El intendente propone elecciones directas en los centros descentralizados. La dimensión electoral y el temor a las nuevas pujas ponen en jaque la iniciativa.
Daniel Passerini analiza la conveniencia de presentar un proyecto de reforma de la Carta Orgánica municipal.
Daniel Passerini, en el nuevo Concejo Deliberante.
Aún antes de ser formalmente elaborado, el proyecto que evalúa el intendente Daniel Passerini para reformar la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba se ve atravesado por controversias. De origen diverso, todas operan como frenos para su eventual formalización.
Algunas objeciones apuntan a la inconveniencia de abrir un proceso de debate que, más allá de su valía institucional, parece lejano a las apremiantes necesidades de buena parte de la ciudadanía.
Otras reflejan resquemor por una inevitable contaminación con especulaciones políticas. Aunque se presente a la descentralización administrativa y el cuidado del tejido social como objetivos centrales de la reforma, muchos tamizan con finalidad electoralista la iniciativa. Tal temor se justifica, también, ante el internismo al que, prematuramente, se han arrojado ya distintos dirigentes del peronismo provincial.
Sobre ese trasfondo, el Ejecutivo municipal ha salido rápidamente a impugnar los dos aspectos que podrían operar como catalizador de las disputas. Primero, desmintiendo la posibilidad de proponer una re-reelección para el actual intendente, hoy vedada por el mismo marco normativo. Se sabe, el médico ha sido vice de su antecesor, Martín Llaryora.
Luego, matizando la intención de impulsar, al menos para un plazo inmediato, la elección por voto ciudadano de directores de los Centros de Participación Comunal. Actualmente, tal decisión corre por cuenta del mismo Ejecutivo, desde donde se suelen mensurar equilibrios, premios y castigos sobre una trama de internas.
La Carta Orgánica para la ciudad de Córdoba fue sancionada en 1995 durante la gestión de Rubén Martí. Intendente radical, su doble gestión goza de un reconocimiento transversal que opera como antecedente para la legitimación del Partido Cordobés.
Pionero de la descentralización administrativa, cuatro años antes había promovido la creación de los CPC (hoy son 16) como símbolo y sede para la desconcentración operativa del municipio.
Treinta años después múltiples voces plantean una actualización de aquel marco normativo. El desordenado crecimiento de la mancha urbana, con su consiguiente impacto ambiental, la digitalización de procesos corrientes y la creciente integración de la capital con las ciudades vecinas (área metropolitana) son conceptos presentes en cada análisis.
Desde el gobierno municipal reconocen que estas temáticas deben formar parte de una discusión que ha iniciado con el Precongreso de Participación Ciudadana, antesala del III Congreso de Participación Ciudadana y Descentralización.
A esas instancias han sido invitados importantes instituciones de la sociedad, entre las que destacan las universidades públicas y privadas con sede en la ciudad. También cámaras y entidades empresarias, actores habituales desde el inicio del cordobesismo.
En las mesas, la intendencia marca otros puntos plausibles de análisis. El más importante es la revisión del Código de Convivencia, compendio de normas que define y sanciona actos contravencionales.
Dos preocupaciones convergen allí. Por un lado, el avance del narco, correlato de un incremento en el denominado “consumo problemático” y las adicciones. Por otro lado, el incremento en las manifestaciones de la “violencia social”, especialmente contra personal médico y la recientemente creada guardia urbana municipal.
Según la lectura del passerinismo, ante una crisis económica que impacta de múltiples maneras, con proyecciones que auguran un empeoramiento de las condiciones de vida para vastos sectores, al cuidado de la “paz social” torna imperioso.
“Quizás pueda resolverse con ordenanzas, pero creemos que hay que adecuar los mecanismos de vinculación con la sociedad. Necesitamos nuevas mallas de contención. Esto es algo que se evidencia sobre todo después de la pandemia”, dicen voces cercanas al intendente.
El aspecto más controvertido de una eventual reforma de la Carta Orgánica tiene melodías electorales. Hasta aquí, el Palacio 6 de Julio las interpreta con sordina.
El énfasis para rechazar cualquier posibilidad de intento de “re-re” para Passerini se repite ante la posibilidad de reconsiderar la denominada mayoría automática en el Concejo Deliberante. Según explican, la garantía de mitad más uno, en el recinto capitalino, para la fuerza ganadora en las elecciones está fijada en la Constitución Provincial, letra fuera de la órbita de estas discusiones.
Más factible resulta la definición de un proceso que permita la elección directa de las autoridades de los CPC por parte de los vecinos de cada barrio. El modelo que se mira es el de las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades descentralizadas con amplias competencias, que incluyen administración patrimonial y elaboración de presupuestos participativos.
Los riesgos de tal movida tienen tonada mediterránea. Con buena parte de la dirigencia capitalina adelantando páginas del calendario, las cúpulas temen que cualquier instancia electiva opere como preludio de la batalla que esperan para el 2027.
La primera preocupación es por la propia tropa, que cuenta con al menos media docena de potenciales aspirantes de cuño propio y un par más de sectores fusionados al Partido Cordobés.
Las conjeturas también incluyen la fortaleza de una oposición que sigue señalando debilidades a la actual gestión municipal. “No arranca”, repiten referentes de Juntos por el Cambio. “No hay plata”, admiten dirigentes de segunda línea.
En un contexto más complejo que el del pasado año, las ínfulas oficialistas han dado paso a un cauteloso cálculo sobre las chances de retener la dirección de los Centros de Participación en caso habilitar una compulsa. “Podríamos perder la mayoría de los CPC”, admite una fuente calificada.
Antes de perderse en el silencio, las especulaciones vuelven al punto original. Para todos la misma partitura: las conversaciones sobre la reforma deben ajustarse a la redefinición del vínculo con los ciudadanos y las instituciones, a partir de un avance en la descentralización administrativa.