ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) En un escenario de máxima tensión, con presencia policial, incidentes y tres detenidos, el puerto de Rosario volvió a funcionar sin que todavía haya un cierre al conflicto que hace casi dos meses enfrenta a los estibadores con Terminal Puerto Rosario, la empresa concesionaria. Si bien tanto para el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos como para la empresa la pelea estaba saldada con el acuerdo firmado la semana pasada, cinco trabajadores no reincorporados comenzaron una protesta bloqueando el acceso al puerto con apoyo de agrupaciones políticas referenciadas en la izquierda.
El conflicto comenzó con una disputa salarial. La empresa, propiedad de la chilena Ultramar y de la santafesina Vicentín, se negó a reabrir paritarias y eso causó un paro que tuvo sin actividad el puerto por un par de semanas y puso en jaque el movimiento económico de la zona, al punto tal que la Unión Industrial Argentina le envió una carta a la ministra de trabajo de la nación, Kelly Olmos, solicitando que se declare la actividad esencial para destrabar más de mil contenedores con importaciones que necesitaban empresas de la zona para continuar con su operatoria.
Cuando un grupo de estibadores coparon el Concejo y la Municipalidad de Rosario, la disputa terminó de trascender. Paralelamente, TPR echó más leña al fuego y despidió a 25 trabajadores. Desde la Nación le pidieron a la provincia correr a Vicentín de la negociación, para lo que acudieron al presidente del directorio de TPR, Raúl Moreira, hombre de la chilena Ultramar. “La negociación era pésima, parecía que no querían arreglar”, contó un protagonista de las charlas para explicar la decisión de sacar a la empresa santafesina del conflicto y negociar con los chilenos.
Con el ingreso de Ultramar, las negociaciones se destrabaron. Sin embargo, TPR se negó a reincorporar a cinco de los 25 despedidos, acusándolos de haber protagonizado hechos de violencia en la protesta. Ante esa negativa rotunda, SUPA negoció que igual le paguen una compensación económica y tengan otros beneficios, como cobertura de obra social. Con ese acuerdo, firmaron la paz entre sindicato y empresa, lo que no repercutió en el puerto: los cinco despedidos comenzaron una protesta al no ser reincorporados, disconformes con el acuerdo alcanzado por el sindicato.
Esa protesta, apuntalada por sectores como el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, fue la que provocó la quema de gomas y el bloqueo de acceso al puerto esta última semana. TPR denunció penalmente a los manifestantes y logró que la policía intervenga y rompa el bloqueo el lunes y el martes, con algunos incidentes que terminaron con tres detenidos que serán llevados a audiencia imputativa este miércoles por los delitos de entorpecimiento de transporte comercial y usurpación.
En un comunicado, la empresa se refirió a los estibadores no reincorporados como “un grupo de rebeldes” que está “acompañado por un número importante de activistas políticos”, contó que su prioridad es “garantizar la salida segura” de “los estibadores y estibadoras que sí ingresaron a sus puestos y eligieron trabajar” y pidió que quienes “están militando para que el puerto no trabaje con normalidad recapaciten y cumplan el acuerdo”. El gobierno provincial apoyó la mirada, diciendo que respetan “el derecho a huelga, pero bloquear el acceso es un abuso”.
El SUPA, por su parte, coincide con la mirada de la empresa y el gobierno provincial, aunque su figura y representatividad se ve algo dañada: firmó un convenio que no pudo aún hacer cumplir a la totalidad de los trabajadores. “No podemos defender a cinco despedidos con causa y por ejercer violencia, incluso contra mujeres”, le dijo el secretario general del gremio César Aybar a LT8. “No les tendrían que pagar un peso pero les conseguimos indemnización”, agregó.
En la protesta contraatacaron sosteniendo que no hay tal bloqueo y que en realidad son los estibadores que no entran a trabajar en solidaridad con los despedidos. Plasmaron su postura en un petitorio en el que apuntaron no sólo contra la empresa por aplicar una “reforma laboral de hecho” sino también contra el gobierno santafesino. Llamativamente, según consigna el medio Rosario 12, el documento lleva la firma del Movimiento Evita y el Frente de Todos, espacios que forman parte de la alianza que llevó a Omar Perotti al gobierno provincial.
