Alfiles del gobernador dicen que la discusión afecta sólo a unos pocos. La UCR pide interpelar al ministro de Economía. El juecismo, su destitución.
El bloque oficialista se prepara para enfrentar las críticas de la oposición sobre la suba impositiva.
Martín Llaryora y Guillermo Acosta, el ministro de Economía apuntado por la UCR y el Frente Cívico.
Según cálculos que presenta el gobierno de Córdoba, a cargo de Martín Llaryora, en toda la provincia sólo un 1% de los contribuyentes que abonan el impuesto inmobiliario urbano deberán pagar por encima del 172% presentado como promedio de incremento en el Presupuesto aprobado para 2025.
De acuerdo a esa misma referencia, serían poco más de 22.000 construcciones, en su gran mayoría ubicadas en la capital provincial, aquellas sobre las que recae un aumento impositivo superior a la media.
Se trata también, apuntan, de ciudadanos que hasta aquí gozaban de topes artificiales que impedían una real valuación de sus inmuebles, sitos en zonas residenciales o exclusivas. En los hechos, apuntan voces oficiales, gozaban de los demonizados subsidios.
La disquisición que plantea la administración cordobesista apunta de lleno a la polémica sobre los aumentos impositivos que se aplican para este año. Desde el Panal acusan a la oposición de montar una sobredimensionada polémica, cuya finalidad última es defender los privilegios de un puñado de contribuyentes, todos ellos ubicados en la cúspide de la escala social.
De acuerdo a datos a que accedió este portal, en la ciudad de Córdoba son 21.502 las cuentas afectadas por revaluaciones que superan el 172,5% que el Gobierno sigue informando como límite real. De ese total, 12.172 son viviendas de categoría; 2.457 figuran como grandes superficies comerciales; 2.235 están listadas como “unidad PH” y hay 1.271 edificios en altura. El resto se divide en hoteles, oficinas, desarrollos inmobiliarios, cocheras y salones de fiestas.
Fuera de la capital se sumarían poco más de 500 unidades, para superar 22.000 aportantes al fisco sobre un total de dos millones.
Según explican desde el Panal, todos esos inmuebles han gozado, por años, de un techo para las revaluaciones inmobiliarias. La remoción del mismo había sido convenientemente informada el pasado año, sostiene la misma narración.
“Tenían un tope que oficiaba de subsidio. Estaban beneficiados respecto del 99% que no lo tenía. Ese mismo 99% ve aumentos del 170%. No agradece, pero no siente que lo hayan perjudicado. Por eso no hay ruido en la gente”, sintetizan las fuentes oficiales.
La intención de circunscribir la polémica a una muestra poco significativa habilita un nuevo capítulo en la esgrima política que ensaya la oposición desde el inicio mismo de las sesiones ordinarias en la Legislatura.
Cuestionado por todos los bloques adversarios, el Gobierno ahora vincula esas críticas a un intento, no confeso, de defensa de privilegios que definirían “comportamientos de casta”.
El primer aludido es el legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, quien acudió al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para plantear la inconstitucionalidad de la suba del impuesto inmobiliario urbano.
El también abogado realizó la presentación como contribuyente particular (como funcionario no puede actuar contra el Estado) por un inmueble familiar ubicado en el barrio de Nueva Córdoba, para el que recibió un incremento inmobiliario superior al 300%.
En su argumentación, el legislador asegura que la Dirección General de Rentas estableció criterios incomprensibles y discrecionales para calcular las nuevas alícuotas. De tal manera, interpreta, el Poder Ejecutivo avanzaría también sobre competencias que corresponden al Poder Legislativo.
La réplica oficialista evade el meollo de la presentación y apunta, esencialmente, a una cuestión de “defensa de prerrogativas”.
“Los casos de aumentos superiores afectan al 1% de la nómina total. Son grandes superficies, hoteles, casas enormes. Algunos quieren darle masividad, pero son 22.000 los que patalean. Claramente, lo que quieren es defender privilegios”, repiten en corrillos del Partido Cordobés.
Consultados al respecto, voces opositoras dijeron desconocer “con precisión” la cantidad total de inmuebles afectados por el revalúo que denominan “impuestazo”. No obstante, repitieron su incredulidad sobre los datos que exhibe la gobernación.
“Nos toman el pelo”, repiten voces deloredistas. “Tenemos muchísimos casos relevados”, dicen desde el juecismo.
De igual manera, remarcan que la discusión que plantean excede el caso del inmobiliario urbano. En los reclamos que vociferan desde febrero también tiene un lugar central el incremento del impuesto inmobiliario rural, sobre el que también se han expedido críticamente las entidades del agro.
En el joven 2025, la cuestión impositiva ya es el principal flanco sobre el que descarga artillería el interbloque de Juntos por el Cambio, desde el que se cocina una propuesta de reforma tributaria que impactaría en Ingresos Brutos, principal vía de recaudación para la gobernación.
La UCR y el Frente Cívico volverán a insistir con una reformulación de la Ley Impositiva aprobada en diciembre pasado, incluso con votos de sus propios representantes, que permita volver a las referencias vigentes para el pasado año.
Para ello deberán esperar hasta mediados de marzo. Al inicio del período ordinario, ambos bloques impulsaron el tratamiento sobre tablas de tal iniciativa. Dado que no pudieron alcanzar los dos tercios requeridos, ahora deberán encauzar sus proyectos por vía de las correspondientes comisiones.
Mientras tanto, han calibrado una nueva andanada sobre Guillermo Acosta, el ministro de Economía y Gestión Pública de la Provincia, uno de los nombres clave en el gabinete de Llaryora.
En primer lugar, los siete legisladores del Frente Cívico y Gregorio Hernández Maqueda pidieron el juicio político de Acosta “por mal desempeño en sus funciones", debido a los aumentos confiscatorios del impuesto inmobiliario para el año 2025”.
“La presión tributaria que sufren familias, comerciantes y productores no solo es imposible de afrontar y perjudica el desarrollo económico de la provincia, sino que además supera ampliamente los límites establecidos en la propia Ley Impositiva que el Ejecutivo presentó el año pasado”, dice el texto presentado este lunes.
Paralelamente, el bloque de la UCR presentó un pedido de interpelación contra el ministro, para que en un plazo de tres días comparezca en la Legislatura para “informar las razones por las cuáles los cordobeses recibieron incrementos del 500% y hasta el 1000% en el impuesto inmobiliario”.