Los conflictos por la reforma previsional, en el horizonte del nuevo titular de la Corte de Córdoba. Vetos cruzados y una decisión clave de Jessica Valentini.
Juan Domingo Sesin, nuevamente presidente del Tribunal Superior de Justicia, merced a una jugada clave adjudicada a Martín Llaryora
Juan Domingo Sesin será el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba durante el 2026. Como anticipara Letra P, su nombre fue ganando predicamento como una salida “institucional” a una recrudecida interna. Su confirmación en el máximo sillón fue posible gracias a una estratégica jugada de Jessica Valentini, la vocal cercana a Martín Llaryora.
Sesin ocupará la presidencia por octava vez en los 31 años que completará en el TSJ. La primera había sido en 1999, cuatro años después de su ingreso al máximo cuerpo. La última en 2023, siendo antecesor de Luis Angulo, quien deja ahora el cargo tras dos años consecutivos.
En esta ocasión, su desafío será distinto. Además de los rezagos de las disputas palaciegas, en el horizonte judicial aparece ya la litigiosidad que prometen los gremios estatales a partir de la implementación de la reforma previsional aprobada por la Legislatura el pasado miércoles.
Abogado y notario, el CV de Sesin impacta por su volumen. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma casa de estudios.
Allí también se desempeña como profesor titular de la Cátedra Derecho Procesal Administrativo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En paralelo, Es docente de postgrado de la Universidad Austral y otras casas de altos estudios.
Realizó la Especialización en Ciencias Administrativas en la Universidad de Roma y es Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. También estuvo al frente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
Con todo, un dato destaca especialmente en el contexto de fin de año. Desde su ingreso mismo al TSJ, Sesin preside la Sala Contencioso Administrativa. A su jurisdicción corresponde el análisis y resolución de los recursos con que personas y empresas cuestionan actos o contratos de la Administración Pública que consideren ilegales, arbitrarios o perjudiciales para sus derechos.
A esa misma sala acaso quepa resolver sobre cientos de acciones legales que preparan los sindicatos cuyos representados, activos y pasivos, se verán afectados por lo que el gobierno provincial presenta como Ley de Equidad Jubilatoria, iniciativa que otorga discrecionalidad al Ejecutivo provincial para modificar los aportes que realizan miles de trabajadores a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Aunque se descuenta que muchas presentaciones quedarán en los tribunales de primera instancia y otros tantos tendrán similar suerte en las Cámaras de Apelaciones, donde el peronismo en general y Llaryora en particular también mueven sus hilos, los gremios aseguran que cuentan con voluntad y determinación para agotar todas las instancias posibles en defensa de sus derechos adquiridos.
Sesin lleva en el TSJ tantos años como el peronismo en el poder. En ese interregno asistió a tres reformas del sistema jubilatorio provincial, las más sonadas por cuenta de Juan Schiaretti. Nunca como presidente, siempre como voz calificada en la materia.
Más difícil ha sido, siempre, certificar autorías intelectuales de los acuerdos políticos que permitieron a los tres poderes republicanos actuar en sintonía para convalidar iniciativas de gobiernos que, mediante interpretaciones cuestionadas, modificaron cálculos y modificaron haberes previsionales, siempre a la baja, siempre bajo argumento de afrontar el rojo de la Caja.
Ahora, con Llaryora como estandarte de una renovación generacional, el peronismo intenta presentar la reforma como una redistribución hacia casi 60 mil pasivos (poco menos de la mitad del total) que perciben menos de 1,3 millones de pesos por mes. Los 10.000 de la cúspide, que se verían directamente afectados, no están tan dispuestos a digerir la estrategia.
No sólo en esa puja deberá revalidar sus conocidas dotes de componedor el reconocido catedrático. Acaso en sus primeras acciones deba atender las derivas de la dura disputa abierta, desde hace meses, por la sucesión de su antecesor.
Hace sólo semanas se daban por descontadas dos variables a cumplir para definir a la nueva presidencia: el mando administrativo volvería a la poderosa Sala Penal y quedaría en manos de una mujer. Las vueltas de rosca y el juego político al interior del máximo órgano disolvieron los indicios de acuerdo.
La demorada resolución, originalmente prevista para el pasado martes, llegó el fin de semana, tras una tenida entre dos grupos que endurecieron posiciones cada día. Sesin se encolumnó con el laboralista Angulo y con Aída Tarditti, reconocida militante por la equidad de género. Del otro lado quedaron Sebastián López Peña, rival de ésta en la interna penal (especialmente por la iniciativa aún no concretada de las fiscalías en flagrancia), Luis Rubio (que con 83 años anticipó que se jubilará luego de la elección del próximo gobernador) y Marta Cáceres de Bolatti, quien preside el decisivo Consejo de la Magistratura de Córdoba.
La falta de acuerdo se extendió hasta el límite de las interpretaciones. En una extraña coda, se terminó adjudicando a Tarditti y Cáceres de Bolatti una intransigencia que, sin real interés para ocupar el cargo per se, resultaría decisiva para impedir que una mujer ocupase la presidencia tras cinco años de presidencias de hombres. La última mujer había sido Bolatti en 2020
Correspondió a la vocal nombrada por Llaryora, funcionaria de estricta confianza y pariente lejana del gobernador, resolver la situación. Con su voto la balanza se inclinó por Sesin, quien por entonces ya descontaba con su adhesión.
El entorno de la más novel de las cortesanas mantiene mesura a la hora de validar interpretaciones. Admiten, con sobradas razones, que la situación excede las lecturas lineales.
Poco importan tales pedidos en los corrillos tribunalicios. Para la mayoría de los versados en la materia, la jugada responde a la estrategia que ha ido desarrollando el gobernador en el espectro judicial. Aunque muchas tienen que ver con dotar de poderío a instancias paralelas al TSJ, no por ello dejará de hacer valer su ficha allí.
Sobre todo, atendiendo a los conflictos que ya avizora, cuya resolución resulta imperiosa para un proyecto reeleccionario sujeto a ajustes tras el 26-O.