“La resolución de Casación incumple con algunas normas (…), es de gravedad institucional. Mi expectativa es que esto se ordene”. Lo dijo a Letra P el fiscal del Tribunal de Casación bonaerense Carlos Altuve, quien presentó el recurso de queja al que la Corte Suprema hizo lugar y por el cual se frenó la liberación de detenidos en el marco de la pandemia. No obstante, dijo que no buscó obstaculizar ese tipo de medidas, que está de acuerdo con el espíritu de las mismas.
La decisión del máximo tribunal de justicia trajo algo de calma a la convulsión generada por la decisión de algunos jueces de otorgar domiciliarias amparados en el hábeas corpus que firmó el magistrado Víctor Violini. La resolución fue en línea con el pedido del gobernador Axel Kicillof. “Había cuestiones que no estaban claras en el fallo de Casación”, dijo Altuve a este medio.
Para el fiscal, la resolución final que dé la Corte debe ordenar la situación. “Mi expectativa es que esto se ordene” ya que “la resolución de Casación incumple con algunas normas que son de estricto cumplimiento; el juez natural de la causa es quien tiene a disposición el detenido, quien tiene las constancias de la causa, que conoce el hecho, si fue grave o no”, para decidir si puede otorgar el arresto domiciliario.
“Hay otro aspecto de la resolución que me genera agravio y es la división de delitos en leves o graves. Esto no es así, eso es más coloquial que jurídico. Los delitos se clasifican en criminales y correccionales, hablar de delitos leves o graves no es aplicable para una sentencia jurídica que tiene alcance provincial”, explicó el funcionario.
En el recurso de queja presentado a la Corte, Altuve señaló en varias oportunidades que existe “gravedad institucional” en la resolución dictada por Casación y enumeró una larga lista de argumentos en ese sentido. “Otro de los agravios que planteé es que se había inaplicado la Ley de Víctimas: solo se dispuso una notificación. Pero había que convocar a la víctima al proceso previo al otorgamiento de una medida cautelar de este tipo como es la morigeración”, dijo.
Asimismo, el fiscal afirmó que el objetivo de su recurso de queja “no es poner una barrera para obstaculizar la toma de medidas, porque hay que tomar medidas para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de su libertad”. Y explicó: “Lo que no puedo justificar es una alteración del orden constitucional o legal. No me opongo al espíritu de este tipo de medidas, pero el tribunal superior debe delimitar todas estas cuestiones que a mi juicio quedaron poco claras”, agregó.
Altuve insistió con que “es necesario que se tome algún tipo de medida con la población que se encuentra verdaderamente en riesgo de vida”. Confía en una rápida resolución de la Corte. “No conozco cuál va a ser su criterio, pero, confiando en su sabiduría y capacidad, entiendo que van a tomar una resolución justa, adecuada a la realidad jurídica. Y, además, a un reclamo que se está haciendo cada día más notorio”. Y reafirmó que le pidió a la Corte “un tratamiento urgente porque hay conmoción social con este tema”.
La Corte emplazó a la Casación para que envíe el expediente del que tomará vista el procurador general Julio Marcelo Conte Grand, quien deberá dar su dictamen. Según pudo saber este medio, su decisión irá en sintonía con lo plateando por el fiscal Altuve.
Conte Grand es el jefe de los fiscales y defensores oficiales bonaerenses. Una resolución firmada por él habilitó a todos los defensores a solicitar arrestos domiciliarios para los detenidos, sin excluir del beneficio a los reclusos procesados por delitos como homicidios, violencia de género y abusos sexuales, entre otras figuras criminales severamente castigadas en el Código Penal.
