Unidos defiende la independencia del Ministerio Público de la Acusación. Un sector del PJ la resiste. Tensión en la Corte y el gremio. El rol del procurador
La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y la Defensora Provincial, Estrella Moreno Robinson, quieren que las instituciones que conducen en Santa Fe sean expresamente reconocidas como órganos independientes.
En la previa del debate por la reforma constitucional, el futuro de fiscales y defensores se convirtió en uno de los ejes centrales. La discusión sobre su estatus abre un nuevo capítulo en la batalla de Maximiliano Pullaro por la modernización de la Justicia en Santa Fe. La disputa es si integrarán un esquema extrapoder o quedarán bajo la órbita del Poder Judicial.
La discusión visibiliza dos grandes posiciones en torno al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al sistema público de defensa. La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y la defensora general, Estrella Moreno Robinson, con respaldo del socialismo, propone que se lo reconozca como un órgano autónomo, autárquico e independiente, en línea con lo que establece el artículo 120 de la Constitución Nacional para el Ministerio Público Fiscal. En ese esquema, el MPA y el Servicio Publico Provincial de Defensa Penal (SPDP) se posicionan fuera de los tres poderes con presupuesto propio, capacidad para gobernarse a sí mismos y definir su política criminal sin interferencias externas.
La ley vigente otorga formalmente autonomía y autarquía, pero no independencia plena. “Las decisiones de gobierno están condicionadas: necesitamos el aval de la Corte para trasladar fiscales o designar personal y dependemos de empleados judiciales que no responden al perfil técnico que necesitamos”, explican en el MPA.
Una segunda postura, con anclaje en un sector del peronismo donde tallan el convencional Diego Giuliano y una parte de los senadores del PJ, insiste en mantener al MPA dentro del Poder Judicial. Este sector argumenta que la Corte actúa como “paraguas” y conserva facultades de superintendencia sobre la fiscalía. Con esos argumentos, se resiste a liberar su control administrativo y funcional.
Es que, de fondo, la modificación sería un recorte muy grueso al poder de la Corte Suprema provincial, tanto en términos de recursos como también de poder de influencia. La postura de este sector del PJ cristaliza la mirada del cortesano Rafael Gutiérrez, en máxima tensión con Pullaro por la renovación del máximo tribunal desde el primer día de gestión del hughense en la Casa Gris.
En las últimas semanas, se plegó con potencia a Gutiérrez el Sindicato de Trabajadores Judiciales, que tiene una conducción cercana a magistrado. “Escindirse es pasar a depender de la política de turno”, advirtió el gremio en un comunicado que, además, considera que la propuesta de que el MPA funcione como un organismo extrapoder “pone en peligro la carrera judicial y el salario” de fiscales, defensores, funcionarios y del personal. Como contrapeso dentro del máximo tribunal, Jorge Baclini, ex fiscal general de la provincia y actual cortesano, expresa desde hace años la postura de la independencia del MPA.
Si bien no hay todavía definiciones cerradas, el escenario empieza a clarificarse. El socialismo, sectores del radicalismo, La Libertad Avanza, el PRO y figuras del justicialismo como Marcelo Lewandowski coinciden en avanzar hacia un esquema de plena autonomía e independencia explícita del MPA y la defensoría.
Queda aislado, por ahora, un sector del PJ cercano a la Corte, que defiende la actual subordinación institucional del MPA. Sin embargo, en un proceso tan político como el de una reforma constitucional, el mapa puede modificarse. “Se comen un asado el día anterior y se alinean todos”, ironizan en un sector reformista. La referencia apunta a la postura que finalmente tome, entre otros, la ex defensora general Jaquelina Balangione, que responde a ese sector del PJ, pero como cabeza del sistema público de defensa penal siempre planteó que debía ser un organismo independiente.
Una carta de negociación será si en la redacción final del artículo se incorpora que la política de persecución penal que trace el MPA deberá hacerse en coordinación con el Poder Ejecutivo. En la etapa inicial de la discusión, apareció esta posición de un sector del radicalismo. Entre otros, lo expresó el ministro Lisandro Enrico, quien sostuvo que si bien el Ministerio Público no debe depender de ningún otro poder, su política criminal debe articularse con el gobierno provincial.
Un punto hasta ahora más silencioso, pero de gran proyección es el que involucra al futuro procurador. La pregunta que sobrevuela las negociaciones es qué funciones le otorgará el nuevo texto constitucional. El artículo 120 de la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público está integrado por el procurador y el defensor general de la Nación. En Santa Fe, en cambio, la figura está establecida en la ley que detalla la composición de la Corte, con siete integrantes más la figura del procurador.
A nivel nacional, el Ministerio Público Fiscal tiene la función de dictaminar antes de que la Corte se expida. En Santa Fe, esas funciones las ejerce el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien cumple una función de voz representante de los intereses generales del Estado en la Corte y anticipa criterios para la resolución de casos determinados.
Uno de los argumentos más fuertes para sostener el rol por fuera del MPA es que permitiría conservar el ministerio extrapenal para que no sea una cabeza especializada en derecho penal la que esté dirigiendo, por ejemplo, el derecho privado. Sin embargo, si se siguiera la redacción del artículo 120 al pie de la letra, algunos sectores no descartan que esa atribución pueda migrar al MPA una vez que el cargo quede vacante por jubilación.