Apela a viejas prácticas del autoritarismo para matar los audios de Karina Milei. Fallo fallado, amateurismo digital y patrullaje. Menos es más (interés).
Javier Milei.
Al apelar a la vieja táctica de censurar contenidos y perseguir al mensajero, Javier Milei reacciona como púgil groggy al escándalo de las denuncias de coimas de Karina Milei. El recurso desesperado de la cautelar dictada por un juez de la casta, Patricio Maraniello, para impedir la difusión de audios de la hermana presidencial pretende restaurar la censura previa.
La cobertura periodística del canal de streaming Carnaval, que había publicado los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene evidente interés público porque, como subrayan Jorge Rial y Mauro Federico, informa sobre el presunto desvío de recursos públicos por la cúpula del gobierno.
Además de inconstitucional, detener la viralización de las filtraciones es una medida torpe en la era de las redes digitales, donde tiene un efecto búmeran; es de improbable concreción y es antipático socialmente hasta para las huestes libertarias, habituadas a usar la libertad de expresión como pretexto para justificar el hostigamiento oficial a quienes piensan distinto. En su estilo barrabrava, Patricia Bullrich añadió persecución penal contra periodistas y otra denuncia de infiltración extranjera al combo.
El bozal legal para proteger el honor de Karina Milei dispuesto por Maraniello, supeditando el interés público y el acceso a la información a una hipotética violación de la intimidad de la alta funcionaria, acusada de conducir el sistema de coimas en el área de discapacidad, provocó el efecto inverso al proyectado por el Gobierno y su juez. La censura de los contenidos despertó en el público mayor curiosidad para escuchar los audios y enterarse de los pormenores del caso. Es lo que se conoce como “Efecto Streisand”. Es curioso que, con la presunta pericia digital que tendrían las “fuerzas del cielo” de la ultraderecha, ignoren una ley básica sobre la opinión pública.
Las plataformas digitales pueden manipular tendencias, porque las big tech programan algorítmicamente la dieta de contenidos con mayor visibilidad y les garantizan más exposición (por ejemplo, las cuentas validadas que pagan a Elon Musk para tener más alcance en X).
Los entornos virtuales también restan alcance a cuentas y temas de conversación, práctica conocida como “shadow banning”. Aparte, las grandes organizaciones suelen generar temas de conversación alternativos para desviar la atención sobre aquellos que les resultan molestos. Pero la ilusión de eliminar lisa y llanamente un tema instalado socialmente de las redes es improductiva.
En su cautelar, Maraniello notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), intervenido por Milei, para efectivizar el cumplimiento de su cuestionada resolución, pero el ENaCom tiene dos problemas para cumplirla: en primer lugar, carece de facultades para ello, dado que es autoridad de aplicación en medios audiovisuales, no en medios periodísticos digitales; y, a nivel operativo, es un organismo que desde diciembre de 2023 sufre el desguace de capacidades profesionales que el Presidente ejecuta en toda la administración pública, por lo que es improbable que pueda efectivizar la decisión del juez.
Tanto los sindicatos de periodistas Fatpren y Sipreba, como las organizaciones no gubernamentales FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional y hasta la patronal de empresas de medios ADEPA cuestionaron la prohibición judicial de difusión de contenidos informativos. Incluso constitucionalistas que habitualmente respaldan el ideario de Milei se pronunciaron contra la resolución de Maraniello.
A este panorama se suma el anabólico de la persecución penal promovida por Bullrich contra un medio de comunicación digital y dos de sus periodistas, Rial y Federico. La denuncia llegó a despachos sumamente amigables para el Gobierno: el Juzgado Federal Nº 12, que subroga el juez Julián Ercolini, y la Fiscalía de Carlos Stornelli.
La denuncia de la ministra de Seguridad posee todos los ingredientes del autoritarismo que los voceros gubernamentales endosan a otras formaciones políticas, nunca a las de derecha: ruido mediático para alterar el fondo de la cuestión (la denuncia de coimas que estaría gestionando Karina), delirios paranoicos de conspiración extranjera (una constante de Bullrich que, en el 100% de sus acusaciones, se demostró carente de evidencia empírica) y uso del poder estatal para acosar la disidencia.
Bullrich ya cuenta con una unidad de patrullaje de redes sociodigitales con amplias facultades dispuestas por ella misma en una cuestionada resolución ministerial, la 710 de 2024. Se trata de la Unidad de Inteligencia Artificial, destinada a “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet”, así como la llamada “Internet profunda”; a “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos”, a “crear perfiles de sospechosos”, a “analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales” y a “detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales”.
Incluso si su denuncia tuviera algún remoto asidero, la “operación de inteligencia institucional” que invoca para silenciar a Rial y Federico ameritaría, cuanto menos, una explicación acerca del fracaso de las labores preventivas que se arrogó en aquella resolución. Pero hoy el Gobierno, aturdido por un ambiente cada vez más desfavorable y una vorágine de errores propios, carece de reflejos para revisar sus propias acciones.