El socialismo quiere incorporarlo a la nueva Constitución, pero en el PRO y en la UCR hay voces en contra. El modelo federal y el caso Bailaque.
Si se aprueba la figura incluida en la ley, la Legislatura de Santa Fe tendrá representantes dentro del Consejo de la Magistratura.
La discusión por la reforma constitucional sigue alumbrando contrapuntos jurídicos, pero que tienen un trasfondo político. La inclusión del Consejo de la Magistratura en la nueva Carta Magna de Santa Fe es una de ellas. La iniciativa viene recibiendo críticas y no termina de reunir consenso ni siquiera dentro de la alianza oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.
La inclusión del órgano que selecciona a los jueces es una de las modificaciones que no sólo está contemplada en la ley de necesidad de la reforma, sino que el propio instrumento legal le otorga un sentido. Si bien delega en la Legislatura la reglamentación del método de selección de jueces, indica que se debe procurar “la conformación de un Consejo de la Magistratura integrado por representantes del ámbito judicial, profesional, académico, de ambas cámaras del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”.
La inclusión del sentido de las modificaciones a la Carta Magna en la ley -cuando solo debería habilitar los artículos a ser reformados- fue una forma de dotar de fuerza operativa al núcleo de coincidencias básicas al que se llegó en la previa de la sanción. Sin embargo, figuras importantes del bloque de convencionales de la UCR como así también del PRO no terminan de amigarse con la idea de un Consejo de la Magistratura. La opinión que cruza ambos espacios es que la figura ya existe a nivel federal y dio sobradas muestras de no funcionar.
Quienes dudan, consideran que el diseño del Consejo de la Magistratura federal “es la máquina de impedir, un desastre”. “Es el modelo más caro, de mayor burocracia y con menor nivel de resolución”, definen. El problema es que tampoco termina de haber consenso alrededor de la idea de un Consejo de la Magistratura con otra composición, sino que la cuestión es directamente con el tipo de organismo. “Abramos la participación, pero no así. Si no, parece que quedan siempre los mismos”, pidió una voz radical.
Quizás no con tanta vehemencia, en el socialismo coinciden con la lectura de que el Consejo de la Magistratura federal no ha funcionado. No es un dato menor: es el espacio que empujó la inclusión de la figura en el acuerdo final. Si bien se esfuerzan por mantener las conversaciones bajo siete llaves y no adelantar cuestiones de la Convención, reconocen que la composición es un tema a discutir para no cometer los mismos errores que en el ámbito nacional.
Se trata de un tópico que el partido de la rosa conoce muy bien. Una de sus diputadas provinciales más encumbradas, Lionella Cattalini, se puso al frente de la cruzada contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Cattalini denunció penalmente al magistrado acusándolo de haber pisado investigaciones a importantes actores del narcotráfico. Además, aportó uno de los testimonios más duros contra el magistrado en el proceso disciplinario que se reactivó recién ahora en el Consejo de la Magistratura federal, cuando las denuncias datan de hace más de una década. Todo dicho.
La figura del Consejo de la Magistratura existe en Santa Fe desde 1990, pero su andamiaje jurídico es bastante precario: fue creado por un decreto del gobernador de ese entonces, el peronista Victor Reviglio, como “organismo asesor no vinculante”. A medida que pasaron los años, el hecho de estar a tiro de decreto hizo que sufriera sucesivas modificaciones. Por ejemplo, el entonces gobernador Hermes Binner quitó al representante del Poder Ejecutivo y al de la Corte Suprema de su composición.
La última modificación fue firmada por Maximiliano Pullaro. El gobernador eliminó el orden de mérito que había establecido Miguel Lifschitz como criterio ordenador de la propuesta que el Consejo elevase al Ejecutivo. Antes, se podía calificar a los candidatos con “superó ampliamente”, “superó” o “no superó”. Si bien no era vinculante, exponía al Ejecutivo cuando no elegía a los mejores calificados. Ahora, se eliminó el “superó ampliamente” y la lista de aspirantes que pasaron el examen se ordena alfabéticamente.
Un último detalle: hoy por hoy, el Consejo de la Magistratura está compuesto por un presidente y un secretario designados por el Poder Ejecutivo y un cuerpo evaluador con un representante del estamento académico, uno del estamento que corresponda al cargo a concursar -juez, fiscal o defensor- y uno de los colegios de abogados. En la ley de necesidad de reforma se propone, además, la inclusión de representantes de ambas cámaras legislativas.