El intendente de la capital colocará una letra por monto récord para surfear la pesada herencia. Pese a la motosierra de Milei tratará de cumplir su plan.
Daniel Passerini analiza la articulación público-privada para financiar obras en Córdoba
Daniel Passerini flanqueado por Javier Pretto y Rodrigo Fernández, dos que suenan para su sucesión.
Frente a un horizonte tallado por la motosierra de Javier Milei y condicionado por restricciones de vieja data, Daniel Passerini baraja alternativas para evitar ralentizar prematuramente su gestión como intendente de Córdoba y cumplir con lo prometido en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.
Algunas ya son concretas, como la emisión de deuda que se realizará el martes 19 de marzo. Será a través de la colocación de una letra del tesoro, por 30 mil millones de pesos, monto récord desde que el municipio decidió apelar a esta herramienta de financiamiento en el mercado.
Según explican en el Palacio 6 de Julio, con esta emisión cumplirán con el pago de 25 millones de dólares correspondientes a una cuota de los bonos emitidos por Ramón Mestre durante su segundo período como intendente (2015-2019). De tal manera, evitarán caer en el temido default a sólo tres meses de asumir.
En paralelo, aunque públicamente presenta como garantía un superávit corriente superior al 20%, producto de un ordenamiento administrativo, el intendente de la capital ya analiza una readaptación de los convenios que enmarcan la concertación público-privada para asegurar el plan de obras públicas que presentara hace sólo dos semanas.
Ambas decisiones cuentan con antecedentes recientes en la administración mediterránea. Todos fueron objeto de encendidas críticas por quienes ocupaban roles de oposición, incluido el peronismo; todos han sido definidos como condicionantes para gestiones futuras.
El intendente sabe que no sólo debe cumplir con los compromisos refrendados el pasado 1 de marzo. Político al fin, entiende que necesita rubricar el encadenamiento con la gestión de Martín Llaryora, atributo que esgrimió en campaña y puede haber resultado decisivo para su elección.
Desde allí también debe proyectar su futuro político. Limitado a cuatro años en su rol de alcalde, necesita dejar huella propia en su paso por un municipio cordobés al que tantos consideran una ciénaga.
La promesa de obras públicas alterna algunas de alto impacto, como la finalización del nuevo edifico para el Concejo Deliberante y la refuncionalización de importantes avenidas, con otras menos visibles, pero que suponen tanto continuidad como respuesta a reclamos concretos: desagües, colectores cloacales y pavimentación. Para todas ellas, afirman voces oficiales, se continuará con licitaciones públicas, a través de subastas electrónicas.
No obstante, en el horizonte mediato ya aparecen los convenios de articulación público-privada, una herramienta que analizan con creciente atención en las mesas de decisión.
La concertación entre Estado y privados reconoce diferentes modelos. Durante su gestión, Ramón Mestre permitió a importantes grupos realizar proyectos inmobiliarios por fuera de los códigos de edificación, según zonificación, que rigen para la ciudad. A cambio, éstos debían realizar obras públicas. La laxitud predominó sobre los controles para tales compromisos.
El propio alcalde radical debió afrontar el compromiso asumido por el gobierno provincial con el Grupo América, al que vendió terrenos del Ejército ubicados en una valiosísima zona. La resistencia de vecinos obró como primer freno. Luis Juez, en su intendencia, obturó el avance de cualquier proyecto.
Desde entonces, centros vecinales y autoconvocados vinculan tales acuerdos con un deterioro en la calidad de vida en barrios definidos como residenciales. Un caso reciente involucra al propio Llaryora por la habilitación de torres en la reserva San Martín, pulmón verde de la zona noroeste.
Atento a ello, Passerini prometió que actuará apegado a la normativa. Incluso para convenios urbanísticos ya aprobados. “La ordenanza para la mancha urbana busca que los desarrollos se concreten dentro de la ciudad, no en zonas que tienen otro destino. Vamos a ser muy exigentes para ordenar la explosión desarrollista”, advierten desde el gobierno.
En la Municipalidad muestran el funcionamiento de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC) como ejemplo de articulación entre el accionar privado y el desempeño del sector público.
Nacida en 1997, esta entidad, integrada por cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades y la Municipalidad, tiene como objetivo la “promoción del desarrollo económico y social de la ciudad y su región metropolitana”
La referencia no sólo es presentada como aval para un accionar libre de sospechas. También marca otro hito para una gestión caracterizada como moderna y eficiente, a la que se adjudica un superávit primario que permite contar con un 20% de ingresos de libre disposición, destinados a priorizar la obra pública.
No obstante, no resultan suficientes para asegurar un avance según los plazos originales. El recorte de fondos dispuesto por el gobierno de Javier Milei para las administraciones provinciales y municipales (transporte y educación entre otros) arroja incertidumbres que obligan a replantear prioridades. “Quizás vayamos a otro ritmo, pero vamos a cumplir con lo planteado”, subrayan fuentes oficiales.
Sobre ese escenario se cierne el fantasma de un imprevisto default, temor que opera como justificación para la temprana emisión de deuda.
Como contara Letra P, Córdoba es el único municipio del interior con pasivo en moneda extranjera. La nueva deuda que la Municipalidad tomará, a través de Letras del Tesoro, se empleará para el pago de la primera cuota de capital de la refinanciación del empréstito tomado por Mestre, por 150 millones de dólares, con vencimiento el 31 de marzo.
El municipio apuró el procedimiento ante la negativa de los acreeedores a una postergación de vencimientos. La nueva letra tendrá un año de plazo. En paralelo, con la recaudación en caída, el mismo martes deberá afrontar un pago de intereses por 1.472 millones de pesos de otra letra, emitida por su antecesor.
Toda cancelación apuntará a evitar el default, condición para acceder a nuevas vías de financiamiento. Sin embargo, el monto de la emisión (30 mil millones de pesos), limita seriamente la posibilidad de nuevos endeudamientos: el Ejecutivo cuenta con cupo máximo de 49 mil millones de pesos para tal fin, según el Presupuesto 2024.
Pese a tal eslabonamiento de pagos, el equipo de Passerini elige hablar de eventuales demoras, no de cancelación de obra pública. Cinco lustros después, nadie desdeña uno de los atributos que aún vocea el peronismo cordobés.