Los sindicatos ya apuntan al gobernador que se arriesga a un inicio de año complicado. Los frentes abiertos y el temor por el inicio de las clases.
Weretilneck va a tener un 2026 complicado con los gremios provinciales.
El vínculo entre el gobierno de Alberto Weretilneck y los principales gremios estatales de Río Negro atraviesa un momento algido. Los trabajadores reunidos en ATE, UPCN, Unter (docentes) y Asspur (salud) advierten que no tolerarán en el 2026 salarios por debajo de la línea de pobreza en un contexto en el que el mandatario ya pateó las paritarias a enero.
La relación del gobernador con los trabajadores públicos de la provincia no tiene una lógica de fácil entendimiento. Por un lado dice que los salarios se van a recomponer mediante la recaudación, a la vez que denuncia que Río Negro perdió unos 10 mil millones de pesos mensuales desde la coparticipación. En el Presupuesto 2026 que se votó recientemente en la Legislatura, contempla un ingreso de entre 1300 y 3500 nuevos empleados públicos y sólo un 11% de incremento a las partidas salariales para el año que viene, por lo que ya se prevé un año conflictivo para los sindicatos que nuclean a los trabajadores públicos estatales por incrementos salariales.
Durante años, Weretilneck se jactó de administrar una de las provincias con mejores salarios del sector público a nivel nacional. Sin embargo, esa narrativa quedó desfasada frente a una realidad que los sindicatos describen como "crítica". Hoy, una porción mayoritaria de los empleados estatales rionegrinos percibe ingresos por debajo de la canasta básica, que ya supera los 1,27 millones de pesos, y las últimas negociaciones paritarias no lograron revertir esa caída.
La respuesta oficial ante el deterioro salarial fue un bono remunerativo escalonado, de 100.000, 150.000 y 200.000 pesos según categoría, pagado en dos cuotas, una en octubre y otra en noviembre. Para los gremios, se trató de un paliativo insuficiente, fragmentado y sin impacto real en el poder adquisitivo. A eso se sumó una promesa incumplida de que las paritarias de diciembre nunca se concretaron y el Ejecutivo decidió trasladar la discusión a enero.
UPCN fue uno de los sindicatos más duros entre los que nuclean a los estatales rionegrinos. En una reunión de mesa directiva realizada el 19 de diciembre, cuestionó que el gobierno priorice la obra pública por sobre la recomposición salarial. “Es inadmisible que se priorice el cemento por sobre la dignidad de los trabajadores”, sintetizaron.
El gremio denunció que las obras se financian, en los hechos, con un “subsidio indirecto” proveniente del salario estatal, que funciona como variable de ajuste para equilibrar las cuentas. También apuntó contra el pago del aguinaldo calculado sobre la base salarial de septiembre, al que calificó como un “bono encubierto” que licúa ingresos.
UPCN advirtió, además, sobre la intención oficial de mantener congelados los salarios durante el verano, sin aumentos hasta marzo, lo que condenaría a miles de familias estatales a atravesar el inicio del año en un "escenario de empobrecimiento". En ese marco, reclamó transparencia en el manejo de los recursos y cuestionó gastos millonarios, como la contratación de consultores externos, mientras los trabajadores no llegan a fin de mes.
ATE Río Negro llevó el conflicto a un plano de mayor confrontación tras un encuentro provincial en General Roca, que contó con la presencia de más de 200 dirigentes y 24 secretarios generales. Allí, el sindicato lanzó una advertencia directa y avisó que “los estatales rionegrinos la están pasando muy mal”.
La conducción definió el estado de alerta y asamblea permanente y exigió la convocatoria inmediata a paritarias. Según ATE, diciembre expone una “rebaja salarial sin precedentes”, con ingresos que oscilan entre 100.000 y 200.000 pesos según categoría, lo que empuja a más del 70% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.
Además, denunció un congelamiento salarial “ilegal”, el avance del pluriempleo como mecanismo de supervivencia y una precarización estructural que alcanza a más de 2.500 trabajadores contratados sin estabilidad. A eso sumó reclamos por el pase a planta permanente, el deterioro de las prestaciones del Estado y denuncias de persecución sindical.
Con nueva conducción, UnTER reclamó formalmente la convocatoria urgente a paritarias y advirtió que la educación pública atraviesa una situación crítica. El sindicato exigió una recomposición salarial real, el fin de las auditorías privadas, mejoras en infraestructura, el rechazo al cierre de cargos y la regularización del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).
Aunque reafirmó su voluntad de garantizar el inicio del ciclo lectivo, el gremio dejó en claro que sin respuestas concretas el conflicto seguirá abierto y con alta capacidad de impacto político y social. El escenario marcado por la conflictividad pone en juego nada más y nada menos que el inicio de clases.
La nueva conducción encabezada por Laura Ortiz que asumió como nueva secretaria luego de las últimas elecciones, es más combativa que la última y cuestionó la decisión de Weretilneck con que “el gobernador manifestó que está abierto al diálogo, pero convocará recién el año que viene". "Las semanas próximas haremos en Viedma la presentación en Trabajo para que nos convoque. El gobernador no tiene la intención de sentarse para dialogar con nosotros, y es por eso que estaremos en las calles", afirmó.
En salud, Asspur planteó uno de los reclamos más sensibles para el gobierno. El gremio exigió la inmediata convocatoria a la Mesa Sectorial y alertó sobre un “deterioro alarmante” del poder adquisitivo del personal sanitario. También reclamó el pago en tiempo y forma de las guardias festivas, el ingreso urgente de personal y advirtió que la falta de recursos humanos pone en riesgo la atención y la seguridad de los pacientes.
“El sistema no puede seguir funcionando a costa del sacrificio extremo de sus trabajadores”, señalaron, marcando un límite político a la estrategia oficial.
Recientemente ocurrió un hecho que en la ciudad de Viedma, todos los enfermeros del Hospital Zatti habían presentado la renuncia, cuestión que se retrotrajo cuando el gobierno a través del Ministerio de Salud sumaron pagos adicionales de guardias hospitalarias.