La sesión comenzó con cuórum justo. Hay presión de las pymes de biodiésel. La Pampa y San Luis, rebeldes. El salteño, en el recinto. Raúl Jalil también.
Patricia Bullrich, en la sesión del Senado.
El Senado sesiona desde este mediodía con una amplia agenda y una negociación abierta por la reforma de la ley de biocombustibles, que tendrá negociaciones hasta último minuto. Patricia Bullrich logró el cuórum por un margen muy ajustado, por dos ausencias y la ausencia de los aliados de La Pampa, perjudicados por este proyecto.
Como explicó Letra P, el conflicto surge porque las pymes que producen biodiésel sin estar integradas a grandes empresas se resisten a perder participación en el mercado. Como la letra final no está definida, el expediente fue ubicado al final del temario para estirar las discusiones. Tanta es la tensión, que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se hizo presente en el recinto para negociar. También estuvo su colega de Catamarca, Raúl Jalil.
Estas provincias son beneficiadas por el aumento del cupo que tendrán los productores de bioetanol. La iniciativa fue presentada por Bullrich, quien les pidió a los senadores aliados negociar un texto para aprobar en el recinto. La sesión comenzó con 37 bancas ocupadas, lo justo.
A la ausencia por problemas de salud de Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, se sumaron las bancas vacías de los dos aliados de La Pampa que tiene el Gobierno: Victoria Huala (PRO) y Daniel Kroneberger (UCR). La reforma también afecta a las pequeñas empresas de San Luis, Buenos Aires y Santa Fe.
Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron a Letra P que hay un principio de acuerdo con la dupla radical de Santa Fe, que integran Eduardo Galareto y Carolina Losada. El primero no firmó el dictamen, pero aceptaría aprobar el proyecto si se habilita a las pymes a asociarse a las grandes aceiteras, ganadoras con esta reforma.
La disputa es por el cupo asignado a la venta de biodiesel en el mercado interno. La ley vigente de biocombustibles les asigna a las compañías más chicas la totalidad del cupo para el mercado interno, que es de 7,5%.
El dictamen eleva ese corte al 10% en 2028, pero reduce la participación de los jugadores chicos de forma progresiva, hasta un 3,5% en 2036. De esta manera, las principales aceiteras tendrían una nueva fuente de ingresos. Esta ventaja generó rebeliones en LLA: Bartolomé Abdala se demoró 12 horas en presentar el debate.
El capítulo de bioetanol tiene amplio consenso. Amplía el cupo a 12% y a 15% el año próximo, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar. El aumento equipara la capacidad de producción del sector. Hay un cambio en los precios máximos. El dictamen propone abandonar la fórmula polinómica que se aplica desde 2022 y tomar como parámetro los valores de importación.
Sáenz visitó a su senadora, Flavia Royón. Jalil se reunió con el bloque Convicción Federal, integrado por su coterráneo Guillermo Andrada, Carolina Moises (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán). Este grupo fue el último en ingresar al recinto, junto a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El radical bonaernse Maximiliano Abad se mantuvo caminando por el hemiciclo, pero finalmente se sentó. Huala hizo lo contrario: pasó por su banca y se fue para no dar cuórum. Como esta iniciativa está al final del temario, podría caerse la sesión, en caso de no haber acuerdo. Una opción que maneja Sáenz es recortar el capítulo de biodiésel, pero Bullrich se opone. Royón gestiona el texto final con Pablo Cervi (LLA).
La sesión comenzará con la aprobación de tres pliegos dictaminados hace dos semanas, por presión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de meses sin ser despachados con la complicidad de Bullrich.
Son los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal Económico) y Juan Manuel Mejuto (candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal).
La sesión seguirá con ley Inocencia Fiscal II, uno de los proyectos claves del Gobierno. Busca incentivar la declaración de fondos, con menores penalidades. Para sumar voluntades, en Diputados excluyeron de los beneficios a quienes hayan sido funcionarios en los últimos cinco años.
