Los jueces piden la equiparación con el fuero federal y agitan un amparo. El gremio busca los descuentos prometidos por Llaryora. Dos fallos clave del Tribunal.
Trabajadores de la Justicia de Córdoba siguen en pie de guerra
Iniciado ya el último trimestre del año, con la atención política puesta en la visita del papa León XIV y en la definición del calendario electoral de 2027, Martín Llaryora no puede dar por cerrado el conflicto que atraviesa a distintos estamentos del Poder Judicial de Córdoba.
Con distintas motivaciones, empleados y funcionarios, los dos sectores que sostuvieron reclamos por casi seis meses, advierten la continuidad de situaciones que denuncian como perjudiciales para sus remuneraciones.
Atentos al devenir de las discusiones, los gremios estatales toman nota de cada paso en la renovada discusión. A punto de sentarse a la mesa para las revisiones de los acuerdos suscriptos ya, ensayan nuevas expresiones públicas para pedir la marcha atrás con los aportes extra para la Caja de Jubilaciones.
Magistrados y empleados judiciales coinciden (nuevamente) en denunciar compromisos no cumplidos por el gobierno de Córdoba en las largas negociaciones que precedieron un anuncio de acuerdo, hace poco más de un mes.
Emulando una inédita coincidencia de los meses precedentes, vuelven a cuestionar la vigencia de la ley de equidad jubilatoria, aprobada en diciembre pasado, cuanto menos en lo que hace a la suba de dos puntos en las contribuciones personales para quienes aportan a la Caja de Jubilaciones.
Directamente vinculado a ello, retoman la exigencia de que se cumpla con la equivalencia de remuneraciones de jueces y miembros del Poder Judicial provincial con cargos análogos de la Justicia Federal, compromiso expresado por los negociadores del Gobierno en las audiencias.
Suscriben, la suba en los aportes, sumado a los aportes extras para la obra social estatl Apross, es el primer impedimento para llegar a la mentada equidad remunerativa. Su aplicación, aseguran, aleja gradualmente la meta, establecida en 90%, hoy perforando los 77 puntos.
Desde este punto, la situación toma otras dimensiones y se sumerge en las internas que bullen al interior de cada colectivo. La Asociación de Magistrados desenvolverá este miércoles una acción de amparo colectiva para exigir el cumplimiento de la ley de la denominada equiparación.
Esta presentación está abierta para adhesiones individuales de los funcionarios, a la espera de convertirse en la avanzada formal de las quejas que se han acumulado desde marzo. Sin embargo, los jueces que han encabezado las protestas públicas, por fuera de la conducción oficial de la Asociación, no van a desistir de los cientos de reclamos administrativos presentados ya, cuya resolución cumple su plazo fatal este martes.
Según explican, no van a desandar un camino de meses. Por el contrario, remarcan que si no hay respuesta al pronto despacho exigido, realizarán la correspondiente denuncia por vía judicial.
“Hemos sido los autoconvocados los que sostuvimos la presión este tiempo. La Asociación reacciona justamente por ello. De todos modos, coincidimos en el objetivo: queremos una recuperación de nuestras remuneraciones, hoy seriamente afectadas por disposiciones arbitrarias del Ejecutivo. De hecho, este año esperamos una recomposición del 20%, que daría el acumulado de los aumentos de la Corte Suprema. Pero la inflación no será menor al 26%”, dicen a este medio.
Las mismas voces anticipan que otro grupo elabora una tercera acción colectiva. La misma apuntará al reconocimiento de las horas de más que trabajan en el cotejo con los pares federales. Su falta de retribución, explican, navega hacia el mismo punto: la persistencia de una iniquidad para la cual hay ya acuerdos y leyes que se deben cumplir.
La continuidad de tres líneas de acción no sólo responde a estrategias diversas y reacciones tardías. Fuentes consultadas por Letra P ratificaron la existencia de desconfianzas al interior del colectivo de jueces.
Por un lado, deslizan la existencia de presiones provenientes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para dar por terminadas las protestas que, con aplausos y entonaciones del himno, los propios autoconvocados realizaban semanalmente en las escalinatas del edificio de Tribunales.
Por otra parte, advierten sobre una situación que podría dar otra vuelta al nudo judicial. El amparo que elabora la Asociación de Magistrados contempla una recusación a los camaristas que intervengan y también al propio TSJ, a fin de evitar que sean “juez y parte” ante la medida.
“El Gobierno y algunos vocales dan por cerrado el tema. Se equivocan. Vamos a agotar todas las instancias”, sentencian las voces disidentes.
A sólo un mes de haber aceptado la última propuesta salarial, que incluye un plan escalonado de mejoras y un anticipo de las etapas pendientes del plan de equiparación con los empleados del fuero federal, los empleados de la Justicia de Córdoba recuerdan que también esperan la retrotracción a la situación previa a la vigencia de la ley de equidad tributaria.
“La baja de aportes no fue parte del acta, pero es parte de un compromiso no escrito. Afecta a 1600 compañeros de las categorías más altas, que esperaban una reducción del 1% en septiembre y otro 1% en octubre. También afecta a los magistrados, a quienes se lo habría anticipado el TSJ. Eso no ocurrió, por lo que emitimos un comunicado denunciando el incumplimiento”, dicen desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).
Desde el mismo sindicato suman otro elemento para presionar sobre la decisión del Ejecutivo, admitida en voz baja, deslizada en corrillos, pero sin fecha precisa de concreción.
Hace sólo dos semanas el TSJ emitió un nuevo fallo contrario a la suba de aportes dispuesta por el Ejecutivo. Haciendo lugar a una cautelar presentada por un trabajador activo, ordenó que se reduzcan los aportes extra de 8 a 6 puntos,
La decisión, que replica la resolución de un caso planteado por un trabajado pasivo, coincide con el monto de quita que maneja la administración provincial. Sin embargo, el gobernador aún no decide dar el paso final para una determinación que impactaría en miles de millones de pesos.
Atentos a ello, los gremios estatales volverán a la carga con la cuestión durante los próximos días. Aunque la mayor parte de los afectados por la nueva reforma pertenecen a un puñado de gremios, la cuestión se ha convertido en trasversal para el arco sindical.
Sin desconocer la delicada situación de las arcas provinciales, miran indicadores de suba de los aportes del tesoro nacional. Entienden que de allí, no de otro ajuste, deberían llegar los alivios pedidos.
