Nuevo guadañazo por casi $3 billones. Suben trenes, colectivos y energía para reducir subsidios y cumplir con la meta fiscal con la caja en rojo.
A cuatro meses de su aprobación, Javier Milei impuso un nuevo ajuste en el Presupuesto.
Javier Milei profundizó el ajuste con nuevos recortes en el Presupuesto publicados en el Boletín Oficial, mientras la recaudación sigue cayendo en términos reales. La combinación de menos actividad, poda de subsidios y suba de tarifas empieza a mostrar una dinámica que preocupa incluso entre economistas cercanos al equilibrio fiscal: el ajuste reduce gasto, pero también erosiona ingresos y consumo.
La novedad es que el Gobierno aumentó la meta de superávit financiero de forma drástica. Pasó de un Presupuesto que preveía apenas $226.469 millones a uno de $3,2 billones. Es decir, multiplicaron por 14 la meta de ahorro para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los recortes se registran en partidas sensibles como salud, ciencia e infraestructura, al priorizar el financiamiento de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y las partidas para sueldos del Poder Judicial.
La administración libertaria volvió a acelerar el recorte del gasto público mediante la Decisión Administrativa 20/2026, con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Toto Caputo. La medida busca garantizar un excedente equivalente al 2,2% de los recursos totales, al blindar el cumplimiento de las metas fiscales.
La norma dispuso rebajas de partidas presupuestarias en 211 programas de distintas áreas del Estado apenas cuatro meses después de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso. En los considerandos, el Gobierno sostuvo que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
La decisión oficial llegó en un contexto en el que los ingresos fiscales continúan deteriorándose en términos reales, según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Allí se advirtió que los ingresos totales de la Administración Pública Nacional cayeron 4,3% interanual ajustados por inflación en abril, mientras que los ingresos impositivos retrocedieron 4% y las contribuciones a la seguridad social bajaron 4,1%.
El director de Analytica, Claudio Caprarulo, recordó en una entrevista radial que “en las pautas del Presupuesto estaba que iban a bajar los subsidios respecto al PBI”, y señaló que “transferencias a provincias y programas sociales es donde más cae”.
Entre los recortes más importantes oficializados por el Gobierno aparecen partidas vinculadas a salud, infraestructura, ciencia y asistencia federal.
“Adorni aplica la guadaña presupuestaria más insensible desde la recuperación de la democracia”, detalló el director del Instituto Consenso Federal, Topo Rodríguez.
“Los recortes que se aplican pueden catalogarse objetivamente como despiadados y de una insensibilidad sin límites”, describió.
Los recortes más drásticos se concentraron en la infraestructura crítica, la salud y la asistencia federal:
Infraestructura y rutas: Vialidad Nacional sufrió la eliminación total (-100%) del presupuesto para mantenimiento de puentes y estructuras, y un recorte del -99% en obras de seguridad vial. Se paralizaron acueductos clave en Tucumán, Salta, Chubut y Chaco.
Salud y medicamentos: se quitaron $20.000 millones al programa de Acceso a Medicamentos y $5000 millones a la prevención y tratamiento del cáncer. También hubo recortes en el hospital Malbrán y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
Asistencia a provincias: el programa de Relaciones con las Provincias (ATN) fue vaciado en $320.711 millones, eliminando el auxilio financiero del Tesoro hacia el interior.
Ciencia y soberanía: la política en Ciencia y Técnica perdió $8763 millones, mientras que los proyectos satelitales y las acciones diplomáticas por Malvinas sufrieron quitas millonarias.
Servicios básicos y seguridad: se ajustaron partidas de AySA (-$ 21.437 millones), el Servicio de Bomberos, Parques Nacionales y el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
La política de reducción de subsidios también impacta sobre el transporte público. El Gobierno viene habilitando nuevos aumentos en colectivos y trenes, en línea con la meta oficial de seguir reduciendo el peso de las transferencias económicas sobre el gasto total.
Por caso, la Secretaría de Transporte oficializó un nuevo cronograma de aumentos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir del 18 de mayo, el boleto mínimo de colectivo con SUBE registrada subirá a $714, iniciando un sendero de actualizaciones del 2% mensual hasta julio.
Por su parte, los trenes metropolitanos sufrirán un impacto mayor: la tarifa mínima saltará de $280 a $330, con incrementos escalonados que alcanzarán un 15% en junio y continuarán hasta septiembre, castigando con el doble del valor a quienes no posean la tarjeta registrada.
En el informe de ASAP se destacó que las transferencias corrientes, en las que se incluyen gran parte de los subsidios económicos, cayeron 13,5% interanual real en abril. A su vez, las transferencias a provincias se desplomaron 53,9%.
La combinación de menores subsidios y aumentos tarifarios empieza a impactar sobre el bolsillo de las personas usuarias en un contexto en el que el consumo masivo y la actividad muestran señales de debilidad.
El informe de ASAP marcó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 1,1% real interanual, afectado por menor nivel de importaciones y mayor adhesión a planes de pago.
Pese al deterioro de los ingresos, el Gobierno logró mantener el resultado fiscal positivo. En abril, el superávit financiero fue de $1,56 billones y el primario alcanzó $1,87 billones.
Sin embargo, ASAP advirtió que parte del resultado fiscal no refleja intereses capitalizables de instrumentos como LECAP y Boncap. El informe señaló que “si esos instrumentos tuvieran el esquema más convencional, el Resultado Financiero dejaría de ser de equilibrio, para ser un resultado de carácter deficitario”.
En paralelo, el Ejecutivo incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente, llevando el total autorizado a más de $712.000 millones.
Mientras tanto, el gasto primario acumuló una caída real de 4% en los primeros cuatro meses del año, con fuertes reducciones en transferencias corrientes, gasto de capital y recursos enviados a provincias.
La dinámica fiscal empieza a mostrar una tensión creciente, porque mientras el ajuste permite sostener el superávit, al mismo tiempo golpea sobre sectores sensibles de la economía y reduce ingresos tributarios asociados a la actividad.
Los datos de ASAP mostraron que los derechos de exportación cayeron 27,3% real interanual y los derechos de importación retrocedieron 12,5%, reflejando menor movimiento del comercio exterior. Además, las contribuciones a la seguridad social también se contrajeron, afectadas por deterioro salarial y mayor adhesión a planes de pago.
Con menos subsidios, obra pública frenada, caída de transferencias y tarifas en aumento, el Gobierno profundiza una estrategia fiscal que busca blindar el superávit, aunque cada vez aparecen más señales de que el ajuste también empieza a impactar sobre la recaudación y el nivel de actividad.