En poco más de un mes, Rodrigo Buteler y su par de Bariloche, Walter Cortés, impulsaron la regularización de la app en sus ciudades. El factor Neuquén.
El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad el uso de las aplicaciones de transporte y convirtió a la ciudad en la primera del Alto Valle de Río Negro en darle un marco normativo a una actividad que ya funcionaba de hecho. La decisión ordena un escenario de informalidad creciente y expone un consenso político en torno a la regulación.
Impulsada por el Ejecutivo municipal a partir de un proyecto del intendente Rodrigo Buteler, la ordenanza modifica el Código de Transporte, fija requisitos técnicos y legales para conductores, vehículos y plataformas, y crea un registro obligatorio para operar en la ciudad. Incluso el sector de taxis, que durante meses protestó contra las apps, terminó aceptando la regulación y prepara ahora una contrapropuesta para ajustar la reglamentación y evitar competir en desventaja.
Legalizar el uso de las aplicaciones era “una necesidad y un pedido de los usuarios” del servicio de transporte en general, le dijo a Letra P el intendente Buteler, de Juntos Somos Río Negro. Una postura similar a la que sostienen dirigentes del peronismo local, hoy en una oposición carente de espacios institucionales. Los taxistas y los gremios, con algunos matices que dan cuenta de la comprensión del mapa general, mantienen la guardia alta. La discusión se extiende ya desde el año pasado a lo largo de toda la región.
Como en Bariloche, que habilitó el sistema a partir de un decreto del intendente Walter Cortés, las aplicaciones ya funcionaban pero de manera irregular. “Nos pareció que lo mejor, más que combatirlo, era habilitarlo”, dijo el jefe comunal, que explicó que la ordenanza es parte “de la modernización de la ciudad”. Otro facto que Buteler destaca tiene que ver con la habilitación del sistema en la Ciudad de Neuquén, en junio. “Es un monstruo que está al lado nuestro”, dijo destacando una continuidad urbana en la que los habitantes transitan de un lugar al otro.
A lo largo del debate que se dio durante los últimos meses los taxistas realizaron protestas, caravanas y bocinazos frente al concejo para exigir la prohibición de las apps, aunque con el paso del tiempo aceptaron la sanción de una regulación que estableciera ciertas restricciones y generara condiciones de igualdad en ellos y los choferes de las aplicaciones.
En algún momento “se dieron cuenta que pelear contra eso era imposible” y su existencia irregular generaba “competencia desleal”, subrayó el intendente, y aclaró que habrá que ver cómo funciona la flamante normativa en los hechos. “Habrá que ir ajustando cosas que pedirán los taxistas, pero creo que ahora la situación está pareja”, sostuvo.
De las ruidosas manifestaciones iniciales en reclamo de la prohibición, los taxistas pasaron a aceptar que las apps ya estaban instaladas entre los cipoleños y bregaron para que la normativa fuera exigente con los nuevos jugadores. Además, con el objetivo de igualar precios, exigieron frenar el segundo de los dos aumentos semestales fijos en las tarifas de taxi previstos por ordenanza, que el municipio debía actualizar a comienzos de noviembre.
“Discutieron el proyecto sin convocarnos”, cuestionó Ana Bidegain, conductora de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines, quien asumió que su posición inicial no tuvo respaldo por parte de los funcionarios.
Según la dirigente, el gobierno municipal les aseguró que la legalización les iba a brindar herramientas para fiscalizar y penalizar a quienes trabajaran sin licencia, y que los choferes de Uber tendrían que someterse a las mismas condiciones que los taxistas, algo que, según dijo, no queda garantizado en la flamante ordenanza.
Por eso, durante el receso de verano del concejo, el sector planea presentar una propuesta que ajuste en la reglamentación, exigiendo que las empresas constituyan domicilio en Cipolletti, que no se avalen las prórrogas solicitadas por los choferes de Uber para obtener las licencias profesionales y que se restablezca el “minuto de espera”, un ítem por el que pelearon mucho y fue eliminado de la normativa.
El proyecto fue aprobado por los seis concejales de los dos bloques que conforman el legislativo local: Juntos Somos Río Negro, el armado del gobernador Alberto Weretilneck, y Cambia Cipolletti, la fuerza que responde al exintendente y actual diputado nacional Aníbal Tortoriello.
En el peronismo cipoleño, fuera del poder institucional desde hace años, coinciden en que regular la actividad era necesario. Principalmente por las carencias del transporte público en esa zona del Alto Valle Oeste. “Venimos teniendo un servicio que por los barrios pasa tres veces por día. Por eso sirve el Uber, aunque no es lo ideal”, señaló una dirigente consultada por este medio.
Desde el espacio observaron un “aumento de la informalidad en las nuevas unidades que prestaban el servicio” como parte de una creciente economía que definen pauperizada y que para muchos trabajadores significa un segundo o tercer trabajo extra. No es lo ideal, reconocen, pero “suma para mantener a la familia”.
Según evalúan, los taxistas tenían la necesidad de no competir en condiciones de desventaja contra un jugador no regulado, mientras que los choferes de Uber necesitaban garantías para poder trabajar. Además de aportar seguridad a los pasajeros.
La ordenanza le exige a las plataformas inscribirse formalmente ante el municipio, constituir domicilio comercial en la ciudad y abonar la tasa de explotación establecida en la ordenanza tarifaria.
A los choferes les obliga a inscribirse ante el municipio como conductores habilitados, presentar certificados de antecedentes penales y policiales, y acreditar no estar incluidos en registros de deudores alimentarios ni en registros de violencia familiar o de género. Además, permite hasta cuatro conductores asociados por vehículo, con una habilitación a renovarse cada dos años.
Los vehículos, en tanto, pueden tener una antigüedad máxima de siete años, deben estar radicados en Río Negro, realizar la revisación técnica obligatoria cada seis meses y contar con un seguro de responsabilidad civil hacia terceros y pasajeros.
La suma de exigencias para llevar adelante la actividad generó críticas entre choferes de aplicaciones, que reclamaron un tiempo de gracias para adecuarse a los requisitos. Algunos acusaron a los concejales de favorecer a los taxistas y alertaron sobre una vuelta a la informalidad.
La legalización de Uber en las ciudades de la Patagonia no está exenta de tensiones, como quedó demostrado en Neuquén y en Bariloche. Ahora, Cipolletti logró un acuerdo clave aunque que terminará de probarse con la reglamentación y la contrapropuesta: si las exigencias resultan inviables para los nuevos jugadores o insuficientes para los taxistas, el conflicto que el concejo buscó encauzar podría reabrirse.