Santa Rosa se suma a los casos de Neuquén y Río Negro. Disputa institucional y judicial. Multas, mano dura, batalla cultural y guerra de pobres contra pobres.
Como en toda la Patagonia, taxistas de La Pampa se plantaron desde el año pasado con movilizaciones y denuncias contra el desembarco de Uber. Al principios sintieron acompañamiento de los gobiernos. FOTO: www.radiokermes.com
En La Pampa, el desembarco a la fuerza que logró la multinacional Uber tiene complicados a los gobiernos locales y provoca conflictos con los gremios. La situación pampeana no es ajena a una discusión regional por la que ya pasaron otros distritos del país. Ahora, las apps de transporte generan diferentes tipos de tensiones en todas las provincias de la Patagonia.
En La Pampa, los gremios ahora confrontan también con las empresas y exigen un cambio de estrategia, para pasar de los controles con mano dura a una regulación que obligue a las apps a jugar más limpio. La llegada de Uber encontró obstáculos en el gobierno provincial de Sergio Ziliotto y en la gestión que el intendente Luciano di Nápoli encabeza en Santa Rosa, pero aún así la aplicación de transporte se las rebusca para meterse en el mercado.
El funcionamiento de los coches de Uber en La Pampa está considerado ilegal y la intervención de la provincia y de la municipalidad derivó en persecuciones judiciales, multas altísimas y secuestros de vehículos, aunque el control se vuelve imposible cuando la tendencia cultural va en otra dirección.
Mientras, Chubut ya vivió una picante discusión legislativa al respecto y en Río Negro y Neuquén es motivo de disputa política entre distintos espacios.
Como salida novedosa, en La Pampa, el Sindicato de Peones de Taxis presentó un borrador legislativo para regular las plataformas electrónicas de despachos de viaje donde se fijen requisitos que en la práctica elevarían las tarifas de las apps. "Si no reaccionamos vamos a desaparecer", dice a Letra P el secretario general del Sindicato de Pones de Taxis, José María Bocalatte, que mete presión a los gobiernos y a las empresas.
Los gobiernos de Ziliotto y Di Nápoli, enfrentados por la conducción del PJ de La Pampa, estuvieron de acuerdo en este tema como en tantos otros de gestión. Decidieron resistir el desembarco de la multinacional, tal como lo intentaron con la app de delivery Pedidos Ya.
Esa mano dura encontró un par de límites. El control se hizo cuesta arriba y también suena imposible ir contra la respuesta de la comunidad, que cada día elige de modo más sistemático los Uber.
Sucede, además, que mientras la ciudadanía encuentra en las aplicaciones una forma de ahorrarse un peso en un tiempo de crisis, las empresas de taxis y los trabajadores del sector patalean porque se derrumba la recaudación.
La oposición no le sacó provecho todavía a esos conflictos, porque está envuelta en la incertidumbre respecto de qué posición tomar. La Libertad Avanza ni aparece en las discusiones porque no tiene ninguna representación institucional y su dirigencia está más preocupada por las rencillas internas que por otra cosa.
En Santa Rosa, una ordenanza reglamenta el funcionamiento de taxis y remises. Uber no está regulado. Por eso la comuna secuestró algunos vehículos en operativos específicos.
Sin embargo, ante la consulta de Letra P, la secretaria de Gobierno de la ciudad, Carmina Besga, admite la dificultad de los controles. La licencia formal viene con una serie de requisitos como el tipo de auto, modelo, seguro, personal registrado, tarifa diurna/nocturna, pero la normativa no dice nada de las aplicaciones. Es decir, los choferes de Uber están en un “mundo aparte”.
En julio del año pasado la comuna explicó que no habilitaría el funcionamiento de Uber en la capital pampeana. Advirtió que en casos concretos se aplicarían multas superiores a los $2 millones. El juez de Faltas César Ortiz hizo entonces una severa aparición pública y cayeron dos conductoras de Uber, Virginia Mónica y María de los Angeles Carra Sandoval, denunciadas por la Cámara de Propietarios de Taxis y Radiotaxis de La Pampa (Catarata) y el Sindicato de Peones de Taxis (Sipetax).
Las defendió el estudio Aguerrido Abogados, que lidera José Mario Aguerrido, quien ya confesó sus aspiraciones de ser candidato a diputado nacional por el PRO. En otro caso hasta intervino el Superior Tribunal de Justicia de la provincia: bancó la posición municipal y rechazó el recurso de un conductor multado, Adrián Stisin.
El Sindicato de Peones de Taxi propone ahora salir de la lógica de las inspecciones para aplicar una regulación de las plataformas electrónicas. Ya hubo encuentros con el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, con la expectativa de obligar a quienes trabajen para Uber a que tramiten carnets profesionales, tengan seguro y paguen monotributo e Ingresos Brutos.
Con todo, la realidad de cada día muestra que Uber es más económico, que funciona en todo el mundo con diferentes nombres y que buena parte de la población lo prefiere. A la dirigencia política se le hace difícil ir contra ese rumbo. Tampoco las cámaras de propietarios y los gremios no se amoldaron del todo a los cambios tecnológicos, aunque tampoco impulsaron amparos judiciales para poner un freno, pese a que sí protagonizaron una importante movilización.
La gota que rebasó el vaso entre trabajadores y propietarios de taxis fue el lanzamiento de Uber Taxi en Santa Rosa, que los representantes de la empresa decidieron anunciar el 7 de mayo, Día del Taxista. El servicio habilita la posibilidad de que taxis tradicionales también se sumen a la vez a su sistema, como sucede en las ciudades del país en las que la app está habilitada.
A partir de ese tipo de movimientos, la multinacional se mete a la fuerza en el mercado e incluso conquista a los taxistas. En la ola de mano dura se les aplicaron sanciones y hubo una severa bajada de línea para que quienes manejan taxis no se atrevan a sumarse al Mundo Uber. Se dio difusión al caso de un taxista suspendido durante un año y al de otro inhabilitado por tres meses.
José Bocalatte, secretario general del Sindicato de peones de Taxi, dice que en la práctica “se liberó el servicio” y que en Santa Rosa hay cerca de 100 vehículos trabajando para Uber. Respecto de los controles, apunta: "Todavía no tenemos la ayuda que el municipio había prometido”.
También señala a las empresas de taxis tradicionales: "se tienen que modernizar, no se puede seguir a radiollamados, el mundo ha cambiado. Tienen que traer nueva tecnología". Reclama además que las actualizaciones tarifarias se hagan "de manera más dinámica".
Ernesto Forastiero, de la Cámara de Propietarios de Taxis, apunta: “Ponemos plata del bolsillo nuestro para combatir algo ilegal. Es tremendo, insostenible”. Recordó que en la gobernación de Carlos Verna (2015-2019) directamente se impidió el desembarco de Uber en La Pampa.
El secretario de Trabajo de la provincia, Marcelo Pedehontaá, ziliottista de la primera hora, advierte a Letra P que la situación es la misma que con Pedidos Ya, y que se hace una intervención por “trabajo no registrado” que se complica cuando el conductor demuestra que es propietario del auto.
La provincia advierte también sobre cuestiones vinculadas a la Seguridad. Diego Algañaraz, de la empresa Radio Taxi Centro, alude a ese costado. "Vos te estás subiendo a un coche sin un seguro de pasajeros, con un chofer que no tiene un carnet profesional, ni estudios médicos y ni hablar del tema del monotributo y demás", enumera.
A la vez, Uber golpea el bolsillo de taxistas propietarios y trabajadores. Para Algañaraz, Uber es sinónimo de "precarizar el trabajo que ya venía cayendo desde antes y ahora se profundizó". "Estamos con los costos justos, al límite, se están perdiendo puestos de trabajo, se han devuelto muchas licencias, se resintió sobre todo en el turno noche", asegura.