De prosperar esta idea, quedarán siete de las 10 que actualmente funcionan en la órbita del Poder Ejecutivo, cada una con una finalidad y un objetivo diferente.
Pero, a 24 horas de la proclama, aún no hay precisiones sobre cuáles serán las agencias afectadas y hasta cuándo funcionarían. Ni siquiera hay una fecha precisa para la presentación del correspondiente proyecto para su tratamiento en la Unicameral.
Un sello de Córdoba
Al momento son diez las agencias que integran la estructura oficial: Innovar y Emprender; Córdoba Joven; Competitividad; Conectividad; Agro Córdoba; Inversión y Financiamiento; ProCórdoba; Turismo; Deportes y Cultura.
Se trata de organismos descentralizados, conformados a partir de la integración del sector público y actores privados, que funcionan bajo formato de Sociedad de Economía Mixta (SEM). Su origen remonta al primer gobierno de José Manuel de la Sota, inicio mismo del cordobesismo.
Por aquel entonces, su creación fue justificada por la necesidad de achicar la órbita del Estado, bajo eufemismo de modernización. Veintitrés años después, todos bajo gobiernos del peronismo cordobés, el mismo argumento es empleado para justificar la reducción de los entes, que crecieron hasta la decena.
Desde aquel 2002 hasta hoy su existencia ha merecido sospechas desde los bloques opositores. Por su formato, las agencias no están sujetas a los mismos contralores que una dependencia enteramente pública.
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“Esto representa una grave falencia en términos de transparencia y rendición de cuentas. Un porcentaje significativo de los recursos públicos fluye hacia estas entidades bajo la figura de aportes estatales, sin que exista un seguimiento adecuado. Persiste, asimismo, gran opacidad respecto a los aportes que realiza el sector privado como parte de su participación en estas sociedades", desgrana el legislador Gregorio Hernández Maqueda, del bloque unipersonal Mejor Futuro.
Primerear a Martín Llaryora
El mismo legislador, que busca posicionarse en las corrientes que desembocan en Javier Milei, presentará este lunes una iniciativa propia para desmochar el organigrama. Su movida, espera, podría apurar al Gobierno a brindar las precisiones de las que carece el arco opositor.
Según considera, sólo deberían persistir las SEM vinculadas a Cultura, Deportes y Turismo, a condición de someterse a control preventivo. Como contrapartida, las otras siete deberían diluirse en los Ministerios que ya existen y tienen competencia en cada actividad específica, garantizando la continuidad de los “agentes con derechos adquiridos de estabilidad”.
Este proyecto será analizado en las primeras reuniones de comisiones del año, que se realizarán el martes. Los bloques opositores mayoritarios, que convergen en Juntos por el Cambio, barajan ideas propias, pero concuerdan en las críticas tanto a la existencia de las agencias como al anticipo, aún abstracto, de Llaryora.
“Dicen que van a unificarlas. Pero nada dice de los recursos humanos. ¿Qué va a hacer con lo ya presupuestado para cada agencia? Hace 60 días aprobaron el presupuesto con las diez agencias. Deben estar pensando cómo hacerle creer a la gente que bajan el gasto. Pero sigue sin bajar los impuestos. Eso es lo más importante ahora”, fustiga Matías Gvozdenovich, titular del bloque de la UCR.
El jefe de la UCR en la Legislatura de Córdoba, Matías Gvozdenovich escuchó a los intendentes que solicitaron acompañar en general el presupuesto.jpg
En diálogo con Letra P, el exintendente de Arias recuerda que el pasado año el grupo de legisladores radicales había presentado una iniciativa vinculada a la necesidad de control sobre aquellas entidades.
“El anuncio no nos dice nada. Las agencias, en conjunto, manejarán 800 mil millones de pesos, casi el mismo presupuesto que el ministerio de Salud. A lo mejor sacan las de menor presupuesto, pero te deja las más grandes y es la misma historia. Es otro verso. Si Llaryora tuviese la idea realmente, nos habría dado precisiones. Se ve que sólo quería responder a las críticas”, castiga Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico.
Como hizo Javier Milei
Desde el gobierno provincial ubican la poda de agencias en el marco de readecuación de la estructura de sociedades del Estado, con reconversión a sociedades anónimas, tal como establece el DNU 70/23 que firmara Milei al inicio mismo de su gestión.
De esta manera, la suerte de las SEM estaría comprendida en un plan de mayor dimensión, cuyo proyecto no tiene fecha de presentación aún, que incluye a las empresas estatales como EPEC o Lotería de Córdoba.
De todo el combo, la oposición quiere poner la lupa sobre la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, ente clave para nutrir de fondos a cada plan de obra pública en la última década.
Voceros destacan que la intención del gobernador fue comunicar que existe la decisión política de avanzar con dicho plan, que implica la fusión de las agencias, sin supresión de personal ni suspensión de proyectos en marcha.
El reconocimiento tácito a la sintonía con el discurso de achicamiento del Estado como vía para llegar al superávit fiscal no impide admisiones atemporales. “Es un gesto, como la reducción del sueldo de los funcionarios. Es como la reducción de ministerios que hizo Milei”, sentencian desde El Panal.