El escrito fue presentado por el Ministerio de Seguridad. Mauro Federico, Jorge Rial, un exjefe de la SIDE y la pareja de Marcela Pagano, apuntados.
El Gobierno busca contener el escándalo de las filtraciones.
El Gobierno puso en marcha este lunes el Operativo Blindaje para frenar la difusión de los audios de Karina Milei y presentó una denuncia penal por una "operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral". Entre los apuntados figuran periodistas, un exjefe de la SIDE, la pareja de una diputada y un empresario.
La denuncia fue presentada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, que subroga el juez Julián Ercolini. Tuvo el respaldo de la cúpula presidencial, quien delegó la estrategia judicial y política en una mesa de crisis encabezada por Santiago Caputo.
Los principales apuntados por el Gobierno fueron los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes tuvieron la primicia de los audios, el abogado Franco Bindi, pareja de la actual diputada Marcela Pagano, y Fernando Pocino, un exdirector de la SIDE que, aseguran en La Libertad Avanza, tiene vínculos con Bindi y Pagano, además de conexiones actuales en la vieja estructura del espionaje ilegal.
Las sospechas libertarias alcanzan también al empresario Pablo Toviggino, uno de los financistas del canal de stream donde se publicaron los audios, además de tesorero y mano derecha de Claudio Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La denuncia fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", sostuvo.
Las estretegias de defensa a la administración libertaria, desde el hermetismo inicial de sus funcionarios hasta las declaraciones mediáticas de los Menem, fueron diseñadas en la denominada "mesa libertaria de emergencia", que funciona en el Salón Martín Fierro del primer piso de Balcarce 50.
Según pudo saber Letra P, parte de la agenda de este lunes fue consensuada el pasado viernes en ese despacho, por donde circularon algunos integrantes de la mesa que busca apartar a Karina Milei del escándalo que sacudió al Gobierno tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Estuvieron Sebastián Amerio, el virtual ministro de Justicia, incluso con más influencia que el propio ministro Mariano Cúneo Libarona; Belén Stettler, una de las encargadas de diseñar la comunicación institucional; y Santiago Viola, apoderado del partido libertario y uno de los hombres de confianza de Karina.
Junto a Caputo estuvieron también Macarena Alifraco y Agustín Romo, que integran uno de los dos sectores del caputismo, y que suelen coordinar y diseñar parte de la narrativa libertaria en las redes sociales.
Según pudo saber este medio, fue en esta instancia en que comenzó a tomar forma la estrategia de defensa del oficialismo, que se diseñó casi en tiempo récord después de que se conocieran los primeros audios con la presunta voz de Karina, en la que si bien no se da cuenta de ningún tipo de escándalo, a diferencia de los materiales de Spagnuolo, sí se daría cuenta que fueron registraron dentro de Casa Rosada.
En paralelo, la administración libertaria solicitó a la Justicia que se prohiba la difusión de nuevas grabaciones de la secretaria general de Presidencia, después de que distintos medios de comunicación anticiparan en los últimos días la publicación de otros materiales.
En este sentido, el Gobierno pidió que "se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.
Esto implica no sólo una restricción para los imputados, sino, sobre todo, para los medios de comunicación. El documento reza una orden para que las empresas periodísticas "se abstengan de difundir en forma total o parcial los registros cuestionados", con la que la Casa Rosada buscará frenar el escándalo a pocos días de las elecciones bonaerenses.