Ante una fecha que atraviesa la conciencia de nuestro pueblo, recordar no es quedarse en el pasado. El rol del Estado y memoria como ejercicio democrático.
Memoria, verdad y justicia, un camino no admite retrocesos.
Los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 atraviesan la historia argentina y la conciencia colectiva de nuestro pueblo. No es un aniversario más en el calendario: es un día de memoria viva, de reflexión profunda y de compromiso renovado con nuestra democracia y con la justicia.
Aquel golpe inauguró uno de los períodos más oscuros de nuestra historia. La Argentina padeció la persecución política, la tortura, el exilio forzado y la desaparición de miles de hombres y mujeres. No fueron hechos aislados: fue un plan sistemático de represión ilegal ejecutado desde el Estado. La Pampa tampoco estuvo al margen. Aquí también hubo víctimas, familias atravesadas por el dolor y comunidades silenciadas por el miedo.
Hablar de la dictadura cívico-militar es hablar de un entramado que buscó disciplinar a la sociedad, destruir la organización popular y quebrar los lazos solidarios. Es hablar de un modelo de país impuesto a fuerza de desindustrialización, especulación y endeudamiento. Es recordar un tiempo en el que se intentó borrar identidades, proyectos colectivos y sueños de justicia.
Sus consecuencias no quedaron atrás: siguen presentes en las ausencias, en las historias truncas, en las heridas que aún duelen. Por eso la memoria no es un ejercicio estático: es una tarea colectiva, indispensable, que nos convoca cada día.
A 50 años, la memoria también es defensa. Defensa del camino de memoria, verdad y justicia que la sociedad argentina construyó con esfuerzo y valentía. Defensa de las políticas públicas que hicieron posible juzgar a los responsables y reparar, aunque sea en parte, el daño causado. En La Pampa, esas políticas son políticas de Estado, sostenidas en el tiempo porque forman parte de un consenso democrático profundo.
La memoria no es pasado: es presente y es futuro. En torno a ella se disputan sentidos, se discute qué patria queremos, cómo miramos a los otros, qué entendemos por pueblo, por nación, por justicia y por democracia.
Hoy emergen discursos negacionistas y violentos. Discursos que buscan relativizar el horror, impugnar el Nunca Más, cuestionar la cifra de los 30.000 desaparecidos y erosionar los consensos fundacionales de nuestra democracia. Discursos que pretenden reinstalar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron.
Frente a eso, la respuesta es clara: la sociedad argentina ha construido, con dolor y con esperanza, un camino basado en la. Cada víctima nos duele. Cada víctima nos recuerda la responsabilidad que tenemos como sociedad. Cada víctima nos obliga a sostener, con firmeza, los valores democráticos que supimos conquistar.
Esa tarea incluye a las nuevas generaciones. A quienes no vivieron la dictadura, pero tienen el derecho y la responsabilidad de conocer lo ocurrido. Transmitir esa memoria es función del Estado, de las instituciones y de la comunidad en su conjunto. Porque la democracia no es solo una forma de gobierno: es una práctica cotidiana, que se construye en el respeto por el otro, en la vigencia plena de los derechos humanos y en el compromiso permanente con el Estado de derecho.
A la vuelta de la esquina están quienes quieren barrer con esos consensos, reinstalar la impunidad o debilitar las bases democráticas. Por eso, reafirmar la memoria hoy es también defender el presente y el futuro.
El gobierno de La Pampa tiene una responsabilidad clara, pero sobre todo tiene un compromiso: con las víctimas, con la memoria, con la verdad y con la justicia. En este nuevo aniversario, renovar ese compromiso es una obligación ética y política.
Recordar no es quedarse en el pasado.
Recordar es asumir, con responsabilidad y con esperanza, el desafío de construir una sociedad más justa, más inclusiva y profundamente democrática