El titular de la Corte hablará este jueves. Los nuevos supremos piden pista. Tensa calma con el Ejecutivo. Guerra con el MPA por los metros cuadrados.
Rafael Gutiérrez quiere volver a presidir el máximo tribunal de justicia de Santa Fe.
Tras casi tres décadas en la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez se prepara para su último baile. Como presidente cimero dará el jueves, a las 11.30 y en el salón de actos del Palacio de Tribunales de Santa Fe, su discurso de apertura del año judicial.
Al ritual lo conoce de memoria: esta será la decimocuarta vez que suba al estrado. Se espera un repaso de gestión y lineamientos de trabajo para 2026, además de un reclamo por la cobertura de vacantes y la creación de nuevos cargos.
Más allá de lo formal, con su renuncia expresada después de una pulseada feroz con el Ejecutivo por la renovación de la Corte y su reemplazante ya aprobado por amplia mayoría de la Asamblea Legislativa, el mensaje tendrá también un componente de despedida, tanto propia como de Eduardo Spuler, que deja su silla en septiembre, y Roberto Falistocco, quien todavía también tiene que poner fecha de salida. Se espera, para ese discurso final, un mensaje político en medio de una fractura expuesta con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una tregua táctica con la Casa Gris y una transición que ya tiene nombres propios, listos para el recambio con la silla aún caliente.
Los tres nuevos cortesanos votados en Asamblea Legislativa -Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel- ya tienen el respaldo político. La Legislatura aprobó los pliegos con contundencia.
En los pasillos del Parlamento circuló la versión de que el jueves podría ser el momento en el que Gutiérrez le ponga fecha a su salida. Si él no lo anuncia, va a ser la pregunta obligada en el auditorio y en la conferencia de prensa. Sin ese dato, aún no se puede ni pensar en la transición. Tan frío está aún el recambio que los entrantes no fueron invitados al acto del jueves.
En la Casa Gris, mientras tanto, no apuran el decreto y sostienen que van a esperar un "tiempo prudencial" para que los cimeros pongan fecha ellos mismos, un plazo final que no debería extenderse más allá de noviembre, según el compromiso que asumieron Gutiérrez y Falistocco. En el caso de Spuler se va en septiembre. El poderoso secretario de la Corte, Eduardo Bordas, lo hará antes de mitad de año. Ahora, con el proceso de renovación profundo prácticamente cerrado, la diplomacia manda y, a diferencia del año pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro podría estar presente este jueves.
Quien probablemente no esté es la fiscal general, María Cecilia Vranicich. La relación entre el MPA y la Corte está en su peor momento. El detonante, que hizo público el quiebre, fue la acordada del 24 de febrero por la que la Corte dispuso que el nuevo edificio de la capital quedara destinado enteramente al Poder Judicial y -si les sobrara espacio- recién entonces podrían ceder metros cuadrados a investigadores y defensores.
La definición hizo estallar las relaciones con el MPA y el Ministerio Público de la Defensa, que hasta la reforma constitucional del año pasado pertenecían a la órbita del Poder Judicial, pero con la nueva Carta Magna ganó independencia plena. Vranicich respondió por escrito y también en público, pero el conflicto está lejos de aplacarse. El edificio debería estar listo en junio. Para entonces, la pelea por los metros cuadrados tendrá que tener alguna respuesta. O no la tendrá, y será otro frente abierto para la Corte que viene.