La propuesta de alojar a excarcelados por delitos menores en casas de retiros u hospedajes religiosos puso a la Iglesia en una posición atemperada, marcada por la línea que baja desde el Vaticano, en medio de la controversia por las prisiones domiciliarias para prevenir una propagación sin control del coronavirus en cárceles hacinadas de presos y con condiciones precarias de salubridad.
La medida judicial extraordinaria sobre la base de un habeas corpus colectivo del Tribunal de Casación Penal, luego suspendida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, puso al descubierto una crisis carcelaria de vieja data y provocó daños colaterales no cuantificables al decretar el confinamiento social preventivo y obligatorio.
Entre esos coletazos políticos, reabrió la grieta entre los argentinos, quebró la “convivencia conveniencia” entre el oficialismo y la oposición en el contexto de la crisis por la pandemia, disparó la interna judicial entre garantistas y activistas procesales que estaba entre algodones e hizo retornar los cacerolazos del descontento social fogoneados, en parte, por fake news.
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Los obispos católicos no se quedaron al margen y también aportaron al debate sobre las prisiones domiciliarias preventivas. Todo, desde un punto de vista humanista, con un lógico respeto y acompañamiento de las víctimas en su dolor y bajo el amparo de la prédica papal que sostiene que “estar privado de la libertad no es estar privado de la dignidad".
La Iglesia vernácula actuó en sintonía con su compatriota el papa Francisco y propuso recibir en casas de retiros y hospedajes religiosos a internos beneficiados judicialmente con salidas preventivas por el Covid-19.
El ofrecimiento llegó a través del obispo Juan Carlos Ares, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Penitenciaria, quien precisó que la Iglesia estaba dispuesta a alojar a detenidos con condenas menores o que presentaran fehacientemente enfermedades de riesgo al coronavirus.
El prelado porteño, que visita seguido a los internos del penal de Devoto, donde se produjo el motín en reclamo de las excarcelaciones ante el riesgo de contagios masivos, aclaró, sin embargo, que la propuesta de alojamiento temporal no incluía ni a detenidos por delitos contra la integridad, como asesinatos o violaciones, ni a reclusos por corrupción.
Ares justificó la decisión eclesiástica con un duro diagnóstico de la situación de colapso del sistema carcelario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero tomando distancia del cruce político judicial.
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"En la provincia de Buenos Aires hay 52.000 presos, la mitad de los presos del país, y no se construyen nuevas unidades. Solo (la exgobernadora) María Eugenia Vidal inauguró un nuevo penal en Campana para los presos que reciban su primera condena, pero eso no alcanza", opinó el obispo en una entrevista y planteó: "Se hicieron esfuerzos, pero en la provincia de Buenos Aires la cantidad de presos se duplicó".
Antes de que se conociera la posición oficial de la Conferencia Episcopal Argentina a través del obispo Ares, la congregación religiosa de los Misioneros Claretianos fue la primera voz eclesiástica en apoyar el fallo judicial de excarcelar a presos para prevenir los contagios de Covid-19.
En una declaración, los religiosos afirman que el juez Víctor Violini basó su decisión de excarcelar a numerosos presos --luego suspendida por un tribunal superior-- en las medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sostienen que, en el actual contexto por la pandemia, “es clave descomprimir el hacinamiento y la superpoblación” carcelaria.
Más allá de los matices de apreciación interna, los referentes eclesiásticos coinciden mayormente en que hay un riesgo latente de colapso del sistema carcelario, subrayan que la prioridad debe ser “salvar vidas” y estiman que esta situación no debe emparentarse con la crisis actual por la pandemia del coronavirus.
“La crisis humanitaria de nuestros presos y presas no la trajo el coronavirus. Esta crisis nos avergüenza como sociedad hace tiempo. La pandemia del Covid-19 lleva al extremo de la urgencia los pasos necesarios para que esta realidad cambie y cambie de verdad, sin promesas vacías de realidades”, aseveró la pastoral penitenciaria de la diócesis de Quilmes.
Con argumentos similares y preocupada por la situación sanitaria y la violación de los principios de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, la Iglesia se había ofrecido como mediadora después del violento motín en la cárcel de Devoto del 24 de abril.
Aunque finalmente no fue convocada por las autoridades, la Pastoral Penitenciaria sí reclamó traslados para los internos enfermos y "medidas extraordinarias" con presencia de los tres poderes del Estado.
Este “conflicto reclamo colectivo” llegó a su fin el 6 de mayo mediante un acuerdo de siete puntos alcanzado en una mesa de negociación de la que participaron representantes del gobierno nacional, el Servicio Penitenciario y los referentes de los pabellones involucrados.
La Iglesia mantiene hace años una posición uniforme frente al “deshumanizante” sistema carcelario argentino, por lo que sus máximos referentes han alertado sobre sus causas y consecuencias. Las advertencias se tornaron todavía más frecuentes desde la llegada de Jorge Bergoglio al pontificado. El papa ha demostrado su cercanía con los reclusos y ha denunciado atropellos a la dignidad humana en contextos de encarcelación que claman al cielo.
Así lo hizo en noviembre pasado frente a referentes de la Pastoral Penitenciaria del mundo, al asegurar que las cárceles fracasan en su objetivo de reinserción social con una frase contundente (“Es más fácil reprimir que educar”) y volviendo a poner en duda la condena a prisión perpetua.