La idea de calzarse el traje de candidato a gobernador lo ilusionó a Gustavo Nardelli. Al fin de cuenta tenía la espalda financiera para la campaña y el contacto justo en la esfera más alta del PRO, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Uno de los hombres más cercanos al presidente Mauricio Macri lo candidateaba como parte de su espacio dentro de Cambiemos para pelear la provincia de Santa Fe.
El empresario le cerraba por todos lados al ministro: de familia rica, dueña de la gigante aceitera Vicentin, perfil de management, gerente del Puerto de Rosario y aportante vicioso de las campañas del PRO. Hasta lo respaldaba un think thank local con llegada al liberalismo porteño, la Fundación Libertad. Un CEO de raza.
El problema es que tenía un bajísimo conocimiento, más allá del logrado en el establishment regional y nacional. Como si fuera poco, las aspiraciones de Dietrich chocaron de lleno con las de Elisa Carrió, quien le bajó rápidamente el pulgar en épocas en que sus exigencias a la Casa Rosada estaban rociadas con combustible.
Para la historia política santafesina, la sepultada candidatura de Nardelli no es más que un decoro personal que contará a sus nietos. Pero en lo jurídico suma al vínculo estrecho que mantuvo con el macrismo la empresa Vicentin y sus directivos. Esto decantó, según sospecha la Justicia Federal, en una “posible maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin”.
Por esto, el fiscal Gerardo Pollicita imputó al extitular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a dos responsables de la empresa cerealera, Alberto Padoán y el mencionado Nardelli. En total, se le prestaron 18.370 millones de pesos, excediendo todo límite y hasta una refinanciación “sin hacer las cancelaciones correspondientes”. Esa cifra forma parte de los 1.350 millones de dólares que la empresa, hoy concursada, acumula en su pasivo comercial y crediticio tras declararse en cesación de pagos.
La sospecha planteada en el dictamen de la fiscalía es que los beneficios “habrían sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del BNA, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición ‘Juntos por el Cambio’, que la ubican como principal contribuyente”.
De apellido materno Vicentin, Gustavo Nardelli participa de la tradicional empresa del norte provincial compuesta principalmente por cuatro familias, aunque no conforma el directorio actualmente. Desde 2002 es director de Logística del grupo, lo que lo llevó a hacer pie en Rosario cuando la firma se incorporó a Terminal Puerto Rosario (TPR), en 2010, luego de una millonaria compra de acciones para ser la operadora de los muelles locales concesionados.
Actualmente tiene el 51% en sociedad con la chilena Ultramar. Un activo que despierta la envidia de cualquier inversor. El tema portuario también cimentó el vínculo con el exministro de Transporte.
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Cuando en 2018 el ferrocarril Belgrano Cargas volvió a estar conectado directamente con el Puerto de Rosario no dudó en destacar el compromiso de las autoridades nacionales: “Es un hito para el puerto (…) Al ser una bi-trocha la inversión estatal tuvo una muy buena relación costo-beneficio”.
Pero no es un integrante más del holding. Los contactos con el círculo rojo macrista fueron aceitados y tuvieron sus beneficios, según explicó en un informe el nuevo director del Banco Nación, Claudio Lozano.
La dinámica de ventas de la empresa durante el período de Cambiemos creció como nunca. La aceitera, que ocupaba el puesto 19 de las 200 empresas en 2015 y era la cuarta cerealera (superado por Cargill, Aceitera General Deheza y la Asociación de Cooperativas Argentina), pasó a ocupar en el 2018 el puesto 6 del ranking total y en el mismo proceso, a ocupar el primer lugar dentro de las cerealeras del ranking.
En los registros de aportes de campaña para las PASO se observa que la empresa que más aportó a Juntos por el Cambio fue la de la familia Nardelli, Padoán y Buyatti, entre otros, con una donación total de $ 13.500.000 a través de diferentes unidades de negocios.
Según el informe Lozano, el principal aportante de Juntos por el Cambio comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación casi en simultáneo con las PASO y la derrota de Macri.
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Esto es clave en el enfoque sobre el proceso de endeudamiento con la entidad ya que parece materializar una suerte de “relaciones carnales”, como aquella metáfora de los ’90. “Sin fundamento alguno, la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa”, sostiene el texto que reproduce el fiscal Pollicita.
“Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las gerencias a cargo. Es decir, las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión”, dice el informe.
Lozano da fe que en los pasillos del Banco Nación contaron que en “las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentin para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa y ante las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia”.
“Eso luego se transformaba en un llamado desde la presidencia de Mauricio Macri al expresidente del banco González Fraga, quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.
Los mencionados como “dueños de la firma” serían el propio titular de TPR y Padoán, aunque el fiscal no descarta "responsabilidad penal que eventualmente les pueda corresponder a otros funcionarios del Banco Nación e integrantes del grupo Vicentin".
Según publicó Perfil, hubo una reunión cerca del cambio de gobierno del propio González Fraga con Nardelli, en busca de una última bocanada de oxígeno. Letra P se contactó con el empresario, quien prefirió no hacer declaraciones que conciernen a la causa. Cuando se le consultó si lo inquieta su situación judicial, salió de la pregunta con una evasiva: “Preocupado, por el rumbo de Argentina!”.
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