La magistrada del Superior Tribunal no tiene aliados en el Poder Judicial. El gobierno provincial no mueve un dedo. Negociaciones febriles.
Susana Medina, vocal del STJ de Entre Ríos, enfrenta un juicio político en la provincia.
La suerte de Susana Medina comenzará a definirse esta semana. La jueza del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) presentará esta semana su descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y, según anticipan sus allegados, se prepara para dar una pelea en distintos frentes.
La comisión que preside Gabriela Lena (Juntos), con mayoría del oficialismo, abrió a pruebas las denuncias por mal desempeño y le corrió vista a Medina para que efectúe su descargo. Se le atribuye haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, equivalentes a tres años judiciales completos, provocando un retraso en la tramitación de causas.
Al mismo tiempo, se la cuestiona por haber aceptado o gestionado “contribuciones” a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) por el Banco de Entre Ríos SA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero.
Previo a la reunión donde se dispuso la apertura a prueba de las denuncias, Medina hizo una presentación espontánea ante la Comisión de Juicio Político en la que negó los hechos. Dijo que las licencias fueron “autorizadas, registradas y aprobadas” por el STJ y que tiene su despacho al día. En resumen, sostuvo que “no puede haber mal desempeño cuando no existe daño, no existe atraso, no existe perjuicio y no existe incumplimiento”.
Tras la reunión, la comisión emplazó a la jueza para que haga un descargo. Puede hacerlo personalmente o a través de un apoderado. Allegados a la magistrada dejaron trascender que trazará una estrategia de defensa en distintos planos.
Desde el punto de vista técnico, los abogados Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo están trabajando en la contestación de las denuncias. Con ellos también lo hace el constitucionalista Diego Armesto, docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y otras instituciones e integrante del Instituto de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Armesto asesora a la jueza desde hace unos meses, cuando empezó a presentir que le caerían las denuncias, y asumirá su defensa en los medios.
Medina no habla de lawfare, pero está convencida de que previo a las denuncias se orquestó una operación de desgaste y descrédito hacia su figura en la opinión pública para generarle algún tipo de condicionamiento. Armesto dijo abiertamente que la magistrada era víctima de un “linchamiento mediático, que busca llevar adelante una presión sobre la jueza para afectar la libertad e independencia”.
Medina tiene a su cargo una tercera vía en la estrategia defensiva: gestiona apoyos y adhesiones de figuras de relevancia institucional y política que ya fueron llegando a la Comisión de Juicio Político. Se destacan, entre varias, notas remitidas por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la jurista Aída Kemelmajer, que sonó en innumerables ocasiones para llegar a la Corte Suprema; y otra con la firma de Úrsula Basset, la directora de Derechos Humanos de la Cancillería y abogada de extrema confianza de Karina Milei.
Curiosamente, o no, nadie de la justicia entrerriana levantó la voz para defender a la jueza. No es un secreto que no es una figura que coseche simpatías en los tribunales y algunos ya se relamen con la vacante que pueda generar su salida, si se concretara.
La situación es seguida con atención a ambos lados de Plaza Mansilla, esa suerte de pasillo invisible en Paraná que conecta la Casa Gris con el edificio de los tribunales provinciales. Hay quienes temen que la jueza encare una enjundiosa autodefensa que convierta el proceso de juicio político en un circo romano.
En la única reunión que tuvo hasta ahora, la Comisión de Juicio Político abrió una puerta que encendió alarmas también en el STJ: solicitó informes a distintas áreas de tribunales sobre las ausencias de Medina y sus estadísticas personales, pero también un desagregado de los tiempos que le insumió a cada vocal arribar a una sentencia. La Sala del Trabajo también está integrada por Laura Soage y Germán Carlomagno, recientemente electo para presidir el alto cuerpo a partir de 2026. Eso abre interrogantes.
El sistema de enjuiciamiento político en Entre Ríos pone la pelota en manos del oficialismo para decidir la suerte de un magistrado. Tiene mayoría en la comisión y en la Cámara de Diputados, pero requiere de acuerdos para llegar a los dos tercios que se necesitan para formular una acusación y, eventualmente, suspender a Medina.
Por estas horas, la jueza está enfocada en su defensa. En limpiar su imagen. Por lo bajo, sin embargo, no descarta una opción que ya tomaron otros magistrados en su lugar: acogerse a la jubilación –tiene la edad, pero no inició ningún trámite ante la Caja de Jubilaciones– y renunciar, algo que, sin dudas, evitaría el escándalo que promete bajo cuerda. Sería celebrado por el Poder Judicial, pero también por el Gobierno, que podría imponer otro nombre propio en el Superior Tribunal de Justicia.