La Convención debatirá a partir del 14 de julio la modificación de artículos que cambiarán el funcionamiento político, judicial, económico y en seguridad.
La Convencional Constituyente debatirá la reforma de la Constitución provincial de Santa Fe.
La reforma constitucional en Santa Fe abre la posibilidad de modificar 42 artículos de la Carta Magna, incorporando derechos y garantías. Los 69 convencionales iniciarán el próximo 14 de julio un debate que se extenderá por 40 días, con la posibilidad de ser extendido otras 20 jornadas.
Las diez claves de la reforma incluyen asuntos vinculados con la política, la economía, la justicia y la seguridad que pueden cambiar el mapa político santafesino después de 62 años.
La inclusión en el texto constitucional de la posibilidad de un segundo mandato consecutivo para quienes ocupan la gobernación y la vicegobernación fue uno de los asuntos centrales en la campaña electoral de las elecciones del 13 de abril y será de los temas más discutidos durante la Convención constituyente. Santa Fe es una de las dos únicas provincias que permite un sólo período para los máximos cargos ejecutivos. La otra es Mendoza.
La discusión será en dos sentidos. Primero, se debatirá sobre la habilitación para que quien ocupe la gobernación pueda permanecer dos períodos consecutivos. Sobre este punto hay consenso entre las principales fuerzas políticas. Lo que abrirá mayores discusiones es si el actual mandatario, el radical Maximiliano Pullaro, estará habilitado para ser el primero que pueda buscar su reelección.
Allí sí habrá una férrea disputa, ya que los principales espacios opositores rechazan esa alternativa con el argumento de que Pullaro juró con la Constitución vigente, que no permite la reelección, por lo que en 2027 no podría competir otra vez por el mismo cargo.
A contramano de lo que sucede con la cupula del Ejecutivo provincial, la enmienda constitucional terminaría con la reelección indefinida de legisladores provinciales y autoridades municipales, como sucede actualmente.
La nueva Constitución incorporará el voto a partir de los 16 años. También, la eliminación de los fueros y la adopción de la llamada Ficha limpia.
En Santa Fe se permitió el denominado voto joven recién en 2023. Hasta ese momento estaban habilitados para sufragar en elecciones nacionales, pero no en los comicios locales. Ese derecho quedará finalmente incorporado a la Carta Magna.
También se buscará darle rango constitucional a la ley de Ficha limpia, aprobada en Santa Fe en noviembre de 2022 tras un proyecto presentado por el senador provincial Felipe Michlig (UCR).
La normativa actual impide candidaturas en el caso de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la libertad o femicidios.
También se debatirá sobre la eliminación de fueros, un tema que generó debates en los últimos años a partir de la investigación que se abrió contra el senador provincial del peronismo Armando Traferri. Se mantendrían sólo los elementos necesarios para la inmunidad de arresto y expresión.
También se avanzará con la ampliación del período de sesiones en la Legislatura, que se abrirá el 1 de marzo y ya no en mayo. Habrá, además, un debate por la composición de la Cámara de Diputados, que desde la próxima elección podría repartir sus 50 lugares con sistema D’Hondt. Quedará atrás, de esa manera, el sistema de mayoría automática que le permite hasta hoy al ganador de los comicios en esa categoría quedarse con 28 de los 50 asientos.
Desde el comienzo de su gestión, Pullaro impulsó reformas judiciales. Entre otros elementos, avanzó con una renovación de la Corte Suprema que elevó el número a siete integrantes tras la sanción de una ley promulgada en noviembre del año pasado. Además, se dispuso poner un límite de 75 años –con acuerdo podría extenderse otros cinco años– para ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia. El oficialismo buscará que estos cambios, junto a otros requisitos como la paridad de género y la representatividad territorial del cuerpo, queden plasmados en la nueva Carta Magna.
La nueva Constitución definirá también mecanismos para la elección de jueces. El Ejecutivo propondrá los nombres y podrá nombrarlos en acuerdo con el Poder Legislativo. Se debate también, incluso al interior de Unidos, los alcances y la composición de un nuevo Consejo de la Magistratura, que desde 1990 funciona en Santa Fe. La figura del Consejo es impulsada por el socialismo y genera dudas entre radicales y el PRO.
Queda por debatirse el mecanismo para remover jueces que no están involucrados en un juicio político. Podría crearse un tribunal para juzgarlos con representantes de los tres poderes del Estado, además de ámbitos como el académico y colegios de profesionales.
También se debatirá el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de Defensa, su autonomía funcional y autarquía financiera.
Días pasados, el flamante juez de la Corte Suprema santafesina Rubén Weder sugirió que, si bien el MPA depende del Poder Judicial, en la actualidad “no hay una relación” y que lejos de eso “parece depender del Poder Ejecutivo”.
El organismo replicó que, de cara a la inminente reforma constitucional, aspira a ser considerado “un órgano extrapoder, en línea con la Constitución Nacional que ubica al Ministerio Público como un órgano independiente del resto de los poderes del Estado”, con autonomía funcional y autarquía financiera.
Otro tema caliente que genera alto interés en la política de toda la provincia es el régimen municipal que quedará establecido en la nueva Constitución. La autonomía podría permitir a las ciudades avanzar con independencia en asuntos administrativos, económicos, institucionales y políticos.
Sin embargo, la provincia no podría ceder competencias a los municipios si no los dota de los recursos necesarios, por lo que el nudo del debate estará centrado en quién paga por la autonomía de los municipios. Además, se discutirá la creación de un ente intermunicipal para gestionar servicios o encarar problemáticas comunes.
Otro tema es la Caja de Jubilaciones, que también plantea divergencias al interior del oficialismo. El socialismo impulsa que el organismo de reparto sea intransferible. Sucede que Santa Fe es una de las provincias que nunca cedió el manejo de los fondos previsionales a la ANSES y hay una iniciativa de la Casa Rosada que buscaría quedarse con el control de las cajas jubilatorias provinciales. Por su parte, el PRO pretende dejar ese capítulo abierto, con la idea de que en el futuro puedan aparecer fórmulas distintas y superadoras que permitan entregar el control de la caja.