Los mandatarios y el macrismo no quieren borrar la totalidad del contenido. El oficialismo prometió un gesto con el artículo más polémico, pero no lo hizo.
Hugo Passalaqcua (Misiones) uno de los gobernadores decisivos en la discusión del DNU 70/23.
La oposición no reúne los votos para derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, incluido en la sesión que pidieron para el jueves 15. La mayoría de los gobernadores y el bloque PRO decidieron no aportar sus votos para el cuórum, aunque exigen a Javier Milei debatir una nueva versión de la ley de tierras.
Uno de los más de 300 artículos del mega decreto la deroga y de esa manera se habilita la venta de parcelas a extranjeros sin límites. Los mandatarios con diputados que suelen aliarse a La Libertad Avanza (LLA) no están dispuestos a ayudar a la derogación y romper relaciones con la Casa Rosada.
Tampoco quieren colaborar con una medida de ese impacto gobernadores díscolos con la Casa Rosada, como Martín Llaryora (Córdoba), que cuenta con cinco votos en Provincias Unidas (PU). Ese bloque tuvo varios de sus miembros como firmantes de la convocatoria, pero votaría dividido.
No suscribió la titular de la bancada, Gisela Scaglia, cercana al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Ningún mandatario que tiene sus diputados fuera del bloque Unión por la Patria (UP) aportó sus firmas a la convocatoria a sesión, aunque hay dos que están dispuestos a colaborar con el cuórum: Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca), con cuatro y tres votos, respectivamente.
El primero quiere derogar el DNU para que vuelva el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El segundo exige para retacear sus votos una fecha precisa para debatir la emergencia en Discapacidad, que fue incluida en el temario con la oposición.
En el PRO y la UCR -que representa a cinco radicales- no quieren dar cuórum y, si la sesión comienza, no aportarán sus votos para derogar el DNU 70/23, firmado por Milei al tercer día de su gestión, con más de 300 artículos y derogaciones de leyes diversas. El Senado lo rechazó en marzo de 2024 y si Diputados repite el trámite, queda derogado.
"Tendría un impacto enorme en los argentinos. Volverían a estar vigentes la ley de alquileres, la de góndolas o la de abastecimiento. Se paralizarían varias de las transformaciones y desregulaciones que nosotros siempre defendimos", explicó la posición a Letra P un referente del PRO.
Aclaró que la bancada considera que "hay que dar un debate profundo sobre la Ley de Tierras, que se discutió sólo en el Senado". Este debate fue en el primer semestre, cuando se debatió un capítulo del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que contenía la derogación de esa norma.
La postura es compartida por diputados de Córdoba y Salta. También los radicales, que se opusieron a la derogación de esta norma en la Cámara alta.
Si bien el DNU 70/23 la había eliminado, un fallo de la justicia federal de La Plata lo declaró inconstitucional, a partir de una presentación del Centro de Excombatientes de La Plata (CECIM). El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó esa decisión por considerar que el denunciante no era legítimo.
El pedido de sesión tiene en primer lugar los proyectos de sobreendeudamiento familiar, que cuentan con dictámenes de todos los bloques. Luego está en el orden el DNU 70/23 y al final las iniciativas para garantizar derechos a personas con discapacidad. La suma de los diputados firmantes de la sesión queda lejos de la mayoría.
El problema surge de PU, donde sólo seis de sus 18 miembros garantizan el cuórum. Se suman 92 de UP, cuatro de la izquierda, dos de la Coalición Cívica y la misma cantidad de Encuentro Federal. Los tríos de Misiones y Catamarca no alcanzan para que haya 129 bancas ocupadas y garanticen el cuórum.
El escenario puede variar si la presión pública por sostener la ley de tierras crece y es por eso que algunos bloques aliados piden discutir el tema estos diez días. Fue una promesa de los referentes de LLA cuando se conoció el fallo de la Corte y UP anunció que buscaría derogar el DNU.
Una opción era retomar el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y discutir un límite a extranjerización de las tierras. Otra es sumar un artículo en la ley de soberanía de Malvinas, que se discute en Diputados. Por ahora, ninguna de esas alternativas prosperó. Tal vez sean necesarias.
