También en la residencia de Olivos penetró el ruido furioso de las cacerolas. Cuando la atención del Gobierno estaba en salir del aislamiento en forma gradual con estrictos protocolos de seguridad, la protesta de la oposición social se escuchó con una fuerza inesperada y encendió las alarmas alrededor de Alberto Fernández. Cuando lo que se temía era el desborde de los que viven al límite sin posibilidad de aislarse, otra vez fue la clase media emparentada con el macrismo la que entró en escena con su capacidad de imponer agenda y apedrear la fortaleza política en la que el Presidente parecía seguro, aún en plena emergencia.
Fernández sabía que la luna de miel que mostraban las encuestas durante las primeras semanas de la pandemia era una imagen fugaz. Pero no esperaba que el otorgamiento de prisiones domiciliarias, en especial en la provincia de Buenos Aires, redundaría en un descontento dirigido hacia la cúspide del poder político.
La sociedad argentina es una olla a presión. Viene de años de ajuste, está dividida en dos grandes continentes políticos y sobrevive astillada en mil situaciones de precariedad. Las protestas de los presos que habitan cárceles superpobladas en todo el país ante el riesgo de contraer coronavirus gatillaron distintas reacciones: mientras presionaron sobre una Justicia en cuarentena y apuntaron los reflectores sobre el Gobierno, desataron un torbellino de rabia en las clases medias urbanas que viven encerradas.
LA CONFUSIÓN GENERAL. La cuarentena no modifica una constante: cada uno ve lo que quiere ver. Según publicó -en base a datos oficiales de la provincia- el periodista Gabriel Di Nicola en La Nación, entre el 17 del marzo pasado y el 17 de abril salieron 2.244 personas de las 44.822 que hay hoy detenidas en las cárceles bonaerenses: 1607 fueron liberadas por haber cumplido sus penas o porque estaban en periodo de libertades condicionales y, de las 637 que recibieron arresto domiciliario, sólo 439 pertenecían al grupo de riesgo de contagio de Covid-19. Un año antes, en el mismo período, habían sido liberadas 1.713, 106 más que este año, aunque la prisión domiciliaria solo la habían recibidio 30. Nombrado por María Eugenia Vidal, el procurador Julio Conte Grand afirmó que hay 753 internos beneficiados con morigeraciones de penas y sólo 102 eran parte de la lista que entregó el juez de Casación Victor Violini para los autores de delitos no violentos. Pero en el grupo de los que accedieron al arresto domiciliaro aparecen violadores, femicidas y hasta un represor de la ESMA. Cada caso funciona en los medios para potenciar al infinito la sensación de impunidad.
En la Casa Rosada hablan de que se trata de un “estado de necesidad o fuerza mayor” y en el oficialismo están los que remarcan que el Gobierno no puede solucionar el problema ni basar su política en el ruido de las cacerolas. Pero, en todos los casos, el requisito es cumplir con la Ley de Víctimas 27.372, que obliga a notificar a los familiares antes de cualquier beneficio para los detenidos. Con el argumento de que no se hizo, Sergio Massa avanzará desde el lunes con pedidos de enjuiciamiento de jueces.
LA CAMPAÑA. El debate sobre las excarcelacions se da en un marco concreto. Al núcleo duro opositor que está envenenado con el regreso del peronismo al poder y pasa sus días encerrado no le hizo ninguna gracia el veranito del Presidente en los sondeos y los codazos y sonrisas que comparten con la línea que va de Horacio Rodríguez Larreta a Jorge Macri. La idea amenazante de una salida masiva de presos detonó el huracán de furia. Por eso, en el Gobierno están convencidos de que, detrás del cacerolazo, opera el call center del macrismo y el peso de los medios.
Fernández habló del tema el lunes en la entrevista con Ernesto Tenembaum con un discurso que remarcaba la situación extraordinaria y el riesgo de contagio en las carceles. Dos días después, intenó tomar mayor distancia con un hilo de tuits en el que explicó la situación general, hizo referencia a lo que sucedía en otros países y apuntó a “la malintencioda campaña en redes y medios”.
En Olivos, saben que el encierro potencia el impacto que los canales de noticias, el consumo de información es mayor y las horas de pantalla pesan. Un directivo de una señal informativa le confirmó a Letra P que el rating de toda su programación se elevó de manera considerable desde el 20 de marzo último. Como siempre, las opiniones se dividen entre los que creen que es el público el que demanda contenidos sensacionalistas y los que afirman que son los dueños de medios y los formadores de opinión los que apuestan al encedido fácil. Como sea, ese lazo se retroalimenta y se conjuga en contra de los intereses del Gobierno. En una situación delicada en varios frentes a la vez, el “llamado a la responsabilidad” que hacen desde la Casa Rosada y dicen compartir algunos directivos de medios no se deja ver en pantalla.
LA AGENDA AJENA. El tema general de la violencia urbana es prioridad de la agenda opositora y siempre fue dificil de resolver para el cristinismo. También ahora, en medio del estado de excepción y con una sociedad cansada de todo. El heterogeneo frente oficialista mostró su costado manodurista a través de Massa y Sergio Berni, que se expresaron, cada a uno a su modo, en contra de la liberación de presos. Sin embargo, esas voces no evitaron que el descontento con el Gobierno se extendiera. Lo que se supuso podía ser una estrategia consensuada en lo alto del Frente de Todos para contener a los que claman por más seguridad no funcionó. Aquel potencial que Massa expresó en sus tiempos de candidato opositor a CFK hoy puede servirle para preservar su identidad, pero no puede salvar a Fernández.
Parece claro. Mientras el oficialismo está concentrado en la gestión de crisis para conjurar los efectos de la pandemia y el Presidente persiste en la ilusión de la unidad nacional, la oposición más dura aprovecha para ejercitar su gimnasia de protesta. En el caso del sueldo de los políticos con menos adhesión y ahora con mucha más, pero siempre con una dinámica que martillla sobre la autoridad de Fernández.
La situación de los presos, el cacerolazo y la renuncia de Alejandro Vanoli hicieron surgir del gobierno una nueva consigna para la etapa: se acabó el margen de error. Si es así, puede haber nuevas renuncias. La designación de Fernanda Raverta en la ANSES y la asunción de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense puede ser una consecuencia lógica del equilibrio de poder dentro de la alianza oficialista, pero para la sociedad opositora es una muestra más de que el kirchnerismo no cambió y de que CFK sigue gobernando en la nueva etapa. El Presidente tendrá que salir, con más autoridad y más política, del laberinto de la coyuntura.