Imagen generada con inteligencia artificial.
Más allá de las resistencias sociales, sindicales, políticas y –al menos de entrada– legislativas que llevaron a Javier Milei a priorizar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso y a dejar para febrero el espinoso asunto de la reforma laboral, esa movida fue fruto de decisiones de gestión constitutivas de su modelo: el primero establece una "regla de hierro" de superávit fiscal que el segundo pondría en crisis.
Así, desdoblar esas discusiones frustró el blitzkrieg parlamentario imaginado inicialmente por la extrema derecha, pero sirve para ocultar ya no el ajuste explicitado en la "ley de leyes", sino uno más profundo y acaso más severo. Ajuste sobre ajuste y, encima, invisible.
Todo parte de la regla fiscal escrita en piedra, de las fantasiosas proyecciones del Presupuesto y de las imposiciones de la reforma decimonónica que se pretende introducir en el mercado de trabajo, que serviría más para cristalizar una distribución regresiva del ingreso que, como reconocen sus propios redactores cuando se ponen serios, para crear empleo formal.
"El Presupuesto que se presenta refuerza nuevamente el compromiso inclaudicable del Gobierno nacional con el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación", dijo el mensaje de remisión de la "ley de leyes" al Congreso.
Esta señala en su artículo uno que "el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del ejercicio fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario".
De ese modo, si algo hiciera que los ingresos tributarios fueran menores o los gastos mayores que los proyectados, el Poder Ejecutivo estaría obligado a recortar gastos de manera automática para asegurar dichas metas. Como contrapartida, un eventual sobrante, según se ha anunciado, debería destinarse a una reducción de impuestos o a cancelaciones de deuda pública.
Cabe recordar que, como refuerzo, el Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de ley que establece penas de prisión para los funcionarios, legisladores y directores del Banco Central que tomen medidas que lleven a un desequilibrio de las cuentas públicas. Ojalá que a Milei no le toque gobernar en una pandemia, una gran crisis externa u otro tipo de desastre.
Todos los presupuestos –cuando los hay, lo que no siempre sucede en la Argentina– contienen supuestos improbables y el primero de Milei no es la excepción. La inflación que prevé para el año es de 10,1% –ese decimal es poesía dadaísta–, el crecimiento llegaría al 5% y el dólar mayorista valdría en diciembre del año próximo 1423 pesos, menos que el actual de 1450. En tanto, las consultoras encuestadas por el Banco Central para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaron en noviembre –último informe divulgado– un IPC de casi el doble –19,6%–, un incremento del producto bruto interno (PBI) de 3,4% y un tipo de cambio a un año de 1720 pesos.
En tanto, el superávit primario –antes del pago de deuda– deberá ser de 1,2% del PBI y el financiero –después de haber honrado esos compromisos–, de 0,3%. Esto, como se dijo, es lo único que debería plasmarse en la realidad.
Más allá de su prolijidad regresiva –todo para el capital, nada para los trabajadores–, la reforma laboral tiene un grueso y controvertido costado fiscal.
La misma establece que la contribución patronal del 3% sobre los salarios deje de destinarse a la ANSES y pase a engrosar un fondo de garantía para el pago de indemnizaciones por despido, lo que desfinanciaría a la seguridad en 3500 millones de dólares por año. Asimismo, elimina algunos impuestos internos y, sobre todo, reduce del impuesto a las Ganancias –el más progresivo– para las grandes empresas que hoy pagan las alícuotas máximas: la del 35% pasaría a 31,5%, y la de 30% a 27%. Hood Robin. Todo eso supondría una pérdida de ingresos tributarios que consultoras privadas cifran en 0,8% del PBI, esto es dos terceras partes del superávit fiscal primario previsto para el año próximo.
Lo crucial es que semejante rojo no está desglosado en el Presupuesto que acaba de ser sancionado por el Congreso, que nació viejo. De hecho, se supone que el desequilibrio sería compensado por la mayor recaudación que generaría el crecimiento de la economía y el avance en la formalización del trabajo que –dicen sin creerlo– motivaría la reforma.
Por otro lado hay que recordar que el oficialismo fracasó en derogar, junto con la aprobación del Presupuesto, las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad –gastos por otro 0,5% del PBI–, las que no puede seguir incumpliendo si no quiere tener dolores de cabeza judiciales. Habrá recortes compensatorios, aseveró el Presidente sin dar precisiones.
A todo eso se suma uno de los aspectos más discutidos, incluso por la ortodoxia, de los números fiscales de Milei y Caputo: el gasto oculto.
El economista Christian Buteler señaló en un interesante artículo que "el dato que más inquieta a los analistas de deuda es la contabilidad de los intereses. Si bien los intereses pagados cayeron un 22% real, esta cifra es parcialmente engañosa. La proliferación de intereses capitalizados –que se computan bajo el criterio de devengado pero no de percibido– crea un iceberg de deuda que no figura en el resultado financiero de caja, pero que engrosa el stock de capital de cara a los vencimientos de 2026 y 2027. Para el ojo entrenado, el superávit financiero actual es, en parte, una postergación de obligaciones futuras".
¿A cuánto asciende ese iceberg? Según consultoras privadas, al menos a 1,2% del PBI en 2026 y a 1,4% más en 2027. Esto obligaría a elevar el superávit primario de los próximos años a 3% del PBI, un ajustazo enorme y adicional al ya concretado, dicen analistas.
Como se señaló, los especialistas difieren bastante en lo que se refiere a la proyección de crecimiento del Gobierno: 3,4% para los primeros contra 5% para el segundo. Eso significa que el pasivo presupuestario que generaría la reforma laboral no sería cubierto por ese lado, sino todo lo contrario.
Del crecimiento del empleo formal no vale la pena ni hablar, dado que la reforma, mirada en serio, no lo generará y que, aparte, no es un rasgo constitutivo de la mileinomía. Es más, de acuerdo con datos oficiales, la informalidad laboral pasó de 42,6% al 43,3% entre el tercer trimestre de 2024 y el de este año.
De ese modo, si la reforma laboral aún en debate parlamentario se comería buena parte del excedente presupuestario buscado, si la actividad no incrementaría la recaudación y si el propio proyecto no elevaría la percepción de gravámenes laborales, ¿cómo equilibraría Toto Caputo los números en línea con lo que le demanda el Presupuesto?
Se viene el ajuste invisible.
En teoría, algo ayudaría la subestimación de la inflación. Un nivel de precios superior al proyectado generaría un aumento nominal de la recaudación de impuestos como el IVA y otros, y, en paralelo, un atraso de ciertos gastos públicos.
Sin embargo, ese efecto se vería limitado por la propia moderación del IPC y por una estructura del gasto que tiene a las jubilaciones y pensiones como su principal ítem, cerca de la mitad del total. La indexación de los haberes respecto de la inflación pasada establecida por la regla de movilidad impide meter otra vez las jubilaciones en la licuadora, y de hecho el Gobierno se limita a hacer "pelito para la vieja" con la erosión provocada por la megadevaluación de diciembre de 2023.
Como con eso no alcanzaría, los gobernadores que sumaron votos en el Senado para la aprobación del Presupuesto 2026 –aun a sabiendas de que eso implicaba la renuncia del Estado nacional a sumar esfuerzos en el financiamiento de la educación y del complejo de ciencia y técnica– deberían esperar nuevos recortes de las transferencias a sus provincias.
Asimismo, cabe imaginar actualizaciones salariales en el Estado otra vez lesivas para los trabajadores.
¿Hay que esperar nubarrones políticos para 2026? Ese escenario no puede descartarse, toda vez que el modelo paleolibertario se ceba sin tapujos con los asalariados activos y pasivos, y que la paciencia social no es infinita.
La solución para el Gobierno sería un regreso al mercado voluntario de deuda, lo que le permitiría refinanciar vencimientos, patear para un futuro más lejano los intereses capitalizables que hoy esconde bajo la alfombra de su contabilidad creativa y, en un extremo, sumar deuda nueva para cubrir el agujero que dejaría la angurrienta reforma laboral.
Un problema es que el hoyo real es grande, y que tomar deuda también implica ajuste, aunque se trate de uno a futuro. El Milei candidato, que denunciaba la irresponsabilidad de Toto Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, deploraba el endeudamiento como una condena a los argentinos aún no nacidos.
Un segundo escollo es que el propio ministro de Economía parece haber renunciado a un regreso veloz al mercado internacional, lo que hace que esté cortando clavos para terminar de juntar los 4300 millones de dólares que el Tesoro debe pagar el 9 de enero.
Es por todo eso que sugirió que ahora sí el Banco Central acumulará reservas y que anunció una actualización mensual del tope del tipo de cambio ya no al 1% pactado en abril con el FMI, sino en función de la inflación. ¿Cumplirá en comprar dólares o sólo buscó un golpe de efecto que le permita bajar el riesgo país a un nivel inferior a los 500 puntos básicos y, de ese modo, reabrir el mercado?
También es por lo mencionado que Caputo dijo –¡justo él!– que es necesario "reducir la dependencia de Wall Street" y ampliar el mercado local de capitales, objetivo al que serviría, como ocurrió con las AFJP de los años 1990, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el que desfinanciaría a la seguridad social en base al mencionado desvío del 3% de las contribuciones patronales.
¿Que pasaría con el humor social si el ajuste se siguiera mordiendo la cola, tal como ya empieza a ocurrir debido a la debilidad de la recaudación de los impuestos al consumo?
¿Qué, con la popularidad del Presidente si, encima, quedara en evidencia el carácter abusivo de sus reformas en caso de tener que ajustar todavía más?
¿Qué, con la reacción del mercado y con el futuro del dólar si el plan económico comenzara a deteriorar la única ancla real que le queda, el superávit fiscal?
Gobernar es dormir a la intemperie con una manta corta.
Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.