Archivos de la dictadura: qué oculta la SIDE y por qué la Justicia exige su apertura

Con el golpe de Estado, esa información quedó integrada a una estructura represiva nacional. La SIDE, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario intercambiaban datos dentro de la denominada “comunidad informativa”.

La SIDE dependía del Poder Ejecutivo, producía inteligencia de alcance nacional y durante la dictadura quedó bajo el control funcional del Ejército. Sus agentes integraron grupos de tareas y el organismo estuvo vinculado con los centros clandestinos Automotores Orletti, Base Pomar y Bacacay. Orletti, además, funcionó como base del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.

La producción de inteligencia no fue, por lo tanto, una tarea secundaria: permitió seleccionar víctimas, organizar operativos, reconstruir vínculos y alimentar nuevos secuestros con la información obtenida durante los interrogatorios bajo tortura.

El reclamo para abrir los archivos de inteligencia

La apertura de los archivos de la dictadura es un reclamo histórico del movimiento de derechos humanos. Sol Hourcade, abogada del CELS en causas de lesa humanidad, remarcó que su búsqueda y entrega son responsabilidad estatal. “El Estado tiene una obligación incluso internacional que fue reconocida por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de proveer toda la información relativa a graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas en el territorio y de las que el propio Estado fue responsable.

“Hay que recordar que la dictadura se manejó en la más absoluta clandestinidad, pero desde el juicio a la junta se comprobó que los circuitos de producción de inteligencia fueron determinantes para poder llevar a cabo ese plan sistemático de desaparición forzada de personas”, puntualizó. La información utilizada para secuestrar, torturar y desaparecer dejó registros que pueden contribuir a reconstruir los crímenes.

El abogado querellante Pablo Llonto, impulsor de expedientes centrados en el destino de esos acervos, coincidió en la necesidad de saber primero qué documentación existe. “No todos los archivos elaborados en tiempos de dictadura contienen información relevante, pero se ha demostrado que una parte de lo que está en archivos que pertenecían a sectores de inteligencia aportaron y siguen aportando información sobre los operativos que se cometieron durante la dictadura, sobre sus participantes y sobre sus víctimas”, indicó.

Son “piezas que pueden completar rompecabezas”, coincidieron los abogados. Cruzados con otras pruebas, esos documentos pueden ubicar a un agente en un lugar y una fecha, reconstruir dependencias y cadenas de mando, revelar vínculos entre integrantes de las fuerzas y establecer quiénes podían intervenir en un operativo.

El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), aunque fue hallado incompleto, demuestra ese potencial: sus registros continúan aportando pruebas sobre la persecución desplegada en territorio bonaerense.

La búsqueda del archivo del Batallón 601

Distinta es la situación del principal organismo de inteligencia del Ejército. “El archivo que nunca se encontró es el del Batallón 601 del Ejército; han aparecido carpetas, fotocopias –algún interrogatorio, algún texto que forzaron a escribir a secuestrados en centros clandestinos–, algo que nos permitió tener una idea de lo que se trataba el archivo, pero nunca supimos qué pasó con esa documentación”, se lamentó Llonto.

A principios de 2026, el abogado le pidió al juez federal Daniel Rafecas que ordenara nuevas medidas para localizarlo o, en caso de que hubiese sido eliminado, establecer “cómo se destruyó, quién dio la orden”.

–¿Hay indicios de que haya sido destruido?

–Sí. En los años ‘80 el ejército contestaba los oficios judiciales diciendo que se había destruido en 1983. Luego, distintos jefes de la fuerza, incluyendo Martín Balza, lo han declarado en entrevistas periodísticas y alguna que otra ocasión ante la Justicia, pero nunca aportaron pruebas.

Tampoco apareció el acervo que, según testimonios de sobrevivientes, existió en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y fue microfilmado mientras funcionaba allí el centro clandestino. Llonto hizo una presentación ante el Juzgado Federal 12 para investigar su destino.

“Revisando una causa vieja hallamos un informe elaborado en 1986 por el sector de Inteligencia de la Armada sobre militantes montoneros. Inferimos que con información que tenía la fuerza desde antes, o sea que ¿había un archivo? Pedimos que se investigue”, explicó a Letra P. La causa fue delegada en el fiscal Eduardo Taiano, que evalúa nuevas medidas de prueba.

Qué documentos de la dictadura conserva la SIDE

Durante décadas, la SIDE sostuvo que no tenía un fondo documental relevante sobre el terrorismo de Estado. En 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010, que levantó el secreto sobre la documentación de las Fuerzas Armadas vinculada con el período 1976-1983.

Cristina Fernández de Kirchner y las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

Una década después, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, inició un programa para localizar y proteger registros relacionados con violaciones a los derechos humanos y coordinó su análisis con organismos especializados.

El relevamiento, que abarcó documentos producidos entre 1946 y diciembre de 1985, encontró alrededor de 250.000 fichas sobre personas y organizaciones pertenecientes a la ex Dirección de Antecedentes. También identificó unos 2.000 documentos conservados en distintas sedes, más de 700 sumarios administrativos, legajos de personal, libros de órdenes del día y otros registros internos.

Esos materiales permiten reconstruir tareas de seguimiento e infiltración, establecer qué sabía el Estado sobre una persona antes de su secuestro y rastrear cómo circuló la información. Los legajos, destinos, sanciones y evaluaciones del personal también pueden ayudar a identificar agentes y responsabilidades.

No es necesario que un archivo relate de manera explícita cada secuestro. El aparato represivo actuó en la clandestinidad y recurrió a códigos, eufemismos y circuitos informales. El valor probatorio surge muchas veces del cruce entre fichas, organigramas, legajos, órdenes internas, sumarios, testimonios y documentos de otras fuerzas.

Javier Milei y la desclasificación inconclusa de la SIDE

En marzo de 2025, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni anunció la supuesta “desclasificación total” de los archivos de la SIDE sobre el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983 y su transferencia al Archivo General de la Nación.

Un año después, el organismo publicó apenas 26 documentos reunidos en 492 páginas. La selección incluyó normas, misiones, estructuras internas y registros de la Comisión de Antecedentes, pero no significó la apertura del fondo completo.

El CELS, Memoria Abierta y Abuelas solicitaron entonces documentos vinculados con casos concretos, información sobre las herramientas archivísticas utilizadas y precisiones acerca del traspaso al Archivo General de la Nación. La respuesta de la SIDE fue parcial y no incluyó la entrega de los archivos reclamados. El pedido derivó en un amparo.

El juez Walter Lara Correa consideró insuficiente la contestación y ordenó al organismo emitir una nueva respuesta debidamente fundada, pero no dispuso la entrega directa. Las organizaciones apelaron y el caso quedó en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El gobierno de La Libertad Avanza también desarmó equipos estatales que investigaban documentación de las Fuerzas Armadas y de seguridad y reformó por decreto la Ley de Inteligencia Nacional. La SIDE sostiene ahora que antes de entregar papeles producidos hace medio siglo debe determinar si su difusión afecta la seguridad nacional o el sistema de inteligencia. “Se clausuró todo completamente”, remarcó Hourcade.

La SIDE entregó documentos tachados a la Justicia

Las restricciones alcanzaron también a los tribunales. En el juicio por los crímenes de Automotores Orletti y Base Pomar, la SIDE remitió documentación con tachaduras que impedían conocer datos requeridos por las partes.

En el proceso son juzgados Patricio Finnen, César Albarracín, Rubén Escobar y Julio Casanova Ferro por los secuestros y tormentos sufridos por 88 víctimas y por dos casos de sustracción y ocultamiento de niños. Los dos centros clandestinos estuvieron vinculados con la SIDE y algunos de los acusados fueron agentes del organismo.

Ante un planteo de la fiscalía y del CELS, el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Adrián Grünberg, intimó al titular de la SIDE, Cristian Auguadra, a entregar los documentos completos. Le dio cinco días hábiles y advirtió que el incumplimiento podría derivar en una denuncia por desobediencia.

“La advertencia de apercibimiento le da un plus a la decisión del presidente del tribunal. Era hora de que empiecen a aparecer consecuencias por no cumplir con lo que debe el Estado”, apuntó Llonto.