Se aprobaron los convenios para transferir el fuero de menores y las competencias penales, que serán trasladadas en forma progresiva. Apoyo de los aliados.
Patricia Bullrich, durante la votación por el traspaso de la Justicia a la Ciudad.
Sin respaldo del peronismo, el Senado aprobó dos acuerdos de traspaso de competencias desde la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. La transferencia había sido acordada entre los gobiernos de ambas jurisdicciones y se hará efectiva si los convenios son sancionados en la Cámara de Diputados.
Las dependencias nacionales que se proponen pasar a la órbita porteña son la de la Justicia criminal y correccional de menores, en forma total; y en forma progresiva, las competencias penales.
La aprobación se produjo con 41 votos a favor y 21 en contra. El peronismo rechazó la iniciativa, pero hubo fisuras. No estuvo presente Mariano Recalde, quien representa a la ciudad de Buenos Aires. Tampoco participaron Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Adrián Bahl (Entre Ríos) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien tiene licencia por maternidad.
Entre los dialoguistas, dejó su banca vacía la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza, logró respaldo del resto de los aliados, entre ellos los referentes de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalaqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). El radicalismo y el PRO aprobaron en forma unánime.
Bullrich festejó el traspaso, que es un pedido histórico del PRO. “Quiero celebrar la firma de estos dos convenios porque estamos hace 30 años intentando que la Ciudad de Buenos Aires tenga sus capacidades de jurisdicción. Esta no es una decisión contra nadie, es terminar, por partes, una tarea que la Constitución ya ordenó”, señaló.
El miembro informante del oficialismo fue Gonzalo Guzmán Coraita, quien explicó las competencias que tendrán los tribunales porteños. En el caso del fuero de menores, incluirá delitos de personas de entre 14 y 18 años, con la exclusión de los delitos federales y aquellos en los que la conexidad corresponda a la Justicia federal.
El salteño explicó que las competencias penales incluyen el honor, la integridad sexual, la libertad, el tránsito y medios de transporte, además de las leyes especiales que rigen en la ciudad. "Va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción", explicó.
La sesión terminó con duelo entre el PJ y la Unión Cívica Radical (UCR) por el impacto de la medida en el federalismo. "Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera", sostuvo el peronista chaqueño Jorge Capitanich.
Le respondió el jefe de la UCR, el correntino Eduardo Vischi. "Transmitir esta competencia a la ciudad de Buenos Aires no es un favor a la ciudad, sino que es normalizar la república, devolver al Poder Judicial de la Nación su rol federal y garantizar al ciudadano porteño una justicia más ágil", se defendió.
El traspaso de las competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires es un debate que data de la reforma constitucional porteña de 1994, cuando el distrito consiguió estatus de autonomía. Así, se reconoció que la capital federal cuenta con facultades propias de legislación y judiciales.
El gobierno nacional y la administración porteña ya habían avanzado con el traspaso de competencias judiciales en febrero, cuando firmaron el convenio para traspasar el fuero laboral al distrito porteño. El texto se aprobó durante el debate parlamentario de la ley de Modernización Laboral y luego fue ratificado por la Legislatura porteña a finales de agosto.
El fuero laboral de la ciudad tendrá a su cargo todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo que involucren a empresas con sede social en territorio porteño. Este viernes, el parlamento local realizará una audiencia para avanzar con el proceso de designación de los diez jueces de primera instancia del Trabajo.
Se prevé que el fuero empiece a funcionar en abril próximo. Para concretarlo, la Casa Rosada y el gobierno macrista deberán avanzar con el traspaso de los recursos necesarios para afrontar los costos asociados a los nuevos cargos judiciales.
