Los proyectos no lograron los votos para el debate sobre tablas. Cómo fue la división de la UCR. El polémico juego del libertario Spacessi. El enojo de Maqueda.
Bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba
Bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura de Córdoba
El aceitado juego del peronismo de Córdoba con sus aliados parlamentarios y una suma de desinteligencias en el trajín opositor permitieron al gobierno de Martín Llaryora sortear una fuerte embestida legislativa contra el aumento de los impuestos provinciales, que rigen para este año.
En la sesión de este miércoles, la oposición esperaba que se habilitara el tratamiento sobre tablas de proyectos que proponían modificaciones al esquema tributario, con marcados recortes a las alícuotas que el Estado recauda por distintas vías.
Uno de ellos, impulsado por el legislador radical Oscar Saliba, proponía una alícuota diferencial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades y servicios agropecuarios, sin diferenciación por nivel de ingresos, como actualmente rige. El otro, que llevaba la rúbrica de Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) y Juan Pablo Peirone (Frente Cívico), planteaba una reforma tributaria integral, con “eliminación de exenciones objetivas y subjetivas, modificación del impuesto inmobiliario, reducción en un 50% de la totalidad de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos y eliminación del impuesto al sello”.
La oposición sabía que le resultaría difícil conseguir la mayoría necesaria para el tratamiento sobre tablas de ambas iniciativas, considerando que el peronismo actúa como sólido bloque y cuenta con aliados “seguros”. Sin embargo, esperaba, al menos, habilitar el debate de ambos proyectos, como primer avance en su cruzada contra la política impositiva del gobierno provincial.
Lo que no esperaban los adversarios del llaryorismo era que la falta de número para lograr su cometido se viera atravesada por acusaciones y sospechas cruzadas. En particular, por el intrincado juego del radicalismo, al que no pudieron alinear sus referentes, dentro y fuera del recinto.
El proyecto de Saliba, exintendente de Huinca Renancó, contó con el cerrado apoyo del bloque opositor, en el que ya no tallan la legisladora Graciela Bisotto (UCR) y Karina Bruno (PRO), quienes habitualmente acompañan al PJ. Con sendos empates en la moción de tratamiento y su reconsideración, el doble voto de Facundo Torres Lima, quien presidió la sesión, inclinó la pulseada para el lado del oficialismo y aliados, quienes negaron la discusión sobre tablas.
La iniciativa que impulsaban Hernández Maqueda y Peirone corrió distinta suerte. Para su reconsideración, la bancada oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba contó también con las adhesiones de al menos otros dos legisladores radicales: Mauricio Jaimes, exintendente de La Cruz, localidad del departamento Calamuchita, y Fernando Luna, exintendente de Villa de Soto, del departamento Cruz del Eje.
El parlamentario del bloque unipersonal de Mejor Futuro añade en su recuento de “traiciones” a Ariel Grich. Según afirma, el exintendente de Monte de los Gauchos y expresidente del Foro de Intendentes Radicales, quien ya se ausentara en una sesión clave aduciendo haber chocado con un perro, aprovechó que el oficialismo había logrado establecer votación a mano alzada para acompañarlos.
Irritado, el expresidente de la Coalición Cívica en Córdoba cargó contra el modo en que se maneja la bancada radical en el interbloque de Juntos por el Cambio. Aún sospechando que existieron presiones del gobierno provincial sobre los exintendentes que ocupan escaños, apuntó a la conducción boinablanca por impedir filtraciones y vulnerar acuerdos.
Desde la UCR desmintieron las acusaciones, remarcando que acompañaron en la primera votación y que si hubo laxitudes fue en la reconsideración, que perderían lógicamente. También destacaron que habían acordado con el díscolo legislador que acompañarían su proyecto en caso que no prosperara el del correligionario Saliba, a sólo fin de emitir despacho propio una vez abierto el debate.
Por lo bajo, también fustigan la letra del texto del dirigente que quiere orbitar en la línea mileísta. “Era inviable. Proponía una reducción del 50% de Ingresos Brutos. Tampoco nos pasemos de rosca, no podemos reventar al Estado provincial y los municipios. Los que venimos de gestión entendemos cómo manejarnos y que necesitamos Estado. Programemos una reforma tributaria en serio, no hay que hacer politiquería”, fustigaron.
La UCR no tardó en culpabilizar a Spacessi por el fracaso de la revuelta tributaria. El diputado Rodrigo de Loredo estuvo activo en redes en la previa de la sesión. Con foto, nombre y apellido, se encargó de mostrar quiénes son los "amigos" del oficialismo. Para la bancada boinablanca, fue el presidente del Partido Libertario el responsable de que las cosas no salieran cómo se esperaba.
Desde las bancas de Hacemos Unidos por Córdoba respiraron aliviados ante el desenlace de una sesión caliente. Sin privarse de chicanas y la habitual rosca, lograron sortear la primera jornada de un largo asedio que la oposición promete con el “impuestazo” como ariete.
Con suficiente aire en los pulmones, trasladaron al gobierno de Javier Milei la responsabilidad por cualquier aumento de los tributos. Dentro y fuera del recinto repitieron que la administración nacional se lleva siete de cada diez pesos que recauda el Estado cordobés.
Sin brindar las respuestas que exigía la oposición sobre los coeficientes que se aplican para los aumentos al inmobiliario urbano, las espadas llaryoristas insistieron con la necesidad de evaluar las asimetrías que se prolongan desde el puerto.
Ese concepto es ya, sin dudas, uno de los que resonará en la campaña hacia las elecciones parlamentarias de octubre.
Las chicanas peronistas volvieron a dirigirse contra los principales referentes de JxC, De Loredo y el senador Luis Juez. A ambos le enrostran mutismo ante medidas de la gestión Milei que perjudican a la provincia, como el recorte de fondos docentes, para el transporte y para obra pública.
Al primero, además, le volvieron a mostrar cuán efectiva puede resultar la presión sobre aquellos legisladores que mantienen territorialidad, especialmente exintendentes, y necesitan dinero que no llegan desde otra jurisdicción. De poco sirvieron, punzaron, las advertencias por redes sociales.
Radicales y juecistas remarcaron que nada justifica la presión impositiva ejercida desde el Panal, a la que ubican como la peor de todos los años del peronismo en el poder. Con el mismo énfasis, desmintieron que el aumento del inmobiliario urbano por encima del 172% afecte a sólo un 1% de los contribuyentes, que hasta aquí contaban con alivios fiscales.
“Son mentiras. Todas mentiras. Pero lo que más bronca da es que ni siquiera quieren debatir. Debe ser que no tienen explicaciones consistentes u ocultan algo”, sentenciaron desde el Frente Cívico.