Estipula una actualización "en términos reales" -por inflación- a noviembre de 2023.
El proyecto fue impulsado a partir de la crisis salarial del hospital Garrahan, al que declara hospital de referencia. Si bien extiende los beneficios al resto de las guardias, en Salud explican que sólo pueden legislar sobre centros nacionales y son muy pocos.
Otra queja que hacen es sobre las deudas que tienen las obras sociales de las provincias con el hospital. Nada fue escuchado en el Congreso o al menos no hubo una negociación fructífera para llegar a un acuerdo. No es el estilo de Milei. Prefiere perderlo todo.