Gerry Mato, un reconocido lobista, busca apoyo para un acuerdo extrajudicial. La estrategia de atacar en todos los frentes y el impacto en Vaca Muerta.
YPF: Burford Capital quiere negociar, pero Argentina resiste
Captura de redesEl fondo Burford Capital envió lobistas a Buenos Aires para instalar en el sector privado la necesidad de que el gobierno de Javier Milei se siente a negociar un acuerdo extrajudicial para saldar el fallo a su favor por u$s 16.000 millones por la expropiación de YPF, mientras abre distintos frentes legales para presionar al país.
Burford es el bufete de abogados de Christofer Bogart, especialista en comprar litigios y ejecutarlos hasta las últimas consecuencias. Cuenta a su favor con un fallo de primera instancia de la jueza de Nueva York Loretta Preska por u$s 8000 millones más intereses (que suman otro tanto) y con una decisión adicional, apelada, que obliga a Argentina a entregar el 51% de YPF en su poder como garantía de pago. Invirtió la módica suma de u$s 16 millones por un juicio que ya le reporta suculentos dividendos.
El bufete buitre contrató, hace un tiempo, a Gerry Mato como lobista. Mato es un argentino radicado en Wall Street desde hace décadas, con un dilatado paso por el banco HSBC, que ahora aprovecha sus amplios contactos para intermediar.
Suele ser el puente entre la comunidad de ejecutivos e inversores neoyorquinos y la política. En su casa de Greenwich Village recibió a Milei después de las PASO de 2023 para "presentarlo en sociedad".
Emisarios de Mato llegaron a Buenos Aires para instalar la necesidad de que Argentina llegue a un acuerdo extrajudicial. Con la sentencia de primera instancia por más de u$s 16.000 millones a su favor, trajeron un mensaje: el descuento que Burford está dispuesto a aceptar ahora se reduce con el paso del tiempo y la proliferación de fallos favorables que esperan en el futuro.
Eso dijeron en distintas reuniones con ejecutivos de grandes empresas y otros lobistas, según supo Letra P. Mato conoce a Toto Caputo y a otros integrantes del Gobierno, pero la Procuración del Tesoro ordenó no abrir ninguna instancia de negociación y los enviados del argentino radicado en Wall Street prefirieron no tocar timbres que pudieran incomodar a viejos amigos.
La orden de la Procuración hace sentido. El decreto 411 de 1980 obliga a los abogados del Estado a agotar todas las instancias. En caso de no hacerlo, eso debería obedecer a una decisión política.
Esta decisión es difícil de firmar, porque la Procuración y el estudio de abogados Sullivan & Cromwell -que siguen el caso más allá de los cambios de gobierno- consideran que hay argumentos para revertir el fallo.
Por un lado, porque Argentina no renunció a la inmunidad soberana -como sí lo hace, por ejemplo, al emitir deuda bajo legislación de Nueva York- y porque la ley local estipula pasos para expropiar que el Congreso cumplió.
En su fallo, Preska separó la expropiación de la falta de oferta a los accionistas minoritarios y entendió que, para estos, rige la ley comercial de Estados Unidos. En ese caso, Argentina considera que el monto de indemnización estuvo mal calculado.
Burford y Mato quieren instalar la idea de que Argentina perdió, que el fallo será ratificado -con costas crecientes- en instancias superiores y que al país le conviene un acuerdo ahora que no obstaculice inversiones en Vaca Muerta, por ejemplo, o un eventual regreso del país al mercado de deuda.
Ocurre que, si bien Preska excluyó a YPF del juicio, Burfod apeló para que la petrolera sea corresponsable por no haber hecho una Oferta Pública de Acciones (OPA) a los accionistas minoritarios cuando el Estado expropió el control de la compañía.
Un panel de la Corte de Apelaciones escuchará a las partes el 29 de octubre, tres días después de las elecciones. Ese día, Argentina fundamentará por qué cree que la sentencia de Preska viola la soberanía del país -que decidió una expropiación según un procedimiento constitucional- y por qué, además, cree que el monto de la indemnización, en todo caso, debería ser sustancialmente menor.
Según la posición argentina, la eventual oferta debería haberse hecho en pesos, al tipo de cambio de 2012. Preska convirtió los pesos a la cotización de 2023. Un fallo condenatorio de unos pocos cientos de millones de pesos se convirtió en el juicio más importante de la cartera de Burford en su historia.
Burford buscará argumentar que YPF también debe ser parte de la sentencia. Si lo logra, la petrolera que lidera la expansión de Vaca Muerta y el polo exportador de crudo y GNL quedará comprometida. Es lo que avisaron los emisarios de Mato a los socios de YPF en el oleoducto Vaca Muerta Sur y otros proyectos.
Según fuentes al tanto de estas conversaciones, los bancos que financiaron el proyecto demoraron el crédito para asesorarse legalmente sobre la posibilidad de que los activos de YPF queden comprometidos por la justicia estadounidense.
Para forzar la negociación, Burford va por todo. Además de buscar incorporar a YPF en la sentencia de culpabilidad, obtuvo el fallo de Preska que obliga a Argentina a poner las acciones de la petrolera como garantía de pago. Argumentó que el país nunca ofreció activos en garantía, a pesar del pedido de la magistrada.
Esta ejecución fue apelada por Argentina y la Corte de Apelaciones, en un tribunal distinto al que define el fondo de la cuestión, concedió la suspensión del fallo.
Este jueves 25 de septiembre, la defensa del país debe entregar sus argumentos contra la entrega de las acciones de YPF por escrito. Obtuvo un amicus curiae del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En paralelo, Burford busca un fallo de primera instancia que declare a instituciones y compañías estatales como alter ego del país. En la lista figuran el Banco Central, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y la misma YPF.
Este litigio busca agilizar la ejecución de una eventual sentencia a su favor con el embargo de bienes y cuentas de esas entidades. Pero no solo eso.
Para probar la figura del alter ego, Burford reclamó a Argentina entregar mails y mensajes de Whatsapp de funcionarios y exfuncionarios para demostrar vínculos entre, por ejemplo, el presidente del Banco Nación, el ministro de Economía y el presidente de la Nación. Adjuntaron, como prueba, un episodio reciente, en el que Caputo dijo haberle pedido al titular del BNA, Daniel Tillard, por pedido de Milei, que cierre una sucursal en Ramos Mejía por la tasa municipal que cobraba La Matanza.
"Hoy, el Presidente Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales”, tuiteó el ministro el último 8 de octubre del año pasado. "Ya he hablado con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quién será el encargado de llevar adelante esta medida", añadió.
"¿Si Preska fuerza al Gobierno a entregar esas conversaciones, qué puede aparecer ahí?", advirtieron cerca de Burford.
La presión en todos los frentes también involucra la búsqueda de fallos que homologuen la sentencia de Preska en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Chipre, para aislar internacionalmente la capacidad de operación de YPF si la petrolera avanza en su plan de convertirse en un jugador de peso en el mercado de GNL.
Los lobistas de Burford se preocupan de separar a los Eskenazi de la maniobra. Creen que es algo que pesa en el Círculo Rojo.
La historia que repiten es que Petersen España entró en quiebra y dejó deudas a bancos, que el juzgado de la quiebra vendió el juicio a Burfod por u$s 16 millones y que, a cambio cobrará una parte de la eventual sentencia, que servirá para pagarles a los acreedores. Pero que los Eskenazi no verán un peso.