Sus abogados apuntan contra Stornelli y Bonadio. Los testimonios y los videos. El vaticinio de Javier Milei sobre CFK y la voz de Mariano Cúneo Libarona.
Oscar Centeno y un fragmento de los cuadernos k.
“Mire, Roggio, el que avisa no traiciona. Pasamos a un cuarto intermedio, tómese cinco minutos, piense y seguimos”, le sugió Claudio Bonadio a Aldo Roggio, dueño de uno de los gigantes de la construcción en Argentina, el 14 de agosto de 2018, cuando el empresario se sentó por segunda vez a declarar en la causa de Los cuadernos K.
Un minuto antes, Bonadio le había preguntado si funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le habían solicitado el pago de retornos en los subsidios al transporte. "A mí no me consta, nunca nadie me pidió retornos", respondió el empresario. El aire se puso espeso, se hizo un silencio y la declaración se interrumpió.
El cuarto intermedio se extendió hasta el día siguiente. El 15 de agosto, Roggio volvió a declarar y se refirió a supuestos retornos en los subsidios al transporte, que habría pagado a través del exsecretario Ricardo Jaime. El juez, finalmente, homologó el acuerdo que el empresario había cerrado con el fiscal Carlos Stornelli, lo aceptó como arrepentido y Roggio volvió a su casa en libertad. Antes, había admitido un aporte "en negro" a las campañas electorales.
La secuencia fue relatada por el abogado Jorge Valerga Aráoz (hijo) en la audiencia del 24 de febrero ante el Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio, que empezó a tramitarse en noviembre de 2025 y se reanudó después de la feria judicial. Los abogados de Roggio ya habían pedido la nulidad de la indagatoria de su defendido, pero la Cámara Federal de Casación Penal ratificó su validez a fines de agosto de 2023. Habían narrado la misma secuencia en un escrito.
El relato de Valerga Aráoz, ahora en el juicio oral, no fue una excepción en el contexto del planteo de cuestiones preliminares, que hicieron 55 defensas que representan a 68 personas imputadas. Como el abogado de Roggio, otros representantes de empresarios describieron en las últimas semanas lo que definieron como “una orgía de persecución y terror”, que habría tenido como último objetivo la prisión de CFK. “El que no confesaba algún episodio o no mandaba al frente a otro se quedaba preso”, dijo Eduardo Oderigo, abogado de Miguel Marconi, directivo de la empresa Supercemento S.A.I.C.
Entre quienes denunciaron irregularidades en la instrucción de Bonadio y Stornelli se cuentan tres arrepentidos (Roggio; el expresidente de la Cámara de la Construcción Enrique Wagner y el dueño del Grupo Albanesi, Armando Loson); además de otros empresarios que presentaron actas con declaraciones asentadas ante escribanos públicos, en las que dejaron constancia de los supuestos aprietes. En todos los casos, se señaló que la instrucción no cumplió con el requisito de la ley 27.304, que establece que la declaración del arrepentido debe “registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Las grabaciones no se hicieron.
La causa tiene como acusados a la expresidenta, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y a 65 de los empresarios más poderosos y adinerados del país, sospechosos de haber organizado o conformado una asociación ilícita entre 2003 y 2015.
“Cuando Carlos Wagner fue a declarar, cagado y meado, ya había pasado por la alcaidía del Palacio, por Comodoro Py, por Drogas Peligrosas... había sido trasladado con casco y fotos publicados en todos los diarios. Hubiera declarado ser miembro de la banda del ‘Gordo’ Valor, o que hizo el túnel para robar el Banco Río de Acassuso”, apuntó el 12 de febrero Zenón Ceballos, defensor del expresidente de la Cámara de la Construcción.
Como Roggio, Wagner también se había acogido a la figura del imputado colaborador. Según Ceballos, el contexto en el que se dieron las declaraciones fue “una orgía de persecución y terror” y el juez Bonadio se comportó “como si fuera la mafia”. “No estoy exagerando, porque los que vivimos esas circunstancias, primero desconcertados y luego aterrorizados, presenciamos cómo estallaba una estrepitosa campaña publicitaria que ya estaba en el freezer. Esta maniobra implica un retroceso de muchos años de garantías constitucionales para la Argentina y para la defensa en juicio”, apuntó el abogado.
El testimonio de Wagner como arrepentido había sido clave para la instrucción. El 12 de agosto de 2018, el empresario declaró que el exministro de Planificación Julio De Vido y Cristina Kirchner sabían de los pagos que recolectaba el exsecretario Roberto Baratta, y que quedaron asentados en los cuadernos de su chofer, Oscar Centeno.
Al final, el abogado se dirigió al tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. “Todo esto está contaminado. Ustedes, señores jueces, tienen la obligación moral de nulificar esta causa (…) Sé que los estarán sometiendo a una gran tensión. No sólo en la prensa, que si no satisfacen sus intereses los tendrá como víctimas, pero confío en la Justicia, en el ejercicio de la abogacía, en las garantías constitucionales”, señaló.
Como Ceballos, otro veterano abogado, Oderigo, había sido durísimo en la descripción del proceso. “Tengo la sensación de que si no digo nada estoy convalidando el proceder de un mal magistrado, de quien tengo el peor de mis recuerdos. Al que presentaba un escrito, en lugar de declarar, le mandaba un secretario a decir 'esto no alcanza, hay que hacer más cosas'”, apuntó el defensor de Marconi, que no figura en la lista de arrepentidos.
Según Oderigo, el día que acompañó al juzgado a Mauro Guatti, estaba declarando el contador de la expresidenta (Víctor Manzanares) y sintió “cómo lo apretaban” y le pedían “más, más, con voces admonitorias” para que involucrara a Cristina. “El trato que recibió cada uno de los imputados revelaba la existencia de una determinación previa enderezada a que el que no confesaba algún episodio o no mandaba al frente a otro se quedaba preso. Estos acuerdos de colaboración fueron nulos porque a estos acuerdos se llegó mediante una ilicitud”, dijo el letrado.
El tercer arrepentido en denunciar irregularidades fue Loson. Su abogado, el excamarista Ricardo Gil Lavedra, describió el 10 de febrero “el peculiar modo que dio origen a la causa” y remarcó que su defendido fue “introducido aviesamente” en el proceso.
“Las detenciones en esta causa comenzaron con la entrega de copias digitales de ocho cuadernos escritos por el chofer de un funcionario. Estar incluido en esos papeles llevaba a la detención. Hoy sabemos que la inclusión de Loson fue producto de una adulteración a esos cuadernos, lo que conduce a sospechar que se intentaba aparentar la prueba para obtener su aprehensión. Las menciones a Loson son producto de enmiendas y tachaduras agregadas por personas diferentes a Centeno”, explicó Gil Lavedra.
En agosto de 2025, la Gendarmería y la Policía Federal entregaron pericias que confirmaron que la letra de los cuadernos se corresponde con la de Centeno, pero advirtió que los escritos tenían más de 1.100 correcciones, alteraciones y tachaduras, en algunos casos muy relevantes. Tres meses después, en noviembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó al expolicía Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno que tuvo los cuadernos bajo su custodia, por haberlos fraguado e intervenido directamente en enmiendas y correcciones en papeles que luego se convirtieron en prueba para el juicio principal.
La causa paralela de Martínez de Giorgi surgió a partir de la denuncia de Loson y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, cuyos nombres, según las pericias, fueron incluidos de manera aviesa en los cuadernos junto a domicilios asociados a ellos, con el fin de involucrarlos. Según Gil Lavedra, tras ser detenido “producto de la adulteración” del material, el empresario “fue mantenido en prisión bajo condiciones inhumanas y se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía, y Loson se arrepintió”.
“El 8 de agosto de 2018, reconoció haber hecho aportes de campaña electorales de 2013 y 2015, como venía haciendo en todos los gobiernos constitucionales. Loson fue forzado a arrepentirse ante la posibilidad cierta de continuar o no en prisión. No vamos a objetar el reconocimiento de los aportes de campaña. Hemos aportado prueba minuciosa acerca del origen de los fondos y las fechas electorales en las que se produjeron, pero los pocos hechos que se le imputan a Loson se basan en los cuadernos y la instrucción suplementaria demostró que los cuadernos fueron adulterados”, dijo Gil Lavedra.
Otros empresarios admitieron haber hecho pagos al kirchnerismo que identificaron como “aportes de campaña”, en vez de sobornos. Tal fue el caso de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y de Javier Sánchez Caballero, exdirectivo de la constructora IECSA. Ferreyra no se arrepintió y estuvo un año y medio detenido.
Entre quienes no se acogieron a la figura del imputado colaborador figuran tres empresarios, Oscar Sansiseña, Guillermo Escolar y Mario Rovella, que habían sido señalados por el financista Ernesto Clarens, un arrepentido que declaró que recibía pagos de empresarios ligados a la obra pública y que esos fondos eran derivados al entonces secretario privado de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz.
Según dijo el abogado Diego María Olmedo, defensor de Sansiseña y Escolar, ambos “asentaron en una escribanía que lo que dijeron no era la verdad de las cosas y que en el momento procesal oportuno iban a decir lo contrario a lo que manifestaron en el juzgado de Bonadio”.
En el mismo sentido habló Pablo Medrano, defensor de Rovella. “Quien callaba iba preso, quien confesaba salía. No había verdadera elección, sólo sometimiento. El derecho de una persona a declarar contra sí misma quedó, en los hechos, abrogado. Cuando el silencio conduce a la prisión y la confesión conduce a la libertad, hablar de voluntariedad es una ficción. Esta dinámica encuadra dentro de lo que el derecho internacional define como tormentos”, dijo el abogado.
En tanto, el abogado de Cristina Kirhcner, Carlos Beraldi, introdujo en su exposición lo declarado en 2018 por Mariano Cúneo Libarona, que acaba de renunciar como titular de Justicia del gobierno de Javir Milei. El exministro era abogado de Sergio Tasselli, vinculado al servicio de ferrocarriles. “Está detenido, la verdad que no sé por qué. Me resultó raro que supuestamente era de los cuadernos y después le empezó a preguntar por otras cosas. Me dio la sensación de que la cosa es que tenés que arrepentirte, involucrar a alguno. Si decís que sos inocente, quedás preso. Hay que mentir o quedás preso”, dijo Cúneo Libarona en ese entonces.
Los planteos preliminares de los acusados fueron descartados de plano en la audiencia del 26 de febrero por la fiscal Fabiana León, que les recordó a los arrepentidos que la ley prevé una pena de cuatro a diez años de prisión y la pérdida del beneficio concedido a quien “acogiéndose al beneficio proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. Por eso, en el caso de los arrepentidos que denunciaron coacción hubo, sin embargo, un reconocimiento de los hechos que narran los cuadernos respecto de los pagos entregados.
“Las defensas que intentan derribar acuerdos o de gravar el régimen, invocando coacción por cautelares, se enfrentan a un problema circular que es su propio comportamiento precedente. Si el imputado se incorporó al régimen, obtuvo beneficios y no dejó asentada la objeción concreta, de forma o coacción, la nulidad posterior no puede basarse en la disconformidad retrospectiva, años después. La detención o el impacto personal de una imputación grave no son por sí coerción declarativa”, dijo la fiscal, que ganó notoriedad pública en 2019 por sus posteos en redes contra Cristina.
En tanto, los jueces definirán el próximo martes si admiten en todo o en parte las excepciones preliminares planteadas, las rechazan o las difieren hasta la sentencia. Luego, fijarán el cronograma para escuchar a los acusados.
Varios empresarios tienen previsto declarar en el sentido que lo hicieron sus abogados. Apuestan a que la causa se caiga por las irregularidades. El domingo pasado, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei vaticinó que Cristina será condenada en esta causa, como pasó con Vialidad. Se trata del mayor juicio por corrupción de la historia y podría definirse en 2027, año electoral.
