El tan sorpresivo como justo triunfo del Estado en la demanda planteada por los fondos Eton Park y Burford por la expropiación de YPF esconde más claves que las ventiladas en los últimos días. La más importante expone un debate que ni la dirigencia política y empresarial, ni la propia sociedad terminan de zanjar: ¿cómo resolver la tensión entre Estado y mercado?
Lejos de ser una entelequia, eso –y no otra cosa– es lo que se dirimirá, bajo la fachada de una elección presidencial, entre octubre y noviembre del año próximo. Nombres aparte, nada menos que el modo de pensar el desarrollo y qué lugar le debe caber al Estado en ese proceso tras una gestión que viene fracasando con su maniática apuesta desreguladora y privatista. La pelea infinita de la Argentina.
Como en otros temas, la "batalla cultural" no le hace mella a una cultura política y económica en la que el Estado no es concebido como un espectador pasivo, al que sólo se apela para reprimir la protesta. Vivimos apenas un paréntesis.
Mucho se habló desde que se conoció el fallo de cámara del viernes en Estados Unidos, que revirtió un alevoso exceso de la jueza Loretta Preska, del alivio que representa no sumarle al Tesoro una carga de 16.000 millones de dólares, más los 2000 millones de dólares que marcaba, hasta ahora, el taxímetro puesto en marcha por esa magistrada. ¿Cuál era la garantía? Nada menos que el 51% de las acciones del Estado en la empresa.
Asimismo se ventiló la importancia del desenlace para el gobierno de Javier Milei, cuyo programa sigue sin enamorar a los dueños del dinero, al punto de tener que pagar taca-taca los vencimientos de deuda por tener todavía vedado el recurso al mercado voluntario de deuda.
Por último, como los triunfos tienen muchos más padres que las derrotas, también fue impresionante la disputa política que se entabló en torno a la cuestión.
¿El mérito les corresponde a quienes decidieron, ahora se sabe que con arreglo a derecho, la expropiación de 2012, esto es Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof? ¿O, acaso, a la propia CFK, Alberto Fernández, Mauricio Macri y Milei por haber sostenido una estrategia legal aun cuando todo parecía perdido? ¿O, por fin, sólo al presidente actual, que afirma sin mucha conciencia del peligro de ese argumento, haber incidido en la sentencia en base a su alineamiento con Donald Trump y a un fantasioso cambio de enfoque que nadie ha podido ni siquiera bosquejar todavía?
Lo más relevante, en verdad, es lo otro: la persistencia de YPF como una empresa de capital mixto, pero controlada por el Estado en un momento en que los combustibles fósiles extienden su sobrevida y le prueban al mundo, guerra en Irán mediante, lo apresurados que son los pronósticos sobre su ocaso.
Tras nueve años de pleitos y una condena de primera instancia, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York le dio un coscorrón a Preska al anular su fallo por haber ignorado lo que se aprende en la primera clase de cualquier carrera de Derecho de Occidente: que una ley –en este caso, la de expropiación– prima por sobre el estatuto de una empresa.
Como dicha ley le permite al Estado expropiar –con el debido pago– todo o parte de un activo privado, no tenía validez el argumento de Eton Park y Burford –que dicen que no es buitre, pero que se comporta como tal– de que se había violado el estatuto de YPF, que por las condiciones de la privatización menemista obligaba que cualquier expropiación resarciera en la misma medida a todos los accionistas.
Sin embargo, en la página 50 de su sentencia, la cámara no dejó de señalar que el proceso supuso un incumplimiento deliberado de una promesa realizada a los inversores de la compañía. Esto no dice nada sobre la legalidad de la recuperación de la petrolera, pero sí de la mala reputación del país, algo que –no hay que engañarse– se paga a través de un riesgo país más elevado y crédito más caro, lo que limita el desarrollo nacional.
Cabe destacar la mala estrella de un país que, en parte debido a ese récord histórico negativo, sólo puede captar inversiones productivas o financieras cediendo la jurisdicción para eventuales litigios. Sea en el CIADI o en los tribunales del Distrito Sur de Manhattan, lo que se obtiene no es una forma de justicia, sino una cancha inclinada, diseñada para servir de garantía a los inversores en detrimento de ese Estado bobo y concesivo, tengan aquellos razón o no.
Por suerte –y vale el uso de esta expresión, porque realmente nadie creía que esto pudiera ocurrir– el tribunal de alzada desautorizó a la inefable Preska, quien, cabe recordarlo, heredó el mismo juzgado desde el que Thomas Griesa habilitó un festín para los fondos buitres que compraron por centavos deuda defaulteada para litigar y ganar enormes fortunas.
Lo mismo que Burford, que le compró el derecho de demandar a la Argentina a la quiebra española del grupo Petersen –familia Eskenazi–, el mismo al que habían favorecido Néstor Kirchner en el final de su mandato y CFK en el comienzo del primero de los suyos y que terminaría quedándose, casi gratis, con un cuarto de la compañía.
Lo dicho no es una crítica a la reestatización. Es más, la misma fue un remedio a dos décadas de mala política energética, tanto en el menemismo como en el kirchnerismo; a una lamentable "argentinización" de parte de la petrolera propiciada entre fines de 2007 y comienzos de 2008 en favor de los Eskenazi, que "compró" un paquete significativo de acciones a través de créditos que pagaría con los dividendos futuros, lo que limitaba la capacidad de inversión de la compañía y sólo beneficiaba a esos aprovechados; y, por último, una solución a futuro para una macro estragada por el cepo cambiario generado, justamente, por la pérdida del autoabastecimiento energético.
La expropiación también fue una respuesta adecuada a la gestión rapaz de Repsol, empresa que, gracias al crudo de YPF, pasó de ser una mera refinadora española a convertirse en un jugador global, aunque de porte menor.
A la hora de la verdad, y tal como ocurrió con las inversiones españolas en Aerolíneas Argentinas, esa firma vació los recursos recibidos en la privatización, en su caso, para internacionalizarse.
Cabe recordar que la expropiación se produjo en 2012, y que el boom del petróleo no convencional de los Estados Unidos se produjo a partir de 2008 y, sobre todo, desde 2010. Si Repsol no le hubiese dado la espalda a la Argentina y se hubiese interesado por Vaca Muerta –de la que ya se sabía antes de la reestatización–, YPF habría cobrado un valor tal que habría resultado imposible de expropiar para el Estado argentino.
El peronismo es una criatura mutante.
En el caso que nos ocupa, fue nacionalista con Juan Domingo Perón y, sobre el final de aquella experiencia fundacional, incipientemente desarrollista, a través del ingreso de la California.
Con Carlos Menem, fue liberal y zonzo, vendiendo la empresa cuando el crudo estaba barato y, como se dijo, con un estatuto que prácticamente impedía su recuperación.
El kirchnerismo, que había apoyado la enajenación desde Santa Cruz, terminó por expropiar YPF.
Hoy parece haber en la reactivada oposición un consenso a favor de un Estado que impulse y no obstruya la iniciativa privada. Un eterno devenir.
Kicillof, inspirador y ejecutor de la reestatización parcial, siempre sostuvo la misma postura.
El desenlace del juicio demuestra que su argumento fue, aunque arriesgado dada la localía de los demandantes, legalmente correcto y económicamente beneficioso para el país. Es, sin dudas, un activo para él en la carrera hacia 2027.
Al revés, Milei va variando.
El actual presidente hizo campaña en 2023 hablando de reprivatizar YPF y, especialmente, sus activos en Vaca Muerta. No sólo eso: se declaraba dispuesto a negociar el pago impuesto por Preska incluso antes de que se definiera la apelación.
Ya en el gobierno, incluyó a la compañía en la lista de privatizables de la ley Bases, pretensión que no pasó el filtro del Congreso.
Más instalado en el ejercicio del poder, Milei descubrió que YPF es la espina dorsal de un superávit energético sin el cual su estrategia económica sería inmediatamente inviable. Así, el anarcocapitalista se puso el mameluco de la firma estatal.
Con el fallo en la mano y desastrado por la tormenta perfecta de corruptelas inocultables –el Libragate y los diversos casos de Manuel Adorni –, inflación rebelde, salarios y consumo en caída, y economía real en lamentable estado, salió a apropiarse del triunfo legal y, a la vez, a tratar de escrachar a quien intuye como su máxima amenaza en la elección del año próximo: Kicillof.
Arrancó su festejo con insultos que, antes que a Kicillof, lo califican a él, y siguió en la cadena nacional que dirigió exclusivamente a "los argentinos de bien".
"Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor", dijo.
Ojalá pare con la sugerencia de que los camaristas neoyorquinos fallaron influidos por su alianza con Donald Trump. No vaya a ser que, para despejar esa sospecha propia de un país sin instituciones –¿principio de revelación?–, la Corte estadounidense termine dando una sorpresa desagradable.
Además de peligroso, eso es falso: Trump no ayudó a la Argentina en el fondo de la cuestión, sino sólo en lo que hacía a la ejecución de la sentencia de Preska, recordó el economista Sebastián Maril, uno de los observadores más atentos de ese y otros juicios contra el país.
Por otro lado, ¿sirve realmente al interés nacional el alineamiento de la extrema derecha con Estados Unidos e Israel? No parece. Según contó Clarín, "las dos empresas que aparecen como mejor posicionadas en las islas Malvinas hoy, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, anunciaron que están en condiciones de invertir para tomar el desarrollo de uno de los yacimientos del disputado archipiélago y empezar a extraer petróleo en 2028".
En su cadena nacional, Milei subrayó que "expropiar está mal, porque robar está mal". Es decir que terminó diciendo que algo finalmente saldado como legal fue un robo. Según él, se supone, la misma YPF que sostiene su loca política cambiaria debería seguir en manos de Repsol y Petersen.
El Presidente no es el único que desconcierta. Macri se colgó una medalla que le corresponde: haber defendido la legalidad de la expropiación a través de "los argumentos (…) que originalmente presentó nuestro procurador, Bernardo Saravia Frías".
Sin embargo, en el mismo posteo calificó la expropiación de "ilegal" y de "atropello", a la vez que recordó con orgullo que "fue votada en contra por los diputados del PRO". ¡Ay, "querido rey"! La deriva de quien alguna vez pretendió encarnar un centroderecha democrático resulta alarmante: el hombre habla –de modo incoherente– de YPF, pero no de $LIBRA ni de Adorni.
Sería positivo hablar de políticas de Estado, pero el control público de los estratégicos recursos energéticos es una cuestión que, como se ve, dista de estar saldada.
Es crucial para el futuro que YPF, de capital mixto y por lo tanto sanamente sometida a las exigencias de rentabilidad y transparencia que le impone cotizar en bolsa, siga liderando el despliegue de Vaca Muerta. Más cuando las políticas de promoción de inversiones como el RIGI son tan generosas en exenciones impositivas y tan avaras para el país en términos de liquidación local de divisas y de desarrollo de cadenas de valor locales.
Si otras empresas privadas, locales o extranjeras, pueden volar con las divisas que generen sus exportaciones, si tienen pocos requerimientos de venta de divisas para pagar gravámenes y si no están mayormente comprometidas a poner demasiado en insumos y servicios de proveedores locales, ¿cómo haría el país para que esa riqueza no se dilapide como oportunidad de progreso?
Una YPF activa, bien administrada y controlada por el Estado es la única ancla, al menos en una escala relevante.
El año que viene se dirime mucho más que el nombre de un presidente; se juega el modo de concebir el futuro
¿Con mucho mercado? Desde ya. Pero también con Estado.
Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.