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Presionado por los sondeos y la economía, a lo que anticipaba Letra P a fin de marzo, suma descuentos en supermercados a beneficiarios de la ANSES y $13.000 millones a obras sociales. ¿Qué más sigue?
Por 31/03/2019 9:48

Para quienes lo critican por derecha y hasta trabajan para enfrentarlo en las urnas, Mauricio Macri no hace más que “populismo amarillo” o “kirchnerismo de buenos modales”. Y, con tal de dar vuelta las encuestas negativas y preservar sus chances de ser competitivo, el Presidente no teme darles la razón. Así, el Gobierno prepara una serie de iniciativas de tono popular a partir de mayo, de modo de pisar el acelerador de las “buenas noticias” justo seis meses antes de la apertura de las urnas.

Busca, de ese modo, reeditar lo hecho antes de las legislativas de 2017, cuando la economía rebotó desde la recesión del año previo justo a tiempo para permitirle a Cambiemos un triunfo amplio a nivel nacional y, como frutilla del postre, hasta derrotar a Cristina Kirchner en su supuesto bastión de la provincia de Buenos Aires.

 

 

Sin embargo, la coyuntura actual presenta diferencias.

Para empezar, la recesión y el salto inflacionario de 2016 fueron producto de una devaluación brusca, realizada de un solo golpe, como fue la salida del llamado “cepo” cambiario pocos días después de la asunción de la nueva administración. Hoy se dan los mismos fenómenos, pero la depreciación del peso del año pasado fue más violenta y se estiró a lo largo de siete meses interminables, lo que amplificó sus efectos destructivos sobre los precios, los salarios, el consumo popular y el nivel de actividad.

Además, la crisis del año pasado introdujo un factor insoslayable en el análisis: la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) como garante último de que el país gobernado por la primera vez en décadas por una administración nacida del establishment no caerá en default. Pero todo tiene un costo: en este caso, la exigencia de un déficit fiscal primario (casi) cero y un apretón monetario pocas veces visto, lo que limita severamente el margen de acción con respecto a la pirueta “populista” de 2017”.

La convicción de los estrategas electorales del macrismo es que la elección de octubre-noviembre se gana o se pierde en el sprint de los 60 días finales, pero que eso requiere, como base, una estrategia de seis meses. Por eso, la idea es comenzar desde mayo con las medidas simpáticas que la coyuntura permita. Serán, justo, seis meses hasta la primera vuelta.

Para empezar, el ciclo de las “buenas noticias” arrancará ni bien cedan los severos aumentos de tarifas de luz, gas, agua y transporte que el Gobierno concentró deliberadamente entre enero y mayo. Eso, que resulta comprensible en términos electorales, lleva a preguntarse seriamente sobre la autenticidad de la alarma oficial con la elevada inflación del período. ¿Es posible que el resultado directo de una inflación de costos inducida de semejante modo tome a algún especialista serio con la guardia baja?

 

El ciclo de las “buenas noticias” arrancará ni bien cedan los severos aumentos de tarifas de luz, gas, agua y transporte que el Gobierno concentró deliberadamente entre enero y mayo.

 

El Gobierno es consciente de que no puede apostar a una recuperación económica que llegue a sentirse en la calle, pero “populismo” de los últimos seis meses mediante, busca, al menos, darle espacio al discurso voluntarista de Marcos Peña, que postula que los sufrimientos actuales son el modo de establecer las bases de un crecimiento sostenible.

La condición de posibilidad de todo el proyecto es que las principales variables económicas estén bajo control. La apuesta, de resultado incierto, incluye sobre todo mantener el dólar a raya a fuerza de tasas de interés todo lo elevadas que sea necesario, aunque eso incluya demorar sine die el rebote del nivel de actividad. Así, con resignación, se van a poner más fichas en la generación de una expectativa de mejora, basada, si Dios quiere, en algún brote verde pálido, que en una mejora perceptible.

 

 

A nivel de medidas, se trabaja en varios frentes.

Por un lado, a través de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la que se instruirá para que sea todo lo flexible que la normativa le permita en el otorgamiento de plazos para el pago de deudas. El rostro serio del organismo que conduce Leandro Cuccioli mutará en lo inmediato, anticipan.

Por otro lado, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, estudia extender a más sectores el incremento del mínimo no imponible en las cargas patronales otorgado en febrero para las economías regionales. La industria se aferra a cualquier esperanza.

Asimismo, se buscará hacer visible el ya decidido relanzamiento del plan de viviendas Procrear para familias de clase media y media baja. A falta de crédito genuino, la intención es establecer un subsidio sobre la tasa de interés y que el Banco Nación haga punta con una línea de crédito por $ 5.000 millones, de modo de impulsar a sumarse a las entidades privadas que están levantando ganancias con pala mecánica gracias a la timba de las Leliq.

En la misma línea, se retocarán al alza los topes de los préstamos con tasa subsidiada de la ANSES para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, los viejos Argenta. Será una de las principales remakes de 2017.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, estudia extender a más sectores el incremento del mínimo no imponible en las cargas patronales otorgado en febrero para las economías regionales. La industria se aferra a cualquier esperanza.

En tanto, se concretaría una vuelta de campana completa de la política oficial si el Gobierno permite una cierta recomposición de los derruidos salarios de los empleados del Estado. En los últimos días se afirmó que la Nación avala la decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de reconocerles a los docentes de su distrito la pérdida salarial de 2017 y seguir la inflación de 2018, pero se reconoce que la estrategia implica el riesgo de un efecto cascada de reclamos que le complique al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cumplir con el déficit cero prometido al FMI y hasta con una inflación mínimamente decorosa.

El gasto social será un capítulo aparte. No se sabe si Christine Lagarde se ha puesto sensible con los años o si actúa como la principal aportante de la campaña de Cambiemos, pero lo cierto es que el organismo le acaba de autorizar al Gobierno el incremento del gasto social de emergencia del anterior 0,2% al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), un desequilibrio fiscal perdonable. Ese 0,3% equivale a $ 60.000 millones. Si se considera que cerca de un cuarto de esa cifra ya se utilizó en la recientemente anunciada mejora de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quedará un remanente de $ 45.000 millones para el “populismo” de los últimos seis meses.

El destino político de Macri y de Lagarde está atado: la francesa sabe que haber destinado el mayor paquete de “rescate” de la historia del Fondo a la incorregible Argentina puede resultarle un boomerang en caso de que el programa derrape o de que fracase en evitar el regreso al poder de algún populista. Uno de verdad, se entiende, vocacional, no uno movido por una necesidad política imperiosa.

Los fondos destinados por el FMI a la Argentina son cuantiosos y, encima, Dujovne insiste en que se habiliten nuevas herramientas (dólares frescos) para manejar esperables saltos de la divisa durante la campaña. Pero eso se verá: si Lagarde tiene el guiño de Donald Trump para ayudar como sea a Cambiemos, también cuenta con condicionamientos políticos, sobre todo los que imponen los miembros europeos y asiáticos del organismo.

Para la campaña electoral del Gobierno, lo demás quedará librado al show de la obra pública que se pretenderá mostrar. Para eso, se planea dosificar un millar de inauguraciones, inicios o apariciones de los candidatos, de modo de dar idea de que, a pesar de lo que parece, el país está en movimiento.

 

 

La hoja de ruta electoral sigue el trazo grueso de la de 2017. Pero el Gobierno sabe que las posibilidades de llevarla adelante son menores, porque la economía no responderá como lo hizo entonces.

Los alivios que pueda dar la AFIP a sus deudores serán una gota en un mar de necesidades. El aumento para ciertos sectores del mínimo no imponible en las cargas patronales no va a dar vuelta la ecuación productiva. Los Procrear no derivarán en ningún auge crediticio. La recomposición salarial será limitada, sobre todo en el golpeado sector privado. Y el aumento del gasto social solo servirá para paliar un poco el sufrimiento de sectores cada vez más amplios.

Así, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, no habrá boom de créditos, las uvas seguirán siendo solo frutas y el rebote del consumo será módico (si es que incluso llega). Pero, por sobre todas las cosas, la concreción del plan depende de que el dólar no vuelva a encabritarse. Y sobre eso nadie tiene seguridades.