El titular del máximo tribunal defendió a jueces ante críticas. Reclamó fondos y autarquía. Guiños al cordobesismo, palos a la reforma previsional de Llaryora.
Domingo SesIn inauguró el año judicial de Córdoba
Domingo Sesin inauguró el año judicial de Córdoba con un discurso que pareció concebido para diluir expectativas sobre una ajustada sintonía con el poder político. Varios de sus párrafos parecieron obrar, alternativamente, como defensa y avance ante un escenario social que reconoció como desafiante e inquietante.
En su primera alocución como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), cargo que ocupa por octava vez en 31 años en el alto cuerpo, versó sobre la necesidad de independencia para los jueces, virtud del funcionamiento de la división de poderes en la provincia.
Además, ensayó una reivindicación de la tarea del Poder Judicial ante crecientes cuestionamientos. Sin autocríticas, consideró que la mala imagen de la que goza la Justicia es inmerecida y parte del desconocimiento de sus tareas específicas. “Las estadísticas no reflejan la realidad completa, sino sólo fragmentos que muchas veces responden a intereses sectoriales y que se difunden por la prensa y las redes sociales”, apuntó.
Simultáneamente, aunque no omitió elogios de rigor para algunos proyectos impulsados por los sucesivos gobiernos del peronismo, disparó por elevación contra la reforma previsional que aplica desde diciembre el gobernador Martín Llaryora.
Muchas de las reflexiones de Sesin carecieron de un receptor formulado como tal. Al abrir su discurso hilvanó su primera defensa del Poder Judicial sobre cuestionamientos diluidos en una percepción general.
“(Al Poder Judicial) se le exige más celeridad, eficacia, eficiencia, elevar la confianza por parte de los ciudadanos, incrementar la seguridad jurídica, prestar un servicio con menos formalismo, más accesible y más cercano a las necesidades humanas. Sin embargo, son muchas las dificultades que hacen más compleja la actividad jurisdiccional de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados", se atajó, para luego explicar: "Tenemos que resolver múltiples cuestiones vinculadas con la inseguridad, el narcotráfico, la discriminación, la violencia doméstica, impuestos, medioambiente, conflictos provenientes de la crisis del Estado de bienestar, las vicisitudes de la economía y la política, entre otros aspectos”.
Además de dichos condicionantes, el especialista en Derecho Contencioso Administrativo destinó varios párrafos a hablar del impacto de las nuevas tecnologías, ya para herramientas como la IA, ya por la sofisticación de los delitos cometidos.
Sin embargo, el factor más elocuente de su oratoria fue otro: “La judicialización de la vida política somete a la decisión judicial una compleja problemática que repercute en los otros poderes del Estado, en el rol de la Justicia y la división de poderes”.
Mientras tales palabras salían del estrado, muchos ojos se dirigieron a la primera fila del auditorio, donde se encontraban los ministros que representaron al Ejecutivo: Julián López, de Justicia; Juan Pablo Quinteros, de Seguridad; Fabián López, de Infraestructura y Servicios Públicos; y Sergio Busso, de Bioagroindustria). En particular el segundo de ellos, quien la semana pasada volviera a plantear críticas al funcionamiento de la Justicia.
En una misma órbita, recordó que los magistrados afrontan diariamente una demanda de prisa en sus resoluciones que es incompatible con las garantías de debido proceso que rigen por mandato constitucional.
“Aun cuando incrementemos nuestro esfuerzo y compromiso en la búsqueda de alternativas y estrategias tendientes a incrementar la celeridad y prontitud procesal, debemos decir con firmeza que el proceso supone un tiempo, porque tiene el sublime propósito de garantizar el derecho de defensa de ambas partes, con pruebas y argumentos jurídicos que protegen la vida, el patrimonio y el honor de las personas, y además evita una condena injusta”, remarcó.
Con atención siguió este fragmento el senador Luis Juez, único representante de la cámara alta en el Palacio de Justicia cordobés. Por Diputados, acudieron Juan Brügge y Alejandra Torres, del bloque de Provincias Unidas.
Trascartón, Sesin destacó una serie de reformas implementadas en los últimos 30 años, plazo coincidente con su presencia en el TSJ y casi coincidente con el tiempo del peronismo en el poder provincial, tendientes a mejorar el servicio al ciudadano y la transparencia de las decisiones.
Entre ellas, resaltó la creación del Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados populares, las unidades especializadas en violencia familiar, género y penal juvenil, la policía antinarcóticos, las fiscalías de flagrancia y la creación del Ministerio Público de la Defensa, “entre otros grandes avances”.
La enumeración derivó en un reconocimiento público a la continuidad de iniciativas entre Juan Schiaretti y Llaryora, en manos de quienes el timón cordobesista sigue sumando cambios de almanaque.
Se ha contado aquí, el “Gringo” y su sucesor han movido fichas propias en el damero judicial. Más institucional uno, más decidido el otro, han intentado algo más que un simple diálogo entre poderes.
En ese marco puede leerse la referencia a que “la independencia del Poder Judicial implica el respeto de una zona de reserva constitucional, inviolable, dentro de la cual el juez debe dirimir una controversia con imparcialidad, independencia, objetividad, calidad, sin interferencias o intromisiones de la propia organización judicial, del resto de los poderes del Estado, ni de sectores que conformen los grupos de presión de la sociedad”.
Tal autonomía se garantiza también por dos aspectos centrales, explicó. Uno remite a que los jueces “no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus sentencias”. El otro, aún más crítico, apunta a la provisión de los fondos necesarios, “con una porción del presupuesto que podría ser administrado independientemente por el propio Poder Judicial”
“La independencia remunerativa se pone en evidencia cuando, como sucede también en Córdoba, el poder político aplica un sistema reglado mediante un porcentual de remuneraciones vinculadas con las de la Justicia Nacional, aunque en menor cuantía”, indicó Sesin.
De inmediato, lanzó un tiro por elevación que cruzó directo al Panal, en medio de la discusión por la reforma previsional: “A pesar de las situaciones coyunturales actuales, este Tribunal Superior y la Justicia de Córdoba no va a abandonar su política salarial de equiparación de los sueldos a la CSJN, en los porcentajes establecidos por la Ley de Equiparación Provincial N° 9725. Solicitamos su restablecimiento”, expresó.
Velada, la advertencia fue señalada por baqueanos de pasillos abovedados. En sintonía con los reclamos de empleados judiciales que protestaban fuera de Tribunales, Sesin infiere que la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria, que aumenta los aportes que realizan trabajadores estatales, activos y pasivos, altera aquel principio de equiparación.
“Los sueldos se ajustan acorde a lo que cobran los federales, pero si nos retienen una mayor parte del salario, no hay equiparación posible. Eso afectaría la ley vigente”, precisan a este medio.
No se trata de una disquisición menor. Todo indica que será el TSJ el destino final de una andanada de presentaciones que aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y gremios, per se y colectivamente, van lanzando para exigir la derogación de aquella norma.
Recordando que el alto cuerpo ha avalado ya tres reformas jubilatorias impulsadas por el PJ cordobesista, muchos daban por descontado que ese sería el camino a seguir en la actual instancia. El perfil del nuevo presidente reforzaba tal hipótesis.
Un detalle relevante omite tal presunción: esta vez, el recorte en los haberes de bolsillo afecta especialmente al personal y al funcionariado judiciales, quienes no ocultan su fastidio.
Para más, las mismas voces recuerdan que el propio Tribunal Superior no ha metabolizado convenientemente las jugadas que el gobernador ha diseñado para ganar peso en la liza judicial.
Nadie pudo trasladar esa pregunta inmediatamente a Llaryora. Su ausencia en el acto fue otro dato a destacar. Su entorno se apuró a aclarar que a esa hora lideraba una “reunión con equipos”, aseverando que participaría de una cena con el cuerpo colegiado y Ricardo Lorenzetti, el vocal de la Corte Suprema, quien con su alocución se llevó los elogios escatimados a la política.