El irresuelto conflicto institucional que arrastra desde comienzos de año el Concejo Deliberante de La Calera, que derivó en la imposibilidad de que ese cuerpo legislativo se constituya y sesione normalmente, no solo amenaza con seguir extendiéndose en el tiempo, sino que ya está generando perjuicios muy concretos en la gestión diaria del intendente Fernando Rambaldi y también hacia terceros que dependen del municipio.
Al no votarse ordenanzas, muchos trámites administrativos del Ejecutivo no obtienen el respaldo legal para avanzar y eso se traduce en demoras y también en fuertes pérdidas económicas. A continuación dos casos de muestra.
Como si no hubiera inflación en La Calera
Según indicaron desde el propio municipio, la tarifa del transporte urbano de pasajeros, que brinda la empresa COTA La Calera, permanece congelada en $200 desde enero pasado, cuando en otros municipios similares un viaje de esa escala ya se paga $600 o $700.
La actualización tarifaria requiere doble lectura y audiencia pública en el Concejo, pero ese tratamiento quedó en la nada por la virtual paralización de las sesiones.
Tampoco hay plan B porque la Municipalidad dice no estar en condiciones de aportar subsidios, así que el retraso tarifario debe ser soportado por la prestataria del servicio, que da trabajo a 250 familias.
El Ejecutivo analiza sacar una actualización por decreto, pero a la vez esa vía suena arbitraria y contraria a la institucionalidad.
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El Concejo Deliberante de La Calera funciona irregularmente desde febrero.
El otro eslabón que muestra perjuicios por la situación del Concejo es la imposibilidad del Ejecutivo de avanzar en la compra de maquinaria, aprovechando una operatoria ventajosa que lanzó Bancor, con amortización a cuatro años y tasas convenientes.
“Tenemos ya aprobada una carpeta por $700 millones para comprar varias unidades, pero todo está frenado porque necesitamos la autorización del Concejo para ese endeudamiento. Hoy prácticamente no tenemos flota propia y alquilamos todo lo que hace falta, lo que duplica los costos. El perjuicio no es a la gestión: es a todos los vecinos de La Calera”, lamentó el intendente Rambaldi.
Si el municipio dejara de alquilar maquinaria y cerrara la compra proyectada se calcula que el ahorro mensual, solo en ese rubro, promediaría los $20 millones.
Sin sesiones, ni línea sucesoria para cubrir a Fernando Rambaldi
Fuera de lo económico, el plano político-institucional es más grave aún: el Concejo no sesiona, ni tiene autoridades firmes, por lo que está en juego también el principio de gobernabilidad y en un limbo la propia línea sucesoria en caso de ausencia del intendente.
“Estamos ante la insólita situación de concejales opositores que hace siete meses que no vienen a trabajar y cobran igual. Ponen su ambición política y personal, por encima de los intereses de los vecinos. En el fondo, lo que no aceptan es que perdieron las elecciones”, se quejó el intendente, tras mencionar que hay también una “grave intromisión” del Tribunal Superior de Justicia que no permite regularizar la situación del Concejo.
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Fernando Rambaldi no tiene una línea de sucesión clara por el conflicto de autoridades en el Concejo Deliberante de La Calera.
Alude con esto último a la intervención del TSJ, que ordenó retrotraer el conflicto del Concejo a febrero pasado y que impide así la convocatoria a suplentes que ensayó el oficialismo para suplir la ausencia de ediles opositores.
Ni la intervención de un veedor del propio TSJ logró encarrillar la situación del Concejo. El mandato del alto cuerpo fue repetir la sesión preparatoria del pasado 23 de febrero, donde se originó todo el problema.
Enojo oficialista con el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
En aquel momento, la edil radical Analía Marcos, dejó el oficialismo y con apoyo del peronismo se subió a la presidencia del Concejo, desplazando a la oficialista Sofía Fernández, que había sido nominada presidenta en diciembre.
Pero el mes pasado, cuando se intentó nuevamente sesionar para elegir autoridades de una vez por todas, los concejales que responden a Rambaldi ensayaron una jugada que volvió a embarrar la cancha: votaron previamente un cambio en el reglamento interno del cuerpo, fijando que solo podía presidirlo alguien del oficialismo.
La oposición en el recinto calerense considera que eso rompió el mandato del TSJ de retrotraer la situación a febrero y de abstenerse de generar nuevas instancias de conflicto, con lo cual todo volvió a foja cero.
La postura oficialista insiste con una demanda básica: poner en marcha de una buena vez el cuerpo legislativo, sea con los ediles titulares o convocando reemplazantes si los primeros no se avienen a sesionar.
Esta semana, las partes sumaron un nuevo fracaso: también se cayó la sesión convocada para este martes, esta vez porque el intendente y su equipo consideran que el TSJ juega abiertamente para el peronismo y que no les ha garantizado derecho a defensa.
La consecuencia inmediata fue un nuevo freno y la decisión de llevar el conflicto a otro ámbito, para lo cual presentaron un recurso extraordinario federal para que intervenga en el litigio la Corte Suprema de la Nación.
