Máximo Kirchner presentó un proyecto para revisar la deuda con el Fondo, limitar futuros acuerdos y anticipar la política económica de Fuerza Patria hacia 2027.
Máximo Kirchner, autor de proyecto que propone fijar por ley la posición argentina frente al FMI.
Máximo Kirchner presentó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto que busca fijar por ley la posición argentina frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa, que cuenta con la aprobación de Cristina Fernández de Kirchner, excede la discusión parlamentaria y funciona como una definición política de Fuerza Patria hacia 2027.
El texto, conocido en cuidada sincronía con la visita al país de la jefa del organismo, Kristalina Georgieva, lleva también las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
La propuesta advierte que un eventual gobierno peronista no estará dispuesto a continuar la hoja de ruta económica trazada por el FMI ni a aceptar los condicionamientos de un organismo que "incumplió sus propias reglas para sostener programas considerados inviables", dijeron fuentes de FP.
El proyecto, explicaron, no plantea desconocer la deuda, declarar la nulidad internacional de los acuerdos ni romper con el Fondo. "El camino elegido es exigir una revisión correctiva sobre cargos, plazos y condiciones, además de establecer nuevos controles internos sobre el endeudamiento", aclararon.
Aunque se presenta como una ley marco, la iniciativa deja implícita una definición más profunda: para el kirchnerismo, no es posible reconstruir la economía argentina dentro de las coordenadas impuestas por el FMI.
El articulado establece que el país no debe aceptar condicionamientos que comprometan su capacidad para definir las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. También propone medir la sostenibilidad de la deuda según la capacidad real de pago, el empleo, las exportaciones, las reservas y la protección del gasto social.
De esa manera, Fuerza Patria busca correr la discusión del dilema entre pagar o entrar en default. El objetivo es distinguir la cuota que le corresponde a la Argentina por su participación en el organismo del excedente otorgado mediante decisiones políticas que superaron ampliamente los parámetros normales de acceso.
Según los números utilizados para elaborar la iniciativa, la deuda de capital con el FMI asciende a unos USD 57.000 millones y equivale al 1.335% de la cuota argentina. El excedente alcanza USD 37.800 millones si se toma el límite vigente en 2018 y USD 30.000 millones con los parámetros actuales. Ese es el tramo que el proyecto propone revisar.
La tesis central es la corresponsabilidad entre el acreedor y el deudor, sin diluir lo que les corresponde a los gobiernos argentinos. El planteo apunta a dos decisiones políticas convergentes: la de las administraciones locales de derecha, que buscaron financiamiento para sostener sus programas, y la del organismo multilateral, que decidió respaldarlas pese a conocer sus inconsistencias.
La Auditoría General de la Nación documentó que el crédito de 2018 fue aprobado sin la intervención de organismos obligatorios, sin opinión previa del Banco Central y sin traducción oficial. Del lado del Fondo, su Oficina de Evaluación Independiente reconoció que el caso argentino quedó en una “zona gris” y registró fuertes disidencias internas sobre el cumplimiento de las condiciones de acceso excepcional.
Para el kirchnerismo, esos antecedentes impiden hablar de un error técnico. La lectura política es que, por impulso de Estados Unidos, el FMI decidió sostener primero al gobierno de Mauricio Macri y después al de Javier Milei, aun cuando sus programas mostraban problemas manifiestos de viabilidad.
Uno de los datos que sostiene esa acusación es la equivalencia entre los USD 44.500 millones desembolsados en 2018 y los USD 45.100 millones de formación de activos externos registrados desde mayo de ese año. La tesis es que el financiamiento terminó sosteniendo la salida de capitales y dejó como contrapartida una deuda que condicionó la política económica argentina.
El proyecto propone eliminar los sobrecargos, reprogramar el stock que excede los parámetros normales y crear una facilidad de largo plazo, con entre 20 y 30 años de devolución, un período de gracia de siete a diez años y pagos vinculados a las exportaciones, el PBI y las reservas.
La iniciativa también establece que toda nueva operación, ampliación o modificación sustancial de un acuerdo con organismos financieros internacionales deberá ser aprobada por ley. Además, prohíbe utilizar decretos de necesidad y urgencia, crea controles parlamentarios permanentes y fija un techo para la deuda externa equivalente al 200% del promedio de las exportaciones de los últimos tres años.
El Poder Ejecutivo debería llevar el reclamo al Directorio del Fondo y articular una estrategia con los BRICS+, el G24, el G20 y las Naciones Unidas. La intención es presentar el caso argentino como el ejemplo de una falla institucional del organismo y no como el pedido aislado de un país que busca una concesión.
Además, el proyecto obliga al Congreso a ratificar o rechazar dentro de los 90 días el programa vigente, autorizado por el DNU 179/2025. Fuerza Patria no tiene hoy los votos para imponer esa agenda, pero Kirchner dejó formulada la advertencia: "El peronismo no promete desconocer la deuda, aunque tampoco está dispuesto a gobernar bajo las condiciones fijadas por el Fondo", señalaron voceros del diputado.
