La familia judicial y el poder empresario, pero también el PRO, el peronismo y los gremios hacen pie en los primeros juzgados de la Justicia del Trabajo porteña.
Los primeros jueces y camaristas laborales de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el mapa de poder local donde el PRO y los sectores empresarios pisan fuerte.
Silvia Gutierrez Garay
Sebastian Caset
Agustina Bergonzelli
En el reparto del nuevo fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires cobran todos. El PRO, corrientes del peronismo, el sindicalismo, los estudios vinculados a las grandes empresas y la estructura tradicional de tribunales consiguieron lugares en la primera camada de magistrados y funcionarios elegidos para poner en marcha la Justicia del Trabajo de la Ciudad.
Las designaciones incluyen a seis integrantes para la Cámara de Apelaciones, diez jueces y juezas de primera instancia y cargos para el Ministerio Público. El listado combina especialistas en derecho laboral con funcionarios judiciales, dirigentes políticos, abogados de gremios y profesionales formados en estudios orientados a la representación de empresas.
El armado, que ingresó la semana pasada a la Legislatura porteña, es importante por algo más que los nombres. Esta primera tanda deberá comenzar a moldear la jurisprudencia de un fuero que Jorge Macri proyecta ampliar hasta alcanzar 80 juzgados de primera instancia, diez salas de Cámara y 30 jueces de alzada.
Sin embargo, el andamiaje institucional todavía está incompleto. El convenio de transferencia de competencias judiciales, firmado entre la Nación y la Ciudad, fue aprobado por el Congreso, pero aún no recibió la ratificación de la Legislatura porteña.
Tampoco fue abordado en el ámbito legislativo el proyecto con el que el Ejecutivo busca ampliar la estructura del fuero. Mientras esos expedientes esperan ser tratados, el Consejo de la Magistratura avanzó con la selección de los primeros jueces, camaristas, fiscales y asesores tutelares que integrarán la nueva Justicia del Trabajo.
La selección de los primeros magistrados empieza a dibujar cómo se va a repartir el poder dentro de una Justicia que nace con pretensión de autonomía y, al mismo tiempo, con la intención política de modificar la forma en que se resuelven los conflictos laborales en la Ciudad.
Uno de los perfiles políticos más definidos es el de Horacio Pitrau, seleccionado para integrar la Cámara. Con un paso fugaz por la gestión libertaria, es un hombre vinculado históricamente al PRO. De hecho, fue director nacional de Asociaciones Sindicales y secretario de Trabajo durante la presidencia de Mauricio Macri. Integró el equipo de Jorge Triaca y quedó ubicado como uno de sus principales colaboradores en la relación con gremios y cámaras empresarias.
Pitrau había trabajado anteriormente en el PAMI durante el gobierno de la Alianza y en las AFJP Máxima y Dignitas. Su recorrido combina gestión política, administración del sistema laboral, vínculos institucionales con sindicatos y antecedentes en el negocio previsional privado, lo que anticipa posiciones claras en la nueva Cámara.
También llegará a ese tribunal Gabriela Inés Fernández, una dirigente del riñón de Graciela Ocaña. Fue secretaria parlamentaria de Vamos Juntos en la Legislatura, la coalición con la que el PRO gobernó la Ciudad junto con sus aliados, pero su terminal política específica es Confianza Pública, el partido de la exdiputada nacional.
Fernández formó parte durante años del dispositivo legislativo y electoral de Juntos por el Cambio. Fue además candidata a diputada nacional dentro de la lista porteña que acompañó en 2023 las postulaciones de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Su llegada a la Cámara expresa la vigencia del viejo entramado oficialista porteño más allá del PRO puro.
Su perfil se completa con su paso por áreas administrativas y parlamentarias de la Legislatura y con su condición de tesorera de la Fundación de la Familia Policial. Su postulación muestra que el reparto no se agotó en el PRO: también alcanzó a los aliados que formaron parte durante años del oficialismo porteño.
El peronismo también tiene terminales dentro del nuevo mapa. Silvia Inés Gutiérrez Garay, elegida camarista, desarrolló su carrera como abogada laboralista vinculada a organizaciones sindicales. Entre los gremios a los que representó está el SUTERH, conducido por Víctor Santa María, uno de los dirigentes de mayor peso dentro del peronismo porteño.
La relación permite conectar dos universos que se articulan en la Ciudad: el sindicalismo y la política. Santa María construyó poder desde el gremio de encargados de edificios , la estructura partidaria porteña, la educación y los medios de comunicación. La trayectoria profesional de Gutiérrez Garay la ubica dentro de ese entramado y suma antecedentes en la representación de sindicatos hoteleros.
Este perfil contrasta con el discurso de Jorge Macri, que presentó el traspaso del fuero como una herramienta para reducir la litigiosidad y combatir la denominada industria del juicio.
Otra terminal del peronismo aparece en el Ministerio Público: Mariana Paula Mansilla, elegida fiscal de primera instancia, fue asesora de Alejandro Amor y lo acompañó también durante su paso por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Amor es un dirigente con peso propio en el PJ porteño y una trayectoria extensa en el sindicalismo municipal. Además de ser exlegislador y exdefensor del Pueblo, es un dirigente central de SUTECBA y condujo ObSBA, la obra social de los trabajadores municipales de la Ciudad. Amor también buscó ingresar al nuevo fuero, aunque no consiguió superar el concurso que sí dejó seleccionada a su excolaboradora.
El lobby empresario consiguió lugares principalmente en la primera instancia a través de la abogada Agustina Bergonzelli, que desarrolló buena parte de su carrera en estudios jurídicos orientados al asesoramiento de grandes empresas, entre ellos Mitrani, Caballero, Ojam & Ruiz Moreno y Nicholson y Cano. También fundó su propio estudio y se desempeña como conciliadora laboral. Su trayectoria la ubica con claridad dentro de la abogacía empresaria y del trabajo preventivo sobre conflictos laborales.
Sebastián Luis Caset presenta una filiación similar. Es socio de un estudio propio orientado al derecho laboral empresario, las relaciones sindicales, el asesoramiento societario, las reorganizaciones comerciales y la representación judicial de compañías. También fue apoderado fiscal de la AFIP. Su incorporación representa al sector de la matrícula que trabaja del lado patronal y que llegará al nuevo fuero con experiencia directa en la defensa de empresas frente a reclamos laborales y contingencias sindicales.
María Paula Nievas Ibáñez, en cambio, muestra una práctica más transversal. Es conciliadora laboral con experiencia en el asesoramiento de sindicatos, empresas y particulares. Su perfil no queda alineado de manera exclusiva con uno de los dos lados de la relación laboral, aunque su actividad privada la distingue de los candidatos formados enteramente dentro del Poder Judicial.
La estructura tradicional de tribunales también consiguió una representación importante. Diego Javier Tula, elegido camarista, es juez laboral en la provincia de Buenos Aires y tiene una trayectoria académica especializada en Derecho del Trabajo. Es docente de grado y posgrado, doctor en Ciencias Jurídicas y magíster en la materia.
Tula encarna uno de los perfiles más clásicos del listado: carrera judicial, especialización laboral, docencia y participación en concursos. Su llegada parece ofrecer continuidad técnica frente a otros nombramientos que provienen de la política, la administración porteña o ramas del derecho alejadas de los conflictos del trabajo.
Martín Leonardo Furchi también integra la estructura judicial de la Ciudad. Es juez del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo y pasará ahora a la Cámara laboral. Su designación muestra el peso de los magistrados ya incorporados al Poder Judicial porteño en la conformación del nuevo fuero.
En primera instancia aparece María Sol Loredo, prosecretaria administrativa de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su carrera está directamente vinculada con el fuero que la Ciudad busca absorber y suma producción académica sobre relaciones laborales, discriminación, perspectiva de género y nuevas formas de empleo.
Pablo Andrés Liste también proviene de la Justicia porteña. Es prosecretario letrado de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y de Relaciones de Consumo, luego de desarrollar una parte de su carrera en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
La nómina también incluye abogados cuya experiencia principal no está concentrada en el derecho laboral. Patricia Paola Ceriani, elegida para la Cámara, fue durante dos décadas controladora de faltas del Gobierno porteño. Su trayectoria está ligada a la administración de infracciones, una experiencia que sugiere cierto padrinazgo político antes que experiencia en el fuero.
En primera instancia, Laura Victoria Bonhote proviene del Ministerio Público Tutelar y tiene antecedentes vinculados al derecho constitucional, administrativo y de la infancia. Itatí Canido también pasó por organismos dedicados a niñas, niños y adolescentes, además del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.
Antonella Stringhini presenta uno de los perfiles más alejados de la práctica laboral tradicional. Su carrera se desarrolló alrededor del derecho administrativo, la innovación pública, la transformación digital y la inteligencia artificial. Integra el Ministerio Público Fiscal y tiene actividad académica en la Facultad de Derecho de la UBA.
Laura Alejandra Calogero, por su parte, tuvo participación institucional en el Colegio Público de la Abogacía y en las discusiones sobre el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, pero no exhibe en sus antecedentes públicos una trayectoria laboral comparable con la de otros integrantes de la lista.
