La estrategia mantenida desde 2014 sostuvo que la expropiación se ajustó a la ley argentina, que prevalecía sobre el estatuto. La Justicia de EEUU lo convalidó.
El fallo a favor de YPF desmiente a Javier Milei respecto de un triunfo de su gobierno, y ratifica la estrategia de cuatro gestiones.
Captura de redesEl fallo en Estados Unidos por YPF confirma que la defensa argentina se sostuvo como política de Estado a lo largo de cuatro gobiernos. La sentencia contradice el relato de Javier Milei, que contrapuso la intervención de su gobierno a la de gestiones anteriores. En realidad, hubo una continuidad desde los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner.
El resultado fue celebrado por oficialismo y oposición, en línea con una posición jurídica que se mantuvo sin cambios de timón.
El resultado judicial en el caso YPF expone una línea de continuidad en la estrategia argentina y desarma el argumento oficial de una ruptura con el pasado.
Desde la nacionalización de la compañía en 2012 hasta la actualidad, la posición jurídica del país se mantuvo sin cambios sustanciales, independientemente del signo político de cada gobierno. Esa consistencia es la que terminó validando la sentencia. El eje fue sostener que los estatutos de YPF no estaban por encima de la Ley General de Expropiación.
La resolución elimina así el riesgo de un pago estimado en torno a los u$s18.000 millones, cifra que el propio Gobierno equiparó con magnitudes relevantes del endeudamiento reciente. Axel Kicillof interpretó el fallo como una reivindicación: la justicia estadounidense aceptó que la expropiación fue legal bajo el derecho argentino.
Entre los fundamentos clave, la Corte de Apelaciones de Nueva York sostuvo que los estatutos de YPF no generaban una obligación contractual directa del Estado hacia los accionistas minoritarios y que la Ley General de Expropiación prevalece sobre eventuales reclamos civiles.
Además, estableció que las demandas de daños en tribunales extranjeros no pueden interferir con un proceso expropiatorio soberano.
Milei sostuvo que el resultado implica una corrección respecto de lo actuado en la gestión de Kicillof. Sin embargo, el recorrido del expediente muestra que la defensa argentina no tuvo modificaciones estructurales.
En ese sentido, el fallo introduce una tensión con la narrativa oficial, ya que el argumento que prosperó en tribunales forma parte de la misma línea jurídica que el país sostuvo durante años.
La Corte también determinó que YPF no tenía responsabilidad en la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) ni de forzar al Estado a cumplirla.
Asimismo, rechazó la figura de “promissory estoppel”, al considerar que no constituye una fuente autónoma de obligación bajo el derecho argentino.
El especialista en litigios internacionales Sebastián Maril explicó en Ahora Play que el resultado responde a una estrategia legal sostenida en el tiempo.
Maril señaló que los argumentos que tomó la justicia no son nuevos ni fueron introducidos recientemente, sino que forman parte del esquema de defensa desde el inicio del litigio.
Los tribunales analizaron la estructura de la expropiación, el alcance de las obligaciones del Estado y la interpretación de los estatutos de la compañía. También ponderaron la coherencia en el tiempo de la posición argentina, un factor que jugó a favor.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, quien llevó el caso durante cuatro años, afirmó en Radio Con Vos: “El derecho argentino permitió hacer la expropiación de la forma en que se hizo y no había obligación de comprar las acciones minoritarias”.
También señaló que la defensa fue una “política de Estado” y advirtió que “si algún gobierno hubiera negociado y pagado miles de millones, hoy el resultado sería distinto”.
Maril subrayó que la estrategia legal “no ha cambiado con ningún gobierno” y que siempre se basó en “luchar hasta las últimas instancias”.
Además, descartó factores externos: “Esto no fue porque viajaron mucho a Estados Unidos ni por ayuda de la Casa Blanca”.
Desde el Gobierno señalaron que el escenario era el “menos probable”, con chances inferiores al 15%.
En cuanto a los próximos pasos, Soler indicó que Burford podría intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque consideró “muy improbable” que lo revise, dado que se trata de cuestiones de derecho argentino.
La propia Corte de Apelaciones sugirió que el litigio no debía haberse tratado en ese ámbito, al involucrar principalmente legislación local.
El fallo establece que, aun si el Estado hubiera incumplido compromisos estatutarios, la vía elegida por los demandantes —reclamar daños en tribunales estadounidenses— no es válida bajo el derecho argentino.
El tribunal indicó que los accionistas podían haber recurrido a otras instancias en la Argentina, pero no a una indemnización multimillonaria en el exterior.
La decisión consolida la posición histórica del país y redefine uno de los litigios más relevantes de las últimas décadas en materia de deuda y soberanía jurídica.
Tras conocerse la decisión, las acciones de YPF subieron, mientras que los papeles vinculados a Burford Capital —principal beneficiario del litigio— cayeron cerca de 45%, reflejando el impacto inmediato en los mercados.
El resultado despeja, además, incertidumbre sobre el futuro de la petrolera y sus proyectos de desarrollo.