El ministro de Seguridad cuestionó la liberación del asesino de un policía. El gobernador de Córdoba, molesto. El Ministerio Público Fiscal muestra datos.
El ministro Juan Pablo Quinteros junto al gobernador Martín Llaryora
Al criticar públicamente la decisión de liberar a un hombre acusado por el asesinato de un policía, Juan Pablo Quinteros expresó lo que muchos piensan y pocos se animan a decir en el gobierno que lidera Martín Llaryora: hay funcionarios de la Justicia de Córdoba que no interpretan las demandas de una sociedad hastiada por los delitos.
Lo reconocieron fuentes consultadas sobre las expresiones del ministro de Seguridad provincial, quien vía redes sociales fustigara (sin nombrarlo) a Víctor Chiapero, el fiscal a cargo de la instrucción del caso.
Quinteros, uno de los ministros que ostenta mayor exposición en los últimos meses, no actuó guiado por un impulso, tampoco lo hizo desmarcándose del equipo con el que comparte gestión.
Sus palabras, que resuenan entre demandas de mano dura y endurecimiento de condenas, advierten al Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre los peligros de no sopesar debidamente la gravedad que supone el ataque directo a los encargados de la seguridad en el territorio.
Desde el cuerpo encargado de definir la política penal consideran que las parrafadas del Ejecutivo carecen de sustento lógico. Advierten que se trata de un caso considerado aisladamente y destacan que en la provincia los indicadores de seguridad son superiores a la media nacional.
Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, en el acomodado barrio Villa Belgrano, Paolo Zambelli asesinó de un balazo al suboficial Luis Azabal, en un hecho en el que sobran sospechas.
Según la primera reconstrucción, el vecino, que no sería inquilino regular, disparó desde un primer piso tras liberarse de un grupo de delincuentes que lo tenían maniatado junto a su pareja. Lo habría hecho instintivamente, sin registro de la presencia de los policías en la casa.
Las inconsistencias del relato, el arsenal hallado en la casa y presuntos antecedentes penales de su pareja diluyen las tempranas explicaciones que apuntaban a un hecho fortuito.
Pese a ello, el fiscal Chiapero, con una celeridad inusual para estos casos, decidió excarcelar al acusado, a quien adjudicó “exceso en legítima defensa”.
La resolución del instructor de la causa motivó variadas reacciones, desde la sorpresa hasta señalamientos por clasismo, considerando el perfil del acusado.
Por la tarde del sábado el ministro de Seguridad decidió hendir su formón. Desde su cuenta de X advirtió sobre “decisiones judiciales (que) generan una preocupación profunda, porque empiezan a instalar en la sociedad la sensación de que la aplicación de la ley puede depender de quién las hace”, expresó.
“Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza, y sobre todo para los hombres y mujeres que cada día salen a jugarse la vida. Exigir reglas claras significa que cada integrante de una fuerza de seguridad responde ante la Justicia por su accionar. La misma regla debe regir para quien agrede a un integrante de la fuerza”, prosiguió.
El cuestionamiento ratifica la voluntad de la gestión provincial de adherir a las políticas de endurecimiento en materia penal que impulsa el gobierno nacional que preside Javier Milei y tiene como novel ministra de Seguridad a la cordobesa Alejandra Monteoliva.
Precisamente, el compromiso entre ambas administraciones tuvo otra muestra este lunes, en la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior, que se escenificó en la ciudad de Córdoba.
En dicho encuentro, del que participan funcionarios provinciales jefes policiales y autoridades judiciales, Monteoliva remarcó el rumbo conjunto: “La seguridad no puede gestionarse en solitario: requiere intercambio de información, trabajo operativo conjunto y una mirada compartida sobre los problemas que enfrentamos”.
En Córdoba, como en otras latitudes, se pide una inflexible interpretación de la ley, eufemismo para no hablar de mano dura, como primer paso para afrontar la inseguridad.
Además, desde la cartera de Seguridad se apunta decididamente a la iniquidad en el abordaje de causas que involucran a efectivos policiales. Según se razona, el rigor con que se abordan los casos de violencia institucional (concepto reconocido en el fallo del caso Blas Correas) se diluye cuando “las víctimas son los canas”.
La apreciación es compartida por otros funcionarios provinciales y puede marcar un mojón en el vínculo entre los poderes Ejecutivo y Judicial. En abierto contraste a lo que expresara Juan Schiaretti, su antecesor, la gestión llaryorista no se amilana a la hora de sentar posición respecto del accionar de jueces y fiscales.
La necesidad de redefinir el enfoque en materia de política penal, so pretexto de brindar rápidas soluciones a los reclamos, ha sido una guía para los cambios impulsados desde el Panal en distintos estamentos de la Justicia.
Desde el MPF mantienen su política de no responder públicamente a las críticas vertidas desde otras órbitas estatales. No obstante, afirman que el abordaje del caso en cuestión no responde a criterios lógicos. “Es un caso aislado. No hay antecedentes en tiempos cercanos. Si fuese una constante sí ameritaría otro análisis”, dicen en estricto off.
Dicho aislamiento también indica que cada fiscal actúa acorde a los elementos provistos por su propia investigación. “No hay una bajada de línea, no puede haberla por la propia Ley Orgánica. Eso deberían saberlo. Hay que analizar las razones que tiene el fiscal antes de opinar”, remarcan.
De cualquier manera, suman a la discusión una serie de indicadores que desde el propio ministerio de Seguridad han realzado. “En 2025 se ha reducido notoriamente la tasa de homicidios y son contados los casos que no se resuelven. Junto a ello, tenemos, proporcionalmente, la mayor proporción de personas encarceladas. Eso también niega la existencia de una puerta giratoria, como deslizan por ahí”, añaden.
“Estamos implementando el sistema de fiscalías de flagrancias, que en pocas semanas ha dado buenos resultados. Eso reducirá la cantidad de casos pendientes y personas con prisión preventiva Seguimos implementando un criterio de territorialidad para las fiscalías, en acuerdo con el TSJ y el Ejecutivo”, hilvanan para rebatir observaciones.
Sintetizando, destacan que todas y cada una de las acciones tomadas por los representantes del MPF se hacen “con la ley en la mano”.