La situación extraordinaria de pandemia sacó a escena (una vez más) una de las mayores deudas que existe en la provincia de Buenos Aires: el estado de hacinamiento humano en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense, una pesada herencia para la actual administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof. La situación tiene responsables políticos que tomaron decisiones erradas y, a la vista de los resultados, una política criminal errante y oscilante en el tiempo, al compás del humor social en los distintos climas de épocas: del 2x1 a la “reforma Blumberg”, un péndulo entre el abolicionismo y el punitivismo demagógico.
Las 55 unidades penales distribuidas en la geografía bonaerense alojan a 49 mil detenidos, cuando la capacidad máxima es de 23 mil, es decir, existe una sobrepoblación del 110%, según registros oficiales. Esta situación quedó reflejada en un informe realizado en 2019 por el Tribunal de Casación bonaerense, que propuso once medidas concretas para comenzar a tener un principio de solución a este problema por el que fue sancionado el Estado provincial.
Varias fuentes judiciales consultadas aseguraron que “no existe” una fecha cierta de inicio del problema, pero ubican los primeros años de la década del noventa como la frontera temporal donde “comenzó a profundizarse la crisis carcelaria”, aunque “en 1985 el penal de Lisandro Olmos ya tenía problemas”.
En diciembre de 1991, Antonio Cafiero le entregó el mando a su sucesor en la gobernación, Eduardo Duhalde. En esta etapa los especialistas señalan que se tomó un serie de decisiones políticas erradas que, sumadas a las crisis económicas y la degradación del sistema educativo, ampliaron la brecha de la desigualdad social con el consecuente incremento de la marginalidad y el delito.
La política criminal de un gobierno se armoniza entre los tres poderes del Estado, pero son el Ejecutivo (Ministerio de Justicia) y el Judicial (Procuración General) las instituciones que dan las coordenadas principales del rumbo a seguir. Alfredo Meckievi, Eduardo Di Rocco, Jorge Casanovas, José María Díaz Bancalari, Ricardo Casal y Gustavo Ferrari son algunos de los nombres que manejaron el timón judicial y naufragaron. En tanto, como jefes de los fiscales se anotaron el actual ministro de la Corte Eduardo de Lázzari (1994/96), el fallecido y bien recordado Eduardo De la Cruz, la dama de hierro María de Carmen Falbo y el alfil del Opus Dei, Julio Marcelo Conte Grand.
Las políticas penitenciaria, criminal y de seguridad fueron el gran talón de Aquiles de los gobiernos de Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá (tuvo que lidiar con la ola de secuestros extorsivos y con la masacre en el penal de Magdalena), Daniel Scioli (escándalo de la familia Pomar, ataque a Carolina Piparo) y María Eugenia Vidal (masacre en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría).
En el inicio de su gestión, Kicillof logró desactivar una masiva huelga de hambre en penales de la provincia de Buenos Aires. Acató la resolución de la Suprema Corte y constituyó las mesas de diálogo en las cárceles. Cuando esa política de diálogo comenzaba a germinar, se declaró la pandemia y la cuarentena. En el inicio del aislamiento social, los internos renunciaron a recibir visitas, pero la situación de hacinamiento, sumada al cese de las salidas transitorias o libertades asistidas que tenían los internos con penas en avanzado cumplimiento y buena conducta, generaron un clima de malestar intramuros que estalló.
Un informe de la actual gestión asegura que "el gobierno de María Eugenia Vidal dejó una bomba en las cárceles" ya que "en cuatro años encarceló 13.000 personas, la mayoría de ellas por narcomenudeo, sin que construyera ninguna infraestructura para alojar a esos nuevos presos y presas". En tanto, los distintos informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria indican que la exgobernadora es la principal responsable del mayor hacinamiento en las cárceles: superó al sheriff Ruckauf, un fiel exponente de la mano dura y el punitivismo a ultranza.
Desde la reinstauración definitiva de la democracia en 1983 pasaron gobiernos radicales, justicialistas y PRO. Ninguno pudo saldar la deuda histórica que, una vez más, derramó sangre y generó conmoción social.
