El jefe de Gabinete promulgó la norma y luego la suspendió. Encuentro Federal pidió una moción de censura, que permite expulsarlo con el voto de ambas cámaras.
Guillermo Francos, acorralado por la oposición.
La oposición intentará echar a Guillermo Francos por no aplicar la ley de emergencia en Discapacidad. Este lunes, el jefe de Gabinete promulgó la norma y, en una medida que no registra antecedentes, decidió suspenderla por considerar que no hay recursos, aun cuando en el proyecto se mencionan partidas para derivar fondos.
"La norma se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial.
El diputado socialista Esteban Paulón amplió denuncias penales, mientras que los bloques Encuentro Federal y Desarrollo y Coherencia presentaron proyectos para desplazar al jefe de Gabinete, porque entienden que no hay encuadre jurídico para esta decisión.
La primera iniciativa fue encabezada por Oscar Carreño y el titular de la bancada, Miguel Pichetto. Piden una moción de censura contra Francos. El proyecto se repetiría en el Senado y se basa en el artículo 101 de la Constitución, que permite que el jefe de Gabinete sea interpelado en el Congreso y pueda"ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras", la mitad más uno del recinto.
El proyecto de Carreño toma seis causas de incumplimiento de Francos que, a entender de los firmantes, merecen su destitución. La principal es la nulidad del decreto que usó para suspender la aplicación de la ley y "devolver" la norma al Congreso. "No existe ese resorte constitucional que contemple esa opción", señalan los fundamentos de la iniciativa.
Los diputados de EF consideran un "cinismo" esa decisión, porque el gobierno maneja los recursos de forma discrecional, por tener un presupuesto prorrogado desde hace dos años.
La moción también acusa a Francos por Incumplimiento de ley de emergencia en Discapacidad (27.793), violación de la división de poderes del estado, la no asignación de partidas y la no implementación de la ley 24.156, de administración financiera.
El bloque de exlibertarios repiten los cargos de sus pares, pero agregan como motivo de destitución de Francos las denuncias por coimas de Andis y las acusaciones que hizo a la diputada de esta bancada, Marcela Pagano, por la filtración de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
Francos queda así al borde de la destitución, porque la moción de censura necesita la mayoría de ambas cámaras, muy por debajo de los dos tercios que se consiguieron en los dos recintos para rechazar el veto a la emergencia en Discapacidad. La norma contempla un incremento en el pago de las prestaciones que se pagan por discapacidad, ya sea mediante el fondo compensador (financiado por obras sociales y prepagas); o el Estado, que aporta a quienes no tienen cobertura mediante el programa Incluir Salud.
Para ambos casos -que tienen los montos congelados hace un año- la ley dispone un pago por única vez para compensar la pérdida de inflación retroactiva a 2023, para luego indexar los aranceles con la suba de precios para los meses siguientes. También se establecen perdones fiscales a prestadores.
Además, la emergencia -que dura un año- ordena el sistema de pensiones, con la creación de una nueva para "protección Social", que absorbe las de invalidez laboral y contempla el 70% del haber mínimo. De todos modos, estos beneficios caerían si las personas con discapacidad acceden a un empleo de hasta dos salarios mínimos.
Las fuentes de financiamiento de la ley están especificadas en el artículo 19: se permite usar todas las partidas que no estén destinadas a servicios sociales. El Gobierno no participó de las negociaciones durante el largo debate parlamentario, pero justificó el incumplimiento de la norma en los fundamentos del decreto firmado por Javier Milei, Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, encargado de ejecutar las prestaciones.
En el decreto, el Gobierno considera que la pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social representa el gasto más grande, con $ 2.166.985.900.000 para el Ejercicio de 2025 (0,26 %) del Producto Bruto Interno (PBI) y ($ 4.706.628.500.000) para 202 (0,47 %).
Basa esos números en que los supuestos nuevos beneficiarios calculados accederán también a prestaciones médicas. Pero en el Gobierno admiten los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre un costo total para este año de 0.35% del PBI.
También calculan el impacto fiscal de mejorar las prestaciones en 0,03% del PIB. Lugones mantiene congelado estos aranceles hace un año y recién este lunes firmó una resolución para disponer un aumento, con una partida de 121 mil millones de pesos, tomado de empresas públicas no financieras.
Está última medida, de todos modos, no anticipa montos de aumento y se desmarca de los parámetros de la emergencia, a la que considera suspendida. Para la oposición, esa técnica legislativa es inadmisible. "Lo informado por Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles", señaló Pichetto en su cuenta de X.
Francos y Lugones justifican la suspensión de la emergencia en Discapacidad-sin citas jurídicas sobre el instrumento específico utilizado- en que la ley no expresa con claridad la fuente de financiamiento como indica el artículo 5 de la ley 24.629; y el 38 de la 24.156, de administración financiera.
Entienden que no es "una fuente específica y concreta" usar todas las partidas que no sean servicios sociales, como propone la norma. Además, según los cálculos del Gobierno, si tomaran el crédito disponible en todas esas áreas -que incluyen seguridad, defensa e inteligencia, entre otras-, no alcanzarían a cumplir la totalidad de la emergencia en discapacidad.
En la oposición desmintieron los números del Gobierno y exigieron el cumplimiento de la ley. "Es insólito: no tiraron ninguna cifra en los debates legislativos y ahora las ponen en el decreto. Creo que Francos deberá detallarlas en una moción de censura", sostuvo ante LetraP un diputado de EF.
Según informe de esa bancada, en un escenario muy amplio -sin atenuantes para bajar el costo- la emergencia podría representar un 0,35 % del PBI y 0,51 % en 2026. Como el presupuesto es el 25% del PIB, la norma sólo cubriría el 2%, pero en ningún caso absorbería "la totalidad" de las fuentes mencionadas para su financiamiento.
"El verdadero problema es la falta de previsión y reasignación de partidas, no la imposibilidad absoluta", señala el mencionado documento. Ocurre que el Gobierno llegó a esta situación porque congeló las partidas de discapacidad y aumentó otras, sin autorización del Congreso.
De hecho, este mismo lunes el gobierno anunció la suspensión de las retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre. Según el diputado Nicolás Massot, de EF, esto implicaría un costo fiscal de U$S 1.800 millones. "Más cínicos no se consigue", se molestó.
Carreño lo apoyó. "Existen fondos para bajar las retenciones a la minería o suspender por 40 días las retenciones al agro sin especificar cómo se compensa ese costo fiscal. Según nuestra constitución la discusión se terminó con la insistencia sobre la ley vetada", sostuvo ante Letra P.
La discusión también se trasladará a la justicia, donde el diputado Paulón presentó una denuncia penal contra Milei, Francos, la secretaria legal y técnica (María Ibárzabal Murphy) y el director del Boletín Oficial (Walter González). La instruye el juez Sebastián Casanello.
Este lunes Paulón (que también integra el bloque EF) amplió la denuncia con la suspensión de la ley e incorporó a Lugones, por ser firmante del decreto.
Para el 4 de octubre, el diputado realizará una nueva denuncia, por considerar que pasó un mes del rechazo del veto, tiempo que la norma declara como plazo máximo para su implementación.
El autor original del proyecto, el diputado Daniel Arroyo (UP), advirtió que habrá presentaciones judiciales por todo el país. "El Gobierno incumple la Ley de Emergencia en Discapacidad. El nivel de angustia y de dolor de las familias es impresionante. Vamos a avanzar por todos los caminos para que la ley se ponga en marcha rápidamente". posteó.