Tras el empate en el recinto, la oposición pide una consulta popular. Los reclamos vuelven a la ruta. El efecto contagio y la pelea por $US3 millones anuales.
Fernando Rambaldi cosecha apoyos de Juntos por el Cambio y abre el lobby hacia el PJ para eliminar el peaje de La Calera.
Vecinos de La Calera protestan contra la continuidad de las casillas de peaje sobre la ruta E-55
Martín Llaryora durante la presentación del sistema de transporte metropolitano, que incluye a La Calera.
Fernando Rambaldi y su mentor político, Aurelio García Elorrio.
La continuidad de las casillas de peaje que la empresa Caminos de las Sierras, propiedad del gobierno de Córdoba, mantiene sobre la ruta provincial E-55, en el ingreso a la ciudad de La Calera, continúa siendo un foco de conflicto para el gobernador Martín Llaryora.
Las repercusiones superan el volumen de las protestas que se repiten en la ciudad más poblada del Gran Córdoba. La remoción de las instalaciones de uno de los servicios más cuestionados por los vecinos podría soliviantar a habitantes de otras localidades que, regularmente, reclaman contra el cobro por la circulación en rutas integradas a la capital provincial.
Por caso, agrupaciones de Villa Allende, que siguen con atención lo que ocurre en la otra gran ciudad del departamento Colón. Inorgánicos, sus protestas no han tenido la continuidad de sus vecinos. Se hicieron sentir en abril, más en medios que en las calles, tras la instalación de casillas en la variante que une la ruta E-53 (espinazo de las Sierras Chicas) con la ruta A-174 (empalme a la ruta nacional 9).
Desde entonces se mantienen alertas. La posibilidad de remoción de las estaciones de cobro en La Calera, admiten, operaría como un aliciente para sus reclamos. También, para presionar al intendente Pablo Cornet, un PRO pura sangre, sobre el que reposan expectativas de renovación en el partido presidido por Mauricio Macri.
Misma presión que desbordaría hacia dos legisladoras del departamento Colón que se cuadraron con el oficialismo: Dolores Romero, hija de Eduardo Gato Romero, parte del PRO que se sumó al Partido Cordobés; Luciana Presas, hija del histórico armador peronista Carlos Presas. Por su decisión en el recinto, ambas quedaron en la picota serrana.
Durante la semana el oficialismo extremó recursos para evitar la aprobación de dos proyectos de ley, tratados de manera conjunta, con los que la oposición intentó dar ese primer paso en la Legislatura. Uno de ellos disponía la eliminación de los peajes sin referencia territorial alguna; el restante pedía el cese del cobro en las casillas ubicadas en el límite entre las ciudades de Córdoba y La Calera, “garantizando la continuidad laboral del personal”.
La discusión sobre tablas fue ardua y tuvo eco en gradas ocupadas por vecinos. La votación culminó en empate gracias a la abstención de la legisladora radical Graciela Bisotto, de bloque unipersonal pero más cerca del peronismo; y el peronista Rodrigo Rufeil, integrante de Hacemos Unidos por Córdoba, vecino y exintendente de La Calera, a quien algunos le recuerdan haberse embanderado en la misma lucha años atrás.
El doble voto de Marcos Torres Lima, que ofició como presidente de la Unicameral, impidió un triunfo de la oposición, que mostró una acción granítica, unificada detrás de iniciativas compartidas por radicales, juecistas, amarillos y hasta voces de bancas unipersonales e ideológicamente antagónicas: Luciana Echevarría, del FIT-U, y Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal.
Hace cinco meses, el oficialismo había desbaratado ya el tratamiento sobre tablas de la iniciativa. El rechazo de los proyectos, ya en sesión, implica que por un año la oposición no podrá volver a plantear el tema.
Pero en ese plazo, el mismo núcleo de partidos intentará concretar un plebiscito para que la ciudadanía se exprese en favor o en contra de la continuidad de las estaciones de peaje.
Dicha iniciativa, que deberá ser aprobada por la misma Legislatura, plantea convocar a los habitantes de La Calera y de los barrios de la capital contiguos a la línea de cabinas. La fecha propuesta es el 2 de marzo de 2025.
La posibilidad de consulta popular es establecida por la ley provincial 7811. Aunque el resultado no sea vinculante, permitirá mantener el tema en agenda por varios meses, sosteniendo una presión que ya ha visto desbordes y prepotencia hacia los trabajadores de Caminos de las Sierras.
“Tendría efecto político. Si la abrumadora mayoría de la gente dijera que en esas casillas no debería cobrarse, el poder político debería darle una solución”, explica el legislador Agrelo.
Encuentro Vecinal es también el partido al que representaFernando Rambaldi, intendente calerense en alianza con socios de Juntos por el Cambio, quien incluyó la eliminación de los peajes en el acceso a su ciudad como parte de su plataforma electoral.
Su férrea postura sobre esta temática no ha cambiado desde entonces. Sí ha matizado diferencias, aprovechando puentes tendidos desde el Partido Cordobés a través del Ente Metropolitano Regional y el proyecto de seguridad de Llaryora, que incluye Guardias Urbanas.
Tampoco ha descuidado sus vínculos por fuera de la provincia. A través del G6 Colón, que integra junto a Cornet y otros cuatro intendentes opositores al peronismo, articula con la ministra Patricia Bullrich y participa de reuniones con representantes del gobierno libertario.
En sus primeros diez meses de administración, el alcalde también debió soportar tensiones en su armado interno, que incluyeron traiciones de socios políticos que mantienen vinculaciones con el peronismo calerense.
Sobre ese escenario, en su entorno analizan el tironeo por los peajes como una batalla en la que tienen mucho para ganar. Más allá de considerar justos sus reclamos por el incumplimiento del contrato rubricado con la concesionaria, a la que achacan falta de obras, creen que pueden sentar un precedente contra una continuidad cordobesista a la que vinculan con la corrupción.
Como toda muestra, remarcan que el interés de la Provincia es enteramente económico. Según sus cálculos, por las estaciones instaladas al ingreso de La Calera, pasan diariamente 18 mil vehículos. Con distintas tarifas, esas mismas cajas dejarían a la empresa estatal unos 3 millones de dólares al año. En total, la Red de Acceso a Córdoba, cuenta con doce puestos en toda la provincia.