En la provincia, hay 377 detenidos cada 100 mil habitantes. La población penal creció 116% desde 2005. El mal antecedente de Mendoza. La interna del TSJ.
Martin Llaryora, Domingo Sesin, Luis Angulo y Aída Tarditti, miembros del TSJ
Martín Llaryora homenajea a policía de Córdoba
Desde el primer lunes de marzo, a instancias de Martín Llaryora y el Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general Juan Manuel Delgado puso en marcha el Sistema Integral de Flagrancia en Córdoba, con nueve fiscales dedicados a casos de aprehensiones en el acto.
El debut del esquema coincide con un dato sensible: Córdoba registra la tasa de encarcelamiento más alta de Argentina, con 377 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes, según informes oficiales. La experiencia de Mendoza, donde un modelo similar elevó 40% la población penal, alimenta las advertencias sobre el impacto que podría tener la reforma.
La iniciativa forma parte de un rediseño de la actividad territorial de los fiscales en la capital provincial, que incluye una redefinición de sus unidades jurisdiccionales. Se trata de uno de los ejes del plan quinquenal que presentara al asumir como titular del Ministerio Público Fiscal el propio Delgado, quien cumple sus últimas semanas en el cargo.
Concretado tras un trabajo conjunto con la sala penal del TSJ, el nuevo modelo es aún objeto de reparos. Necesidades políticas, derivadas de la permanencia de la inseguridad como preocupación ciudadana, permitieron sortearlos. La ineficiencia en el combate contra el delito (siempre sobre la propiedad, rara vez contra lo económico) es ya uno de los arietes con que la oposición fustiga al gobierno cordobesista. En especial al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de creciente presencia en los medios locales.
El Sistema Integral de Flagrancia se presenta como un dispositivo para el tratamiento de los casos en los que una persona es aprehendida en el momento del hecho o inmediatamente después
La correspondiente Unidad Fiscal de Flagrancia cuenta con dos sedes, una ubicada en el cuadrante noreste de la ciudad, otra en cercanías del edificio de Tribunales II, a pocas cuadras del centro.
En total son nueve los fiscales asignados a la recepción de procedimientos policiales con personas arrestadas, la investigación inicial y el litigio ante los jueces de control.
Rige para ellos el mismo criterio de permanencia en una misma zona geográfica, base de la reorganización la administración de la seguridad en 27 distritos (con sus fiscalías), definidos en el Plan de Gestión Territorial que se aplica desde el pasado año.
Aquel plan, que se extenderá al área metropolitana, fue presentado por el peronismo cordobesista como una herramienta novedosa, en momentos en que la inseguridad se consolidaba al tope de los problemas que reconocen los capitalinos. En rigor, registra antecedentes, casi tantos como la idea de un abordaje especial de la flagrancia.
Los argumentos para su desarrollo responden también a conceptos de larga data: mejorar la respuesta frente a los conflictos penales, acercar la justicia a la ciudadanía y optimizar el uso de los recursos públicos, según expresa en su sitio el MPF.
Desde el TSJ añaden volumen filosófico: contribuir a la paz y seguridad pública, garantizando los derechos de las víctimas y personas imputadas al asegurar una respuesta rápida, gradual y efectiva.
Hasta la implementación del Sistema Integral, los casos de flagrancia de adultos se distribuían en más de 20 fiscalías con competencia general, incluyendo la asignación por “turnos” durante fines de semana, vacaciones y feriados. Para especialistas, tal abordaje alimenta la figura de puerta giratoria con que se ha denostado el funcionamiento de las instituciones de justicia.
La necesidad de “soluciones tempranas”, se basa también en referencias estadísticas. De acuerdo a datos extraoficiales, durante el pasado año más de 7.000 denuncias policiales correspondieron a casos de flagrancia. La cifra equivale a 19 casos por día.
La situación es más compleja en la capital, donde se concentra el 70% de las denuncias por robos y hurtos. Tal dimensión ensombrece uno de los índices que destaca la gestión cordobesista: la caída de un 26% en la cantidad absoluta de las mismas denuncias, junto a un descenso del 23% en homicidios.
Estadísticas y encuestas han sido empleadas para señalar moras en el avance del proyecto. Particularmente el último año, cuando se apuntó a demoras en la Legislatura para nombrar a los correspondientes fiscales. Oportunamente fue apuntado Bernardo Knipscheer, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos. Más importante para el tejido llaryorista, pareja de la diputada Natalia de la Sota, quien se muestra cada vez más lejos de la tropa cordobesista.
Más sustento tienen otras razones para explicar dilaciones. En esta iniciativa también se han colado las disputas que surcan el Poder Judicial.
Algunas de ellas admiten luz política. El acuerdo reglamentario número 192, rubricado el 20 de octubre de 2025, que resuelve la implementación del Sistema Integral de Flagrancia, lleva la rúbrica de seis de los siete integrantes del TSJ. Resalta la ausencia del nombre de Sebastián López Peña, titular de la Sala Penal del cuerpo colegiado.
Detrás de su nombre se sintetizan muchas objeciones que ha recibido el proyecto. Especialistas en derecho han advertido sobre los riesgos que implica el sistema. La más seria apunta a un menoscabo del derecho a la debida defensa para los acusados, a quienes se les puede ofrecer un juicio sumario a cambio de una pronta admisión de responsabilidad. “La aplicación de una pena privativa se convierte en una negociación entre el Defensor y el Fiscal, donde las garantías resultan debilitadas”, explican.
Subsidiario a ello, la dotación de defensores públicos alienta otra polémica. Mientras el MPF y el Ministerio de la Defensa remarcan que cuentan con un staff suficiente, abogados matriculados dudan de tal aseveración. La eventual contratación de nuevos profesionales podría habilitar otras negociaciones.
Calificadas voces piden atender la experiencia acumulada en Mendoza, donde un dispositivo similar ha sufrido varias reformas. La más reciente cuenta ya con media sanción. En el correspondiente debate, juristas remarcaron que “lejos está la justicia de flagrancia de lograr aquel anhelo de la rapidez”.
De la misma experiencia se extrae otra conclusión de potencial impacto en Córdoba. Según datos oficiales, en la provincia cuyana, desde la puesta en marcha de la Justicia de Flagrancia, en 2008, los índices de encarcelamiento aumentaron en forma considerable, mientras que la población penal se incrementó un 40%.
La sola posibilidad de emular resultados genera preocupación en quienes administran el sistema penitenciario mediterráneo. Según un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, sobre datos de 2024, Córdoba cuenta la tasa de encarcelamiento más alta de Argentina, con 377 personas presas por cada 100 mil habitantes.
El mismo trabajo destaca que la población carcelaria creció de 6802 personas, según el relevamiento de 2005, a 14736 en 2024. Es decir, un incremento del 116%. Tales magnitudes obligan a admitir una situación crítica.
Nadie duda que el crecimiento en el delito, con la consecuente creciente de la marea carcelaria, responde a la situación crítica de la economía nacional, con indicadores socioeconómicos a la baja en los últimos años.
Las diferencias responden al modo de afrontar tal realidad. No es que abunden las miradas “garantistas”; la inquietud parte de la admisión de que cualquier medida represiva puede resultar insuficiente en tal contexto.
Desde el MPF aseguran que el sistema diseñado, para cuya confección resultaron esenciales los aportes de Germán Garavano y Esteban Conte Grand (exministro de Justicia y exjefe de Gabinete del mismo ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri) aportará soluciones para descomprimir congestiones de causas que derivan en demoras.
También remarcan que la pronta respuesta judicial impactará en una disminución del universo de personas privadas de la libertad sin condena, muchas de ellas en situación de aglomeración, con pleno ejercicio de su defensa.
En corrillos tribunalicios deslizan dudas sobre la disponibilidad de recursos económicos, más escasos que los idóneos en la materia.