El gobernador logró mayoría en tres órganos colegiados. Julián López, Héctor David, Eduardo Bittar y Juan Aráoz, con chances de picar en la Corte provincial.
Martin Llaryora, Luis Angulo y Aída Tarditti, en la apertura del año judicial en Córdoba
En la última sesión del 2025, en el penúltimo día hábil del año, Martín Llaryora obtuvo el aval institucional que necesitaba para completar la primera parte del complejo rompecabezas que cuidadosamente arma en el tablero de la Justicia de Córdoba.
Tras una hora y media de debate, con los votos propios del bloque, más aliados usuales, el oficialismo logró que la Legislatura aprobara un proyecto conjunto con los siete pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la órbita del Poder Judicial.
Como contó Letra P, con esas fichas ya desplegadas, más otras refrendadas durante el año, el gobernador se asegura el control de tres de los cuatro principales órganos de la Justicia mediterránea. El recuento marca mayoría en el Ministerio Público Fiscal, con la llegada de Carlos Lezcano y Néstor Gómez, y en el Ministerio Público de la Defensa, con el nombramiento de Jorge Folloni. Nadie imagina aún disidencias en la flamante Procuración Penitenciaria, con cinco puestos ya cubiertos.
No obstante, en un ejercicio de ambición que le gana tanto críticas como reconocimiento, Llaryora ya analiza la próxima movida, que tendría como objetivo ocupar al menos una de las dos bancas que podrían quedar vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.
Actualmente, el máximo tribunal de la provincia cuenta con siete sillas. Hasta 2027, la principal estará en manos de Juan Domingo Sesín, electo por séptima vez.
Según distintas especulaciones, para el mismo año podría producirse la renuncia de los dos vocales de mayor edad, el saliente presidente Luis Angulo, quien cuenta 75 años, y Luis Rubio, quien peina 83 primaveras.
El exministro de Justicia de Juan Schiaretti suele moverse con sigilo; Rubio, quien ingresara al alto cuerpo en 1995, con aval del exgobernador Ramón Bautista Mestre, ha anunciado que dejará su cargo en diciembre de 2027, en la antesala de la ceremonia de consagración de un nuevo gobierno provincial.
A falta de dos años, descontando que Llaryora irá por su reelección, se presta especial atención a varios nombres que aparecen ya como potenciales aspirantes a tales vacantes. Se trata de personas de confianza del mandatario, rasgo que también amerita reconocimientos y diatribas por igual.
Julián López es la referencia que encabeza las especulaciones sobre postulantes. El ministro de Justicia y Trabajo de la provincia reúne varios de los atributos que, entienden operadores, se requieren para el puesto. Lealtad política, vínculos institucionales, diálogo con principales actores y “conocimiento del paño”, son algunos de ellos. De “foja limpia”, es de los funcionarios provinciales con mejor imagen en círculos de poder. Tampoco suele ser blanco del fuego opositor.
Abogado, extitular alternativo de tres ministerios (Justicia, Seguridad, Agricultura), su alineamiento con el peronismo cordobesista y la confianza que deposita en él Llaryora son reconocidos. Menos notables son los antecedentes académicos, fustigan detractores de turno.
La referencia no es menor. Conocedores de las inquinas palaciegas recuerdan la plena vigencia de procesos endogámicos que resultan decisivos, si no para el arribo, al menos para la continuidad y autonomía de un funcionario en las altas esferas judiciales.
La facilidad para impulsar un nombre suele no condecirse con su receptividad. Desde el entorno del exintendente de Melo desmienten cualquier interés prematuro. El camino a 2027 requiere el paso por un 2026 que será decisivo para la continuidad del proyecto llaryorista. Lo sabe también Nadia Fernández, quien dejará su banca para sumarse como número dos de López.
Un viejo razonamiento ofrece una explicación profana para los procesos de selección. Especialmente para el máximo órgano, hay que sopesar cuatro atributos: prestigio académico; conocimiento profundo del derecho, en tanto ciencia en evolución; trayectoria profesional (muchas veces rubricadas por la pertenencia a renombrados estudios); contactos políticos. La preminencia de los últimos suele ser mal valorada por quienes ya han accedido a funciones supremas.
En Córdoba, resulta inevitable que el análisis para todas las postulaciones de los últimos años, ya en el TSJ, ya para el MPF u organismos recién creados, comiencen por un escaneo del pasado político.
La designación como tribuna de Jessica Valentini, exfuncionaria municipal, exdefensora del Pueblo, permitió una actualización del debate que se ha extendido especialmente para las postulaciones de Lezcano, Gómez y Alejandro Pérez Moreno al MPF. Un poco menos riguroso ha sido el análisis para los cuatro cupos cubiertos en la Procuración Penitenciaria y el Ministerio de la Defensa.
“Si no sabés de derecho, se te pueden volver en contra. Muchas veces se vuelven refractarios, no importa si vos mismo impulsaste su pliego. Llegado el caso, hasta pueden dejar de darte bola”, analiza un baqueano de Tribunales que recuerda casos vernáculos.
Sus palabras cambian el equilibrio de cualquier ponderación. En épocas de inestabilidades institucionales, con movimientos pendulares en América, la lealtad cotiza en alza. Temerosos, los titulares de Ejecutivos terminan priorizando la fe en la causa por sobre otro atributo.
La danza de posibles pretendientes incluye a cuatro hombres y una mujer. Avalada como titular de la Procuración Penitenciaria, muchos apuntan a Bettina Croppi. Quienes la impulsan le asignan conocimiento de áreas clave del derecho penal, perspectiva de género y capacidad de articulación. También una sintonía schiarettista que la ubicaría en línea sucesoria directa de Angulo. Otras voces creen que su reciente nombramiento inmoviliza sus chances.
Héctor “Chirola” David es otro nombre que sobrevuela hace tiempo. Exministro de Justicia, exfiscal General, actual adjunto en el MPF, acumula conocimiento y experiencia en la diaria y en la articulación con los otros poderes. Peronista delasotista, que no reniega de su condición de tal, ha ganado cercanía con Llaryora. Aunque parece cómodo en la articulación desde los pliegues, quienes lo conocen aseguran que nunca ha perdido voluntad de poder. Ni siquiera para aceptar jugadas con las que, prima facie, podría ver limitada su autonomía.
Otros observan la trayectoria de Eduardo Bittar. Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, viene acumulando volumen en distintas arenas judiciales. De trato directo con los tribunales, le valoran su trayectoria como profesional cotidiano. Con antecedentes académicos y vínculos de primer nivel, también fuera de la provincia, se lo menciona como aspirante natural. En su entorno diluyen cualquier discusión. “No está en sus planes”, repiten. Remarcan que hoy su prioridad pasa por la gestión del Colegio, al que quiere consolidar como polo de los grandes debates jurídicos a nivel nacional.
También aparecen en el radar nombres próximos a Llaryora. Uno es el de Juan Manuel Aráoz. Abogado también, acompaña al gobernador desde los tiempos de la corriente “El peronismo que viene”, con la que ganaron espacio en la interna. Administrador general de la Justicia de Faltas en la Municipalidad por seis años, fue recientemente nombrado como secretario de Seguridad, por debajo del ministro Juan Pablo Quinteros. Por entonces, sonaba tanto para el MPF como para la Procuración Penitenciaria.
Misma consideración de fidelidad se le reconoce a Pablo Venturuzzi, presidente de APROSS (la obra social de los estatales). Sanfrancisqueño como una decena de funcionarios en puestos clave, con perfil en derecho empresario, también fue parte de la gestión llaryorista en la Municipalidad.
La lista no se agota con estas menciones. Pero, aún dentro del peronismo, las movidas no gozan de consenso unánime. Nadie duda de la necesidad de plantar referencias propias en la Justicia. Pero todos piden ser cuidadosos para no abrir flancos políticos y, sobre todo, no desafiar las ínfulas cortesanas. O casi todos.