ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Todavía no había llegado a acomodarse en su nuevo lugar cuando el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA) le paró el puerto. Raúl Moreira, flamante presidente del directorio de Terminal Puerto Rosario S.A. (TPR), enfrentó las consecuencias de desconocer la paritaria de los estibadores apenas arribó a la ciudad. Delegó la negociación en sus gerentes, pero el conflicto se destrabó recién cuando la política intervino y le pidió que sea él quien encabece las conversaciones. Contador recibido en la Universidad de Lomas de Zamora, este ejecutivo ligado a la chilena Ultramar tiene por delante comandar una guerra fría con el gobierno santafesino por casi 100 millones de dólares y lavar la cuestionada imagen de la concesionaria del puerto.
Moreira tiene una maestría en dirección de empresas (MBA según sus siglas en inglés) hecha en la escuela de administración y negocios de la Universidad Austral, el IAE Business School. Dicha institución, fundada en 1978, fue la primera iniciativa educativa superior del Opus Dei en Argentina y más de uno lo define como el think tank de la agrupación religiosa en el país. Además, tiene una certificación avanzada en gestión portuaria y vías navegables hecha en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Más allá de su formación académica, su fuerte parece ser la experiencia: hace más de veinte años que forma parte de Ultramar, ocupando roles importantes en las distintas unidades de negocios que la firma chilena tiene en toda América. Desde Canadá hasta Argentina, Ultramar gestiona puertos, presta servicios de agencia marítima y de logística industrial, siempre relacionado con el comercio internacional, empleando a casi 14 mil personas. Hace una década, solo en servicios, facturaba más de 3 mil millones de dólares al año. Hoy por hoy, esos números crecieron.
Raúl Moreira
Moreira asumió la presidencia del directorio de TPR en octubre del año pasado, en reemplazo de otro hombre de Ultramar, Alejandro Bohtlingk. Sin embargo, manejaba la botonera desde Buenos Aires y la operación diaria descansaba sobre los hombros de la plana gerencial de la empresa, encabezada por su gerente general Leonardo Feltrinelli. Fue así hasta que el conflicto sindical escaló y florecieron sospechas sobre las verdaderas razones de la postura intransigente de la concesionaria del puerto y el viejo encono entre Vicentin y el peronismo.
“Le pedimos a Moreira que intervenga”, reconoció una fuente política. Sobre su aporte en las negociaciones, quienes lo trataron lo definieron como “un tipo de ida y vuelta, de charla, pero que tiene en claro qué puede poner sobre la mesa y qué no”. “No es que vino y cambió todo, sino que le metió agilidad a la negociación dentro de sus límites”, explicaron.
La firma chilena adquirió en 2012 el 30% de las acciones de TPR y mostró sintonía fina con Vicentin desde el principio. Hasta proyectaban otros negocios, como un parque logístico de 154 hectáreas en Alvear. Todo terminó con la debacle de la cerealera: Ultramar pasó a ser socia mayoritaria casi al mismo tiempo que estallaba el esquema de negocios del gigante santafesino, pero recién en 2021 se hizo cargo del directorio de la empresa, para evitar que los problemas de su socia salpiquen al puerto. Hasta ese momento, el presidente de TPR era Gustavo Nardelli.
El hecho de que Moreira sea el elegido por Ultramar para capitanear una época tormentosa del puerto rosarino denota la confianza que le dispensan. No solo tuvo que hacerle frente al conflicto sindical: el año pasado, los controles del puerto quedaron en la mira tras un cargamento de casi una tonelada y media de cocaína que salió de Rosario y fue descubierto parte en el puerto de Santos, en Brasil, y parte en Países Bajos. Además, la Municipalidad de Rosario llevó a TPR a juicio por una abultadísima deuda del derecho de registro e inspección (Drei).
Más allá de eso, la principal batalla de TPR es la guerra fría que tiene con el gobierno provincial para ver quién paga las inversiones que necesita el puerto. Según estimaciones de la política en estricto off, tres de cuatro muelles necesitan reparación ya que no están operativos, lo que requeriría un desembolso de casi 100 millones de dólares. Mientras que el gobierno provincial aprieta a la empresa para que se haga cargo, TPR quiere a cambio que su concesión se extienda 25 años más, hasta 2057. El conflicto sindical, se sospecha, fue peón de ese ajedrez.
Sea por efecto del caso Vicentin, por las dudas sembradas en los controles, por el conflicto sindical o por la falta de inversiones, Moreira se hizo cargo de un puerto con imagen desprolija y tiene la tarea de devolverle la potencia que supo tener. Quizás eso talle en el plan de acción de la empresa y por eso contrataron a una de las agencias de publicidad y medios más importantes de la ciudad para que gestione sus apariciones públicas. La voz de TPR, hasta ahora, fue el gerente general. Moreira, aún, no habló en público. Quizás quiera pilotear la tormenta antes.
