Transcurridos ya más de tres meses de la aprobación de la ley ómnibus, Martín Llaryora le dará una vuelta de rosca federal en Córdoba al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido, como aspecto medular, en el plexo normativo de Javier Milei.
Hace casi dos meses el gobernador se comprometió a suscribir la iniciativa nacional, que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que superen una inversión de 200 millones de dólares, ante el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) y entidades del sector agropecuario. Ahora, trabaja en un régimen "superador" que será girado en poco tiempo a la Unicameral.
El oficialismo no ha impulsado todavía propósito de adhesión alguno a través del bloque del Partido Cordobés en la Legislatura. También, con cuidadoso manejo, la bancada oficialista ha evitado sistemáticamente el tratamiento de proyectos presentados a tal fin por Gregorio Hernández Maqueda.
En la sesión de este miércoles la mayoría oficialista evitó, como hace una semana, "dar tablas" a un nuevo pedido del legislador del interbloque de Juntos por el Cambio, pero cada vez más consustanciado con las proclamas minarquistas del gobierno de Milei.
"Llaryora eligió ponernos del lado de los gobernadores populistas como Kicillof, Quintela e Insfrán y va por un RIGI trucho", trinó el expresidente de la Coalición Cívica en Córdoba.
La versión de Córdoba
El estiletazo se dirige a una adaptación cordobesa del RIGI que, con sigilo, avanza en el gobierno provincial. La variante vernácula fue anunciada una semana atrás por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, durante la presentación del “Balance de la economía argentina” que elabora la Fundación Ecosur, centro de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Este jueves, lo confirmó por X.
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El funcionario mencionó que se encontraba en elaboración una propuesta propia, con algunas diferencias respecto de la letra nacional. “Ya tenemos un marco de apoyo e incentivo a la llegada de nuevas inversiones. La ley de promoción de la industria tiene 40 años, por lo que estamos pensando en un esquema nuevo que la complemente. Un esquema de promoción aún más potente”, explicó el economista.
“Tendrá características propias, con varias aristas”, remarcaron fuentes oficiales. Otras voces, que recorren los mismos caminos, adelantaron que la iniciativa tendrá una especial contemplación de las pymes, el sector clamorosamente excluido del paquete nacional, que pone pisos inalcanzables para ellas como condiciones de acceso a los beneficios.
La producción de biocombustibles y variantes de la explotación minera son otros vectores que podrían estar incluidos, según deslizan otros analistas.
Lo que orejea Martín Llaryora
El sigilo alentaba sospechas por parte de la oposición provincial, hasta aquí desconocedora de los pormenores del plan provincial. También en sectores del Círculo Rojo que alentaron la aprobación del RIGI nacional. Satisfechos con las exenciones que garantiza un régimen especial, temen que la adaptación local licúe potenciales beneficios.
Críticos de los ambiguos compases que ensaya el gobernador respecto del presidente Milei, legisladores de JxC creen que se trata de otra maniobra de doble faz: marcar diferencias, sin desmarcarse abiertamente de un proyecto político que aún goza de altos niveles de adhesión.
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El ministro de Finanzas de Córdoba, Guillermo Acosta, adelantó al Círculo Rojo que elaborarán un RIGI cordobés.
El anverso de la reflexión baña las interpretaciones del oficialismo. Aún sin exponer más características del plan, remarcan que Llaryora tenderá otra mano a sectores que han quedado excluidos del plan de ajuste y motosierra con que el gobierno federal espera llegar al déficit cero.
En sus términos, el sanfrancisqueño brindará una herramienta a los sectores productivos, tan presentes en sus discursos como en los reparos que la administración cordobesa pone sobre la mesa al analizar la gestión libertaria.
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La estrategia de Pullaro, Frigerio, Kiciloff
Hasta el momento, sólo seis provincias adhirieron, sin más que algunas formalidades, al texto nacional. Otras diez analizan versiones propias, con distinto grado de avance: algunas se aprestan ya a la discusión parlamentaria.
En Córdoba se sigue con especial atención el camino que vayan a seguir Santa Fe y Entre Ríos, los otros representantes del núcleo agroexportador de la Argentina. O, como suelen mentarse, el corazón productivo, como diferencia con aquellas provincias que cuentan con combustibles y minerales, el target real de la iniciativa libertaria.
Como contara Letra P, Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y el propio Llaryora han advertido ya sobre la necesidad de cuidar al agro y sus industrias, ausentes en la normativa ideada en la Casa Rosada. Acorde a ello, analizan variantes que van desde la provisión de servicios para grandes inversionistas hasta el turismo y el transporte de cargas.
Los tres miran también la experiencia que inicia Buenos Aires con su propio paquete de leyes, denominado Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. Destinado a captar inversiones, especialmente en materia de energía y tecnología, abre puertas a pymes e incluye un plan de desarrollo para proveedores locales.
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Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio, Martín Llaryora, manos unidas para llevar el centrismo a la Nación.
Con todas esas opciones, Llaryora decide los nuevos términos sobre el camino a seguir. Deberá marcar alguna diferencia con una ley pensada para el sector “extractivista”, atendiendo intereses locales que ya reclaman por el destrato desde el puerto. Sin descuidar su rol como mandatario, tampoco podrá presentar una iniciativa que huela a estatismo.