Es por no aplicar la Emergencia en Discapacidad. El pedido fue realizado en ambas cámaras. El oficialismo apuesta a que lo salven los gobernadores.
Los senadores de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y José Mayans. Piden echar a Guillermo Francos.
El futuro de Guillermo Francos pende de un hilo: Unión por la Patria presentó en ambas cámaras proyectos para interpelar y tratar una moción de censura y una eventual remoción del jefe de Gabinete por negarse a implementar la ley de emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto de Javier Milei.
Como explicó Letra P, en Diputados el bloque Encuentro Federal, conducido por Miguel Pichetto, fue el primero en presentar una moción de censura contra Francos. Si la oposición se uniera, el jefe de Gabinete tendría los días contados en su cargo. Al pedido también se sumó el bloque Desarrollo y Coherencia, integrado por exlibertarios.
Francos admitió este martes que podría ser desplazado del cargo. "Pueden hasta si quieren censurarme, destituirme o hacer una moción de censura sin destituirme”, reconoció en una entrevista radial. Los proyectos de UP repiten los argumentos de EF: que el jefe de Gabinete no tiene atribuciones para no implementar una ley, como parte de su promulgación.
Menos aún en la oposición advierten que existe la chance de devolver el texto al Congreso para que "determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto", tal como Francos plasmó en el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno fundamenta la decisión de suspender la emergencia en el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria (24.629), que permite frenar la ejecución de una norma hasta tanto "se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
Los proyectos presentados por los bloques de UP, presididos por Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado), señalan que esa atribución es parte de la ejecución de una norma -si se justifica el faltante de fondos-, pero en ningún caso puede ser parte del proceso de formación de leyes, que culmina con la publicación en el Boletín Oficial de una norma sancionada o -en este caso- con un veto rechazado por ambas cámaras del Congreso.
"La ley debe ser promulgada, publicada y ejecutada. Lo invocado sólo rige cuando hay un presupuesto vigente y aún así puede ser derogado para casos particulares", señala el proyecto de UP en el Senado. Recuerda, además, que el jefe de Gabinete está facultado a reasignar partidas, una práctica que hizo al menos 20 veces este año.
"Incurre en una omisión grave al suspender por decreto una ley vigente", concluye el proyecto del peronismo en la cámara alta. La iniciativa de Diputados acusa a Francos de "usurpación de competencias que justifica la invocación de mecanismos de responsabilidad política contra el Jefe de Gabinete, como responsable último de garantizar el cumplimiento de las leyes promulgadas".
Los proyectos citan el artículo 80 de la Constitución, que establece que, rechazados los vetos, "el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación". Por eso piden la interpelación del jefe de Gabinete.
Los proyectos para aplicar la moción de censura deben pasar por comisiones y se aprueban en los recintos por mayoría absoluta, que es la mitad más uno del cuerpo (129 diputados y 37 senadores).
Es un número muy inferior al de dos tercios que se reunió para rechazar los vetos presidenciales. Alcanzaría que los bloques opositores se unieran.
El oficialismo confía en que los gobernadores podrán presionar hasta el último coterráneo para salvar a Francos. Entiende que pesará el aumento de las prestaciones por discapacidad que, en otro decreto, el Gobierno dispuso para octubre.
De todos modos, este aumento, pedido hace más de un año por el sector, no deja claro si respetará los aumentos previstos en la ley suspendida, donde se dispone una compensación a los prestadores retroactiva a 2023, por la pérdida de inflación, y una indexación futura por los mismos parámetros.
El otro capítulo de la ley refiere al ordenamiento de pensiones, con un nuevo beneficio creado para las personas con discapacidad (pensión para protección social), que contempla el 70% de la jubilación mínima. Es el más costoso para el Gobierno, que en su decreto de suspensión asegura no poder financiarlo.